Las “puebladas” argentinas a partir del “santiagueñazo” de 1993.

Tradición histórica y nuevas formas de lucha

Rubén Laufer* y Claudio Spiguel**

INTRODUCCIÓN

Los grandes cambios económicos producidos en la Argentina a partir de 1989 como consecuencia de las políticas neoliberales practicadas por el presidente Menem han profundizado los rasgos de atraso y dependencia que caracterizan la estructura del país, reforzando tendencias fundamentales en la economía y la sociedad argentina vigentes desde la implantación de la dictadura militar en 1976.

 

Al tiempo que se acentuó notablemente la concentración productiva, comercial y financiera, han desaparecido ramas enteras de la producción nacional, muchas de ellas correspondientes a sectores de tecnología avanzada y decisivos para un potencial desarrollo independiente de la economía argentina. La apertura indiscriminada a la importación masiva de artículos que produce la industria nacional ha llevado a la quiebra a numerosas empresas industriales pequeñas y medianas en ramas tradicionales como la metalúrgica y la textil. A lo largo de un quinquenio fue prácticamente destruido el capitalismo de Estado y se impuso el modelo «neoliberal» (Azpiazu, 1998; Muchnik, 1993).

 

 

Las consecuencias sociales han sido profundas y graves: la desocupación castiga a una parte sustancial de la población económicamente activa; las cifras gubernamentales admiten una tasa de desempleo de alrededor del 17%, pero es bien conocido que en las zonas de mayor concentración obrera como el Gran Buenos Aires y el área de influencia de las principales ciudades del interior del país (Rosario, Santa Fe, Córdoba) esos índices superan holgadamente el 20 por ciento (MEOSP, 1997; Mancebo, 1998: p. 186; Rofman, 1996). La llamada «reforma del estado» expulsó a decenas de miles de empleados estatales, al tiempo que las políticas de restricción presupuestaria precarizaron aún más la situación ya grave de la educación y la salud públicas (CELS, 1998, pp. 325-345).

 

En el plano laboral, la política vigente se ha dirigido en forma explícita a eliminar o retrogradar sustancialmente la legislación del trabajo, producto de más de un siglo de luchas obreras. Las nuevas normas y los nuevos convenios bilaterales entre patronales y sindicatos introdujeron a pleno los métodos laborales basados en la precarización y «flexibilización» de las condiciones de trabajo y salariales (contratos transitorios, privatización del sistema jubilatorio, drástica reducción de indemnizaciones por accidente y por despido, etc.) (Kesselman, 1996, pp. 21-30; Carcar, 1998, pp. 150 y 163-4). Se ha dado paso a una intensificación sin precedentes de la explotación de los trabajadores, reforzada por la presión que sobre el mercado laboral ejerce el enorme «ejército de reserva» de desocupados. El hambre, la desnutrición infantil y otros males consiguientes a este proceso alcanzan niveles inéditos para la Argentina, en particular en las zonas urbanas (Carcar, 1998: p. 140; Mancebo, 1998, pp. 187-88).

 

Se ha agravado notablemente la penetración del capital extranjero y, con ella, la monopolización de casi todas las palancas decisivas de la economía argentina en desmedro de la independencia económica del país y de su soberanía política (CEPAL-CEP, 1997). Consorcios norteamericanos, italianos, franceses, ingleses, rusos, alemanes y españoles, directamente o en asociación con capitales intermediarios locales, han sido los principales beneficiarios de la privatización de las empresas estatales de transporte aéreo y ferroviario, telecomunicaciones, correos, servicios de electricidad, gas, aguas corrientes, etc. En la mayoría de los casos las concesiones se llevaron a cabo bajo condiciones de privilegio en cuanto a monopolio del mercado, subsidios estatales, precio y plazos de pago, exenciones impositivas, etc. (Azpiazu, 1998: pp. 47-69).

 

Pese a las privatizaciones -que aportaron alrededor de 30.000 millones de dólares-, y pese a las reducciones acordadas por el Plan Brady, la deuda externa pública se ha incrementado en forma exponencial, rondando en 1997 los 100.000 millones de dólares (MEOSP, 1998; Nochteff, 1998, pp. 33-36; Muchnik, 1993, pp. 119-126). El gobierno de Menem subordinó casi sin mediación su política a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones financieras bajo control de las grandes potencias. La política exterior ha seguido los mismos parámetros mediante lo que el canciller Di Tella denominó «relaciones carnales» con los Estados Unidos, con las conocidas implicancias en el plano interamericano y mundial.

