Arriba: Vicepresidente Richard Nixon (izquierda) y Fulgencio Batista (derecha)
Con estos recursos, Batista, en su condición de jefe del ejército, fue el encargado de reprimir en forma brutal a las fuerzas revolucionarias, el movimiento obrero y los brotes oposicionistas procedentes de sectores burgueses y pequeños burgueses. Para facilitar estas operaciones, fueron creados tribunales de urgencia –que en procesos sumarios podían emitir condenas por simples presunciones-, establecida la pena de muerte para los que sabotearan la cosecha azucarera, abolida la autonomía universitaria, restringidos los derechos ciudadanos y suspendidas las garantías constitucionales. Esta atmósfera represiva alcanzó su punto más alto con el salvaje aplastamiento de la huelga general de principios de marzo de 1935, que obligó a muchos de los involucrados a huir al exterior, así como el asesinato de Guiteras en El Morrillo el 8 de mayo de ese mismo año. Estos sucesos son considerados por los historiadores el fin de la revolución de treinta.
Poco después de estos sangrientos acontecimientos, se logró el llamado pacto institucional, entre las fuerzas más derechistas del país, para realizar unas elecciones que crearan la sensación de normalidad nacional y que se efectuaron en enero de 1936. En estos comicios, de escasa representatividad, se impuso el liberal Miguel Mariano Gómez, que era el candidato de Estados Unidos y el ejército. Sin embargo, el flamante mandatario, que ocupó su cargo el 20 de mayo de 1936, sólo pudo estar en el gobierno hasta fines de ese mismo año, pues entró en abierta pugna con el coronel Batista por el uso de recursos estatales.
El jefe del ejército había logrado que quedaran bajo su control una serie de entidades estatales –Escuelas Rurales Cívico-Militares, Servicio Técnico de Salubridad Pública, Corporación Nacional de Asistencia Social, y el Consejo Nacional de Tuberculosos-, agrupadas en el Consejo Corporativo de Educación Sanidad y Beneficencia, un organismo de tipo fascista.[2] Estas instituciones, que en la práctica representaban un gobierno paralelo –inclusive disponía de una estación de radio propia en el campamento militar de Columbia de La Habana, el más grande del país-, nutrían a Batista de fondos del estado que le permitían darse una base social para futuras aspiraciones políticas y, a la vez, una fuente de enriquecimiento personal.
Bajo la amenaza de golpe militar si el primer mandatario no era sustituido, el congreso depuso a Miguel Mariano Gómez el 24 de diciembre de 1936 y lo sustituyó por el dócil vice presidente Federico Laredo Brú, lo que ponía de relieve el poder omnímodo que ya había alcanzado Batista. Prueba de que la verdadera autoridad del país estaba en sus manos fue la adopción, en agosto del año siguiente, de un demagógico Plan Trienal dirigido a impulsar el desarrollo socio-económico de las zonas rurales, que demostraba el insistente propósito batistiano de crearse una base social entre el empobrecido y atrasado campesinado cubano. Pero la única materialización de este programa fue la ley de Coordinación Azucarera -beneficiaba a los campesinos medios y pobres dedicados al cultivo de la caña de azúcar-, dirigida a regular la principal industria cubana.
El abandono oficial del Plan Trienal por parte de Batista, en mayo de 1938, brindó evidencias de que el astuto jefe del ejército se disponía a un radical cambio de orientación. Su objetivo era, acorde a las nuevas circunstancias internacionales, desmarcarse de proyectos de inspiración fascista que le permitieran modificar su imagen de militar represivo y despótico por un rostro más democrático, despejando el camino a la primera magistratura del país. Para ello, su presidente títere, Federico Laredo Brú, dictó una ley de amnistía, que liberó a más de tres mil presos políticos, permitió el regreso de los exiliados, reconoció la autonomía universitaria y la libre actividad de los partidos políticos, incluido el Comunista. En ese ambiente se fundó, en enero de 1939, una gran central sindical nacional, la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), que quedó encabezada por el líder obrero comunista Lázaro Peña. A pesar de la apertura democrática, el gobierno de Laredo Brú se negó a permitir el desembarco, el 13 de mayo de 1939, de cerca de mil judíos que huían de la Alemania nazi y que viajaban en el barco SS St. Louis.
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