María del Carmen Alba Moreno, Yunier Jorge Feito Alba y Giselle Jordán Fernández*
Resumen/Abstract VER
Arriba: Promulgación de la Constitución de 1812. Salvador Viniegra. Museo de las Cortes de Cádiz
Una reflexión inicial
Durante el último cuarto del siglo XVIII España asistió a los primeros síntomas de crisis del Antiguo Régimen. La política reformista del “despotismo ilustrado” de Carlos III y en menor medida, de Carlos IV, resultó insuficiente para hacer frente a la presión que significaron dos fenómenos que representaron la coyuntura alcista del momento. Fueron estos el crecimiento demográfico y el alza de los precios agrícolas.[1] Las características feudales de la propiedad de la tierra entonces, limitaban el abastecimiento de una población en crecimiento, en tanto las frecuentes crisis de subsistencia se hacían sentir de forma más dramática en el sector agrario, a la vez que ponían en evidencia la necesidad de transformaciones en las estructuras de propiedad.[2] De forma que las tensiones entre los señores feudales y los campesinos sin tierras condujeron a las propuestas e implementación de las reformas de los ilustrados y a las primeras medidas conducentes al inicio del proceso de desamortización de las tierras.[3] Ello provocó la reacción de los sectores privilegiados de aquella sociedad estamental o si se quiere, de las élites tradicionales de poder, las cuales constituían el soporte fundamental de la monarquía absoluta.
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