 

La pretendida «modernización» económica que el gobierno menemista reclama haber logrado a lo largo de casi una década no es progresista sino reaccionaria. Su efecto ha sido la agudización de las deformaciones estructurales de la economía argentina. El crecimiento del producto bruto nacional ha tenido como contrapartida necesaria una ingente destrucción de fuerzas productivas, la asfixia de las economías regionales, y transformaciones profundamente regresivas en el tejido social. La concentración económica, a su vez, ha conllevado una paralela concentración del poder político que -pese a la vigencia de las instituciones formales de la democracia- se manifiesta, por un lado, en la enajenación de esas instituciones respecto de la capacidad de decisión y participación de vastísimos sectores de la población, y por el otro en los crecientes fenómenos de corrupción económica y política que inficiona y moldea el aparato estatal y el funcionamiento global de la economía.

 

Un nuevo período en el movimiento social y político

 

La crisis económica incubó en la Argentina durante 1994, y salió violentamente a la luz con el llamado «Santiagueñazo» de diciembre de ese año. Para entonces, como resultado de las políticas del equipo Menem-Cavallo, el desempleo total o parcial afectaba a más de 4 millones de argentinos (sobre una PEA de 14 millones y un total de 33 millones de habitantes) (MTSS, 1995; Beccaria y López, 1996: pp. 31-45).

 

El gobierno respondió a la crisis profundizando la política de ajuste, privatización y enajenación del patrimonio nacional, «flexibilización» laboral y eliminación de las conquistas históricas de los trabajadores.

 

Aunque políticamente debilitado en 1994 en las elecciones a Asamblea Constituyente por los sustanciales niveles de abstencionismo electoral y voto en blanco y por el avance de la oposición, Menem pudo lograr la reelección en mayo de 1995, en base a un exhaustivo uso del aparato estatal y cabalgando sobre el generalizado temor a una posible repetición de la hiperinflación desatada durante el último tramo de la presidencia de Raúl Alfonsín y los primeros dos años de la suya propia (Palermo y Novaro, 1996: pp. 450-9). El partido oficial fue, sin embargo, nuevamente derrotado en los comicios para gobierno de la Capital Federal en junio de 1996, y duramente castigado en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 1997, no sólo con el triunfo de la alianza opositora sino, también, con muy altos índices de abstención y votoblanquismo[1].

 

El 16 de diciembre de 1993 se produjo el «Santiagueñazo»[2]. Los trabajadores estatales y el pueblo de las mayores ciudades de la provincia de Santiago del Estero, cansados de un gobierno corrupto y que hacía oídos sordos a los reclamos populares, tomaron por asalto e incendiaron la Casa de Gobierno provincial, la Legislatura, los Tribunales -es decir, los tres poderes característicos de la democracia republicana- y, venciendo la resistencia de las fuerzas represivas, incendiaron también las casas de los políticos peronistas más corruptos y asediaron durante horas la del principal dirigente local del partido Radical. El gobierno nacional -con el apoyo de la oposición radical y de la dirigencia nacional del Frente País Solidario (FREPASO)- intervino la provincia, y debió hacer importantes concesiones a los reclamos de los estatales y de otros sectores de la población santiagueña[3].

 

Con el «Santiagueñazo» llegó a su fin un período de reflujo del movimiento social, a que dio paso el abandono y la reversión, por parte de la dirección menemista, del programa de perfil nacional-industrialista, mercadointernista y tercermundista -perfil característico del peronismo tradicional- que llevó al triunfo la candidatura de Menem a la cabeza del Frente Justicialista Popular (FREJUPO) en mayo de 1989. El período entre 1990 y 1992 había sido un período de retroceso generalizado en el número, masividad y combatividad de las luchas y reclamos populares, y de derrota de muchos de ellos; un período en que las clases dominantes avanzaron a fondo en las políticas antes descriptas (Palermo y Novaro, 1996). Ofensiva reaccionaria que se vio favorecida por un escenario internacional dominado por la desintegración del ex imperio soviético y el sinceramiento de la restauración capitalista en ese país y en China, y por el consiguiente apogeo mundial del llamado «neoliberalismo».

 

Con el «Santiagueñazo» se abrió en el país un nuevo período de intensificación y ascenso de la movilización obrera y popular. Allí, y en la verdadera oleada de puebladas[4] y rebeliones provinciales que le siguió, comenzaron a recuperarse -en nuevas condiciones históricas- algunos de los rasgos que habían caracterizado en la Argentina el anterior auge de masas de las décadas del ’60 y ’70.

 

Pocos días después, el 1º de enero de 1994, se produjo el levantamiento campesino-indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, México, en un marco continental de creciente oposición y resistencia a las políticas neoliberales.

 

A comienzos de 1994 se produjeron grandes movilizaciones de trabajadores estatales argentinos en las provincias de La Rioja, Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán y Entre Ríos. Jujuy sería, durante 1994 y 1995, el centro de importantes luchas de los trabajadores municipales y estatales, con gran apoyo popular y un elevado nivel de organización para enfrentar la represión policial[5]. La lucha del pueblo de Jujuy, que venía desarrollándose desde principios de los ’90, forzó la renuncia de tres gobernadores (Ogando y Borgogno, 1994; Santillán, 1994). En el curso de ese movimiento comenzaría a descollar una nueva camada de dirigentes sindicales clasistas y combativos -encarnada en la figura del municipal jujeño Carlos «el Perro» Santillán-, revitalizando una corriente sindical de peso en los años ‘60 y ‘70. Simultáneamente, la provincia de Catamarca sería escenario de las mayores manifestaciones de su historia, exigiendo el esclarecimiento del asesinato de la adolescente María Soledad Morales en una turbia trama de corrupción que remonta sus hilos hasta los más altos niveles del poder político y económico provincial (Morandini, 1991, pp. 71-94).

 

El alza de la combatividad popular contribuyó a la reactivación del movimiento obrero. Las luchas de mayor repercusión fueron las que llevaron a cabo los metalúrgicos de las plantas fabriles de Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente. Entre 1994 y 1995, su lucha se centró en el reclamo de aumentos salariales y contra los intentos patronales de «racionalizar» sus inversiones mediante despidos masivos y cierre de plantas. En una de esas movilizaciones, en abril de 1995, cayó víctima de la represión el obrero de la construcción Víctor Choque[6]. Los trabajadores de la mina carbonífera de Río Turbio (en la sureña provincia de Santa Cruz) tomaron el yacimiento en defensa de su fuente de trabajo, con apoyo del conjunto de la población local[7].

 

También se reactivó el movimiento agrario. En 1994 se llevó a cabo un paro nacional agrario, con participación de pequeños y medianos productores -con centro en la región de la Pampa húmeda, que constituye el corazón cerealero del país-, que se destacó por su masividad y combatividad. En 1995 surgió el Movimiento de Mujeres en Lucha (MML), que desde su fundación organizó, pueblo por pueblo, principalmente en la provincia de La Pampa (donde nació), y en las de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, a miles de mujeres del campo para impedir el remate judicial de sus parcelas por falta de pago de las deudas acumuladas[8]. En esos años tomaron creciente masividad los Encuentros Nacionales de Mujeres; el IXº Encuentro, realizado en 1994 en la ciudad de Corrientes reunió a alrededor de 7.000 mujeres que adhirieron, mayoritariamente, a la Marcha Federal a realizarse en el mes de julio. El Xº, en 1995, congregó una cantidad similar en Jujuy, mientras que fueron 12.000 las que tomaron parte en el XIº Encuentro llevado a cabo en 1996 en Buenos Aires. Los Encuentros Nacionales de Mujeres constituyen una experiencia de avanzada por su grado de desarrollo y continuidad, constituyendo un movimiento autoconvocado, autónomo y horizontal en el que participan mujeres de todas las edades y estratos sociales de diversas pertenencias políticas, gremiales, étnicas, comunitarias y religiosas[9].

 

Otro sector que tuvo un rol de primera línea es el de los jubilados, quienes manifiestan semanalmente frente al Congreso nacional, surgiendo y consolidándose organizaciones combativas de esos trabajadores, que cobraron gran impulso, especialmente al plantear consecuentemente la angustiosa situación de ese sector y traerlo a la luz pública mediante la toma de supermercados, oficinas gubernamentales, edificios históricos, etc.[10]

 

La oleada de combatividad que emergió con el «Santiagueñazo» creó las condiciones para la realización de la «Marcha Federal» en julio de 1994, que expresó a un amplio arco de fuerzas opositoras a la política menemista y abrió paso a la unificación a nivel nacional de numerosos conflictos y luchas que venían desarrollándose en forma dispersa en distintas provincias y localidades (ATE, 1994). Retomando la experiencia de la «Marcha Blanca» de los docentes en 1987, nutridas columnas de trabajadores provenientes de cuatro regiones nucleares del país convergieron, tras dos días de traslado en diversos medios y atravesando las principales ciudades argentinas, hacia un acto central en la Plaza de Mayo de Buenos Aires[11]. Estos hechos abrieron paso a una creciente coordinación de las fuerzas del movimiento obrero que a nivel nacional enfrentaban la política de ajuste, a través de la conformación de una Mesa de Enlace entre las diversas corrientes sindicales (Movimiento de Trabajadores Argentinos, Congreso de los Trabajadores Argentinos, Corriente Clasista y Combativa) opositoras a las jerarquías propatronales enquistadas en la conducción de la Confederación General del Trabajo[12]. Dicha coordinación permitió a su vez la unidad en algunas iniciativas de reclamo con otras organizaciones populares como la Federación Universitaria Argentina y la Federación Agraria, como la gran concentración del 20 de noviembre de 1995 en la Plaza de Mayo[13]. El 24 de marzo de 1996, 20º aniversario de la instauración de la feroz dictadura del gral. Videla, tuvieron lugar multitudinarias manifestaciones en repudio al golpe de Estado fascista de 1976.

 

Todo el año 1995 y los primeros meses de 1996 estuvieron recorridos por un verdadero reguero de luchas de trabajadores estatales en casi todas las provincias del país[14]. Se dieron las primeras manifestaciones de resistencia de pequeños comerciantes de localidades del interior del país a la insoportable presión impositiva; en algunos casos se expulsó violentamente de esas localidades a los inspectores de impuestos[15]. Hubo puebladas en la provincia de San Juan y en ciudades de la de Río Negro. Comenzaron a constituirse organismos multisectoriales para coordinar la resistencia popular a las políticas de ajuste.

 

En 1995 se reactivó también el movimiento estudiantil universitario, que ocupó facultades y ganó las calles en repudio a las reformas proyectadas por el Ministerio de Educación nacional siguiendo las «recomendaciones» del Banco Mundial. Coincidentemente, los docentes de numerosas provincias (Río Negro, San Juan, Neuquén, Buenos Aires) iniciaron un proceso de movilizaciones por salarios dignos y en reclamo de una Ley de Financiamiento Educativo, que culminaría el 2 de abril de 1997 con la instalación de la llamada «Carpa Blanca» frente al Parlamento nacional[16], y que se convirtió desde entonces en centro de convocatoria de numerosas iniciativas opositoras en el plano educativo, cultural y de derechos humanos contra las políticas liberales del gobierno. En 1996, la oposición a la Reforma Educativa motivó un gran movimiento de los estudiantes secundarios, que marcharon en numerosas ciudades del  país.

 

Todo este proceso no se manifestó en forma lineal. La reelección de Menem en mayo del ’95 (cuya factibilidad constitucional se abrió paso a raíz del previo «pacto de Olivos» entre el ex presidente Alfonsín y Carlos Menem), significó un baldazo de agua fría sobre la combatividad popular. Esta, sin embargo, volvió a cobrar fuerza transcurridas apenas algunas semanas.

 

Las “puebladas”

 

A mediados de 1996, la oleada de luchas populares contra el «modelo» -que seguía agravando las condiciones de desocupación, miseria y desesperanza de las mayorías populares- tuvo un punto culminante en el histórico levantamiento de los pobladores de Cutral Co y Plaza Huincul, dos ciudades próximas enclavadas en el corazón petrolero de la provincia patagónica de Neuquén. Más de 20.000 personas en total tomaron parte en las barricadas y cortes de ruta, en «piquetes» y en distintas formas de autodefensa de masas[17]. Estos «piquetes» se constituyeron en dirección efectiva de la mayoría de la población, y ejercieron esa conducción -y el poder de hecho que impuso la pueblada- a través de delegados o representantes revocables, electos y basados en asambleas populares. Este poder paralelo dejó al margen durante seis días a los intendentes, concejales y demás autoridades propias de la democracia burguesa tradicional. Obligó a las autoridades provinciales a negociar con él, y a que se le reconociera la potestad de controlar el cumplimiento de los acuerdos a que se llegó con el gobierno neuquino[18]. Todo este proceso tuvo marcada repercusión nacional, especialmente a través de su difusión por los distintos medios de comunicación (Stein y Stein, 1996).

 

La «pueblada» de Cutral Co / Plaza Huincul confluyó con el crecimiento de la lucha sindical. Superando la difícil situación generada por los despidos masivos y la hegemonía de las jerarquías gremiales propatronales y oficialistas, el 8 de agosto se llevó a cabo una jornada de paro con movilizaciones a lo largo y ancho del país en el que, por primera vez en la presente etapa, jugó un papel relevante la clase obrera industrial de las grandes plantas fabriles de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

 

En esta nueva situación se acentuaron las contradicciones en el seno del gobierno y del partido oficialista, e incluso se fisuró el núcleo empresarial que había sustentado la política gubernamental. Menem destituyó al ministro de Economía Domingo Cavallo, abriéndose así un período de crisis política.

 

La nueva huelga -ahora de 36 horas- cumplida los días 26 y 27 de septiembre de 1996 ratificó la centralidad de la clase obrera en la escena política nacional, liderando el repudio mayoritario a la política del gobierno. Comenzaron a generalizarse los piquetes de huelga; fueron a la huelga varias de las principales empresas del país, en algunos casos por encima de las poderosas cúpulas sindicales oficialistas[19].

 

El «Cutralcazo» y los paros del 8 de agosto y del 26 y 27 de septiembre significaron un punto de inflexión en el proceso abierto con el «Santiagueñazo». La situación en su conjunto experimentó un cambio cualitativo.

 

Entre diciembre de 1996 y abril de 1997 se movilizaron los profesionales y empleados de los Institutos Nacionales de Salud, en defensa de la fuente de trabajo y la salud pública; los obreros de la Editorial Atlántida, que cortaron la ruta Panamericana en defensa de sus empleos y contra la flexibilización laboral; los jubilados, ocupando supermercados de firmas multinacionales como el Wal Mart y el Carrefour de distintas localidades; los docentes y estudiantes de todos los niveles educativos, que el 14 de abril de 1997 protagonizaron un masivo paro nacional.

 

En 1997 la efervescencia popular en la Argentina contra las políticas de hambre y entrega nacional propias del ajuste liberal experimentó un cambio cualitativo. En la primera mitad del año tuvieron lugar -aparte de numerosos movimientos de menor proyección nacional, pero de profunda significación provincial o regional- un segundo «Cutralcazo» en Neuquén, y masivas «puebladas» en el norte del país, como las de Tartagal / General Mosconi (Salta) y Libertador General San Martín (Jujuy) (Ramírez, 1997; Valerdi, 1998).

 

La dura represión a la movilización docente y estudiantil en Neuquén cobró la vida de Teresa Rodríguez, cuyo asesinato levantó una gran oleada nacional de indignación, que fue el marco de una segunda pueblada en Cutral Co/Plaza Huincul. Aquí, el levantamiento popular configuró un nuevo salto cualitativo al derrotar a la gendarmería y a la policía provincial en la lucha callejera[20].

 

Allí, la lucha docente fue el detonante de un segundo levantamiento popular, cuyo eje central volvió a ser el reclamo de puestos de trabajo. El 9 de abril, a un mes de iniciado el conflicto del magisterio y ante el incumplimiento de las promesas formuladas por el gobernador Sapag en la «pueblada» de junio de 1996, volvieron a realizarse cortes de ruta en distintos lugares de la provincia. Frente a la represión, en pocas horas se formaron piquetes. La práctica social de las masas sublevadas acuñó un nuevo término («fogoneros») para aludir al sector juvenil que mantuvo con mayor decisión combativa el corte de ruta frente al embate policial y de la Gendarmería[21].

 

El reclamo docente pasó a formar parte de un conjunto mayor de reivindicaciones, y el núcleo combativo se engrosó con estudiantes secundarios, universitarios y padres de alumnos. En la madrugada del sábado 12 de abril, el avance de 400 efectivos de Gendarmería sobre la ruta ocupada se topó con una verdadera lluvia de piedras y bombas «molotov»; a medida que la fuerza represiva avanzaba, se constituían nuevos «piquetes» a sus espaldas. Cuando la represión se volcó sobre los barrios aledaños, varios miles de pobladores detuvieron e hicieron retroceder a pedradas a los gendarmes. Los refuerzos de la policía provincial respondieron con palos, gases, balas de goma y de plomo. Allí cayó asesinada la joven trabajadora Teresa Rodríguez. La noticia de su muerte se difundió en pleno combate de la población con las fuerzas represivas, y de inmediato se convirtió en síntesis y bandera de la lucha.

 

Hacia las 10 de la mañana, los enfrentamientos se habían generalizado en Cutral Co y Plaza Huincul: la población enfrentaba a los gendarmes, se dispersaba y volvía a reagruparse dispuesta al enfrentamiento. La gente se nucleaba en la ruta, y desde allí se volcaba hacia el descampado. Las granadas lacrimógenas que caían eran inmediatamente cubiertas con tierra. Vecinos en motocicleta auxiliaban con bidones de agua a quienes, en la primera línea, padecían el efecto de los gases.

 

Por la tarde, una asamblea de 300 pobladores decidió persistir con los piquetes hasta obtener soluciones; allí se debatió y aprobó un petitorio de 8 puntos que incluía el reclamo docente y la derogación de la Ley Federal de Educación. La asamblea designó una comisión negociadora compuesta por padres de estudiantes, algunos referentes políticos locales y tres «fogoneros». Ante la masividad del movimiento, los intendentes de ambas localidades y concejales y diputados opositores optaron por sumarse a la comisión.

 

Las negociaciones directas con el gobernador provincial, y las gestiones personales de éste ante el gobierno nacional desembocaron, el día 17 de abril, en la obtención de 1.800 contratos de trabajo temporales (por 4 meses) correspondientes a distintos programas gubernamentales de empleo. Al día siguiente, diversos sectores políticos presionaron en favor del levantamiento del corte de ruta, y algunos diputados y concejales firmaron un acta-acuerdo con las autoridades provinciales. En una nueva asamblea, pese al notorio descontento de un sector de los «fogoneros» por la insuficiencia del compromiso oficial, se resuelve aceptar lo propuesto, al tiempo que se establecen plazos de cumplimiento y se constituye una Comisión de control de los acuerdos.

 

En mayo, el profundo descontento popular estalló en la norteña provincia de Salta. Los centros fueron Tartagal y General Mosconi, dos poblaciones del departamento General San Martín, zona petrolera y gasífera que al igual que su similar de Neuquén, se convirtió en población «fantasma» como consecuencia de la privatización de la empresa estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) (Rofman, 1996). Allí la desocupación ronda el 80%[22].

 

Al igual que el «Cutralcazo», la pueblada de Tartagal / General Mosconi reveló la existencia de un notorio nivel de organización previa al estallido, que también aparecería reflejado en la conjunción de un heterogéneo espectro de sectores populares detrás del programa de la pueblada; un programa que, centrado en la exigencia de subsidios y trabajo para los desocupados, recogió las principales reivindicaciones de diferentes grupos sociales (desempleados, comerciantes, industriales madereros). El alto grado de unidad se manifestó también en la organización de los «piquetes» para el corte de ruta y para su sostenimiento a través de «ollas populares», y en la autodefensa de los piquetes, en la que se consideró la preparación para la eventualidad de un enfrentamiento violento a la represión de la Gendarmería. Estas características -basadas en la masividad de la protesta- estuvieron en el trasfondo del retroceso y de las concesiones otorgadas por los gobiernos nacional y provincial[23].

 

El año anterior, desocupados de Gral. Mosconi habían ocupado la Legislatura local, medida suspendida luego ante las promesas de creación de fuentes de trabajo. Un «sindicato» de desocupados cuenta con un padrón de 5.000 trabajadores sin empleo. El 7 de mayo tuvo lugar un «tractorazo» de productores rurales contra la deuda exigida por el Banco de la Nación. Por la noche, una asamblea de 4.000 vecinos aprobó la propuesta de cortar la ruta, a ejemplo de lo sucedido en Cutral Co; el reclamo central es: trabajo. De viva voz se formula un pliego reivindicativo, y se repudia y desconoce a los políticos locales. La asamblea se autoasigna atributos de poder soberano (Ramírez, 1997).

 

Los cortes que se llevan a cabo son dos, uno a la altura de Tartagal y otro en Gral. Mosconi. El 8 de mayo las actividades económicas y comerciales, así como las escuelas, están paralizadas. Al día siguiente, las personas nucleadas sobre la ruta llegan a 12.000. Se verifican asambleas y cortes de ruta de adhesión en la capital provincial y en la ciudad de Orán. Una nueva asamblea el sábado 10 elige a los integrantes de una Comisión de Diálogo, representando a sectores tan variados como  docentes, la vecina localidad de Aguaray, pequeños y medianos productores, la Cámara de Industria de Gral. Mosconi, el sindicato de desocupados, trabajadores de salud, madereros, aborígenes, juventud (incluyendo estudiantes), deudores del Banco Hipotecario, vecinos y piqueteros. Se resuelve que las negociaciones con los funcionarios se harán sobre la ruta: los representantes no podrán tomar decisión alguna sin previa consulta a la asamblea. Una asamblea de 3.000 personas por la tarde rechaza los raquíticos ofrecimientos del gobernador Romero.

 

«¿Y si viene la Gendarmería? -interroga un medio de prensa a un militante del Justicialismo. «Y bueno -es la respuesta-, mi decisión personal es que voy a estar hasta las últimas consecuencias. Yo voy a estar hasta la muerte(…) Creo que si tenemos que morir vamos a morir por querer justicia, por las reivindicaciones sociales y para que nunca más un político nos ponga la cabeza en el suelo y nos pise como gusanos. Queremos la muerte antes que eso»[24].

 

La nueva asamblea, a las 18 hs., es multitudinaria: congrega a 20.000 personas de múltiples sectores. Se decide continuar con el corte de rutas y exigir la presencia del gobernador Romero y del ministro de Interior del gobierno nacional Carlos Corach. El día 12, los sitios de «corte» reciben a una caravana de 2.500 personas proveniente de Tartagal, organizada por los trabajadores madereros. Al día siguiente el gobierno hace llegar una propuesta que contempla parte de las demandas, en particular las del sector empresarial, generando un comienzo de división entre la gente sobre el que operan agentes del gobierno y la amenaza de desalojo de la ruta por tropas de Gendarmería. Pero la insuficiencia de los puestos de trabajo ofrecidos lleva a los dirigentes del sindicato de desocupados a insistir en la continuidad de los cortes de ruta: esa noche permanece en los piquetes más gente que en las anteriores, organizando una potencial resistencia. Las negociaciones concluyen a media mañana del miércoles 14 de mayo. Los piqueteros celebran lo logrado: 5.000 puestos de trabajo temporarios de 200 pesos mensuales; refinanciación a los deudores del Banco Nación, con el compromiso de los mismos de crear 3 nuevos puestos laborales cada uno, unos 900 puestos en total. Se realiza un gran festejo popular sobre la ruta tomada.

«Veníamos de derrota en derrota -expresa un dirigente-; ahora ganamos, y esto nos fortalece. Si no cumplen volvemos a la ruta, porque es la única forma de que nos escuchen»[25].

 

También en mayo, la pueblada de Libertador General San Martín (Jujuy), extendida en la implementación de 21 cortes de ruta en distintas localidades a nivel provincial, configuró un verdadero «Jujeñazo»[26]. Los cortes de ruta iniciados en Libertador se propagaron luego a las poblaciones de Palpalá, Perico, Abra Pampa, Alto Comedero, La Quiaca, Humahuaca, Tilcara, El Talar y Vinalito, etc. Se multiplicaron las «ollas populares» y las multisectoriales. La represión brutal a los lugareños por medio de la Gendarmería enardeció aún más los ánimos. Se perfiló así la posibilidad de un levantamiento generalizado en toda la provincia

 

En el caso de Libertador, el movimiento -que se extendió a lo largo de 12 días- reflejó un nivel de confrontación superior; en algunos casos la represión de la Gendarmería fue respondida con armas de fuego, en un marco de elevada participación popular en la protesta. En ello tuvo importancia decisiva la activa adhesión -por medio de la huelga- de los trabajadores nucleados en el Frente de Gremios Estatales y, en particular, el paro por tiempo indeterminado resuelto por la asamblea de los trabajadores municipales de la provincia.

 

El 30 de mayo se conformó una «Comisión Coordinadora de Piqueteros y Desocupados de la Provincia de Jujuy».

«Los presentes, integrantes de esta Comisión -se declaraba en su acta constitutiva- ordenan que la misma deberá representar a todo desocupado existente en la provincia, actuando como un cuerpo orgánico(…) Se deja expresa constancia de que todos los beneficios, puestos de trabajo, subsidios, deberán ser manejados exclusivamente por esta Comisión, con la sola intermediación de la Iglesia(…)».

El mismo día se estableció una «Mesa de concertación»; participarían en ella el gobernador provincial, Ferraro, un representante de la Iglesia, uno del Frente de Gremios Estatales, representantes de los «piqueteros» (uno con voz y voto más dos acompañantes, por cada uno de los cortes de ruta) y un representante de los partidos de la oposición parlamentaria.

 

En la reunión de «concertación», llevada a cabo en la sede del Obispado de Jujuy, el gobernador Ferraro y el ministro de Obras Públicas de la provincia leyeron su propuesta de puestos de trabajo por localidad: 2.597 en total, menos del 20% de lo reclamado. La televisión nacional registró la dureza de los delegados piqueteros frente al poder político:

«Queremos que el gobernador, frente a todos los piqueteros que están acá y a todos los desocupados que están cortando ruta -interpeló Pablo- nos diga porqué… qué le pasó por la cabeza… para habernos reprimido de esa manera(…) Le voy a decir gobernador que si estos pedidos no son cumplidos como nosotros queremos, y los compañeros dicen no aceptamos esta propuesta del gobierno, vamos a volver a cortar la ruta».

Nancy, por su parte, mostró las heridas de balas de goma: «Yo salí a la ruta no a pedir cosas injustas sino un trabajo«. La noche se pasa en vela. Operadores del gobierno «sugieren» a los piqueteros de Libertador y San Pedro «repartirse» entre ambas localidades todo el «paquete» ofrecido, a cambio del levantamiento del corte de rutas: la respuesta es no. En la mañana del 31 de mayo se anuncia el acta-acuerdo aceptada por la gobernación: los puestos de trabajo comprometidos suman ahora 12.579. El acta compromete un multifacético cuerpo de garantías, así como esbozos de medidas de gobierno en favor de los sectores populares, reflejo del amplísimo carácter multisectorial de los reclamos: integridad física de los «piqueteros» e indemnización a los afectados por la represión; incentivos fiscales a la radicación de industrias en la provincia; efectivización del Plan Quinquenal de Obras y Servicios Públicos; entrega en 30 días y sin discriminaciones políticas de las viviendas construidas y aún no asignadas; asignación de 1.000 becas para estudiantes de la Quebrada y Puna; control de la distribución de las cajas de ayuda social por la Iglesia y la Comisión de Desocupados; adhesión a las propuestas del Frente de Gremios Estatales sobre Emergencia Impositiva; adhesión al documento del Equipo de Pastoral Social sobre tierras públicas y privadas ociosas; elevación de los subsidios por desempleo, con prioridad para las mujeres; etc.

 

La algarabía es incontenible, pero los piqueteros exigen que las cámaras de televisión registren la firma del gobernador, que se retira precipitadamente entre insultos y empujones.

 

El programa-petitorio levantado por la Coordinadora de Piqueteros de toda la provincia fue el núcleo de una convergencia multisectorial que bocetó, en los hechos, un «doble poder» a nivel provincial, al establecerse una comisión negociadora en la que, además del gobierno, los partidos opositores, y representantes del empresariado, de la Iglesia y del Frente de Gremios Estatales, se integraron un delegado y dos acompañantes por piquete.

 

En este sentido tuvo gran trascendencia la propuesta que el Frente de Gremios Estatales -a través de su asesor Carlos Aramayo- elevó a consideración de las asambleas populares, acerca del camino a seguir para conseguir fondos para abordar la cuestión del desempleo y reactivar la producción (Aramayo, 1994, p. 4). En breve síntesis, el programa postulaba:

 

1. Ley de Emergencia Impositiva, de carácter progresivo, determinado en base al impuesto a los ingresos brutos y al impuesto inmobiliario, con centro en las empresas privatizadas (telefónicas, gas, energía eléctrica, aerolíneas) y en las compañías azucareras -en especial los grandes terratenientes de la provincia-, y sin afectar a la actividad comercial minorista, a los pequeños y medianos productores agropecuarios, industriales o mineros, ni a los trabajadores. Este impuesto conduciría prácticamente a la duplicación de la recaudación fiscal de la provincia, con destino al fondo de desempleo (50%) y a un fondo de recuperación de la actividad económica productiva (50%).

2. Acta de la asamblea dirigida al gobierno nacional para que éste se haga cargo de la amortización de Bonos del Tesoro a partir del 1º de julio. Por esta vía el gobierno provincial dejaría de transferirle al poder federal el equivalente a 2,5 millones de dólares mensuales, con el mismo destino enunciado en el punto anterior.

3. Petición de la asamblea al Ministerio de Economía de la Nación, solicitando la exención a partir del mes de julio del aporte, por la provincia de Jujuy, del 15% de su presupuesto que se le exige en virtud del llamado «Pacto Fiscal» (equivalente a aproximadamente 4 millones de dólares mensuales).

 

El alzamiento de Libertador volvió a destacar características comunes a las puebladas anteriores: un severo y generalizado cuestionamiento a las instituciones formales del poder político (concejos municipales, intendentes, legislaturas y gobiernos provinciales) y, al mismo tiempo, una profunda desconfianza en las promesas de la dirigencia política tradicional, tanto oficialista como de la oposición parlamentaria. Este cuestionamiento no se atuvo a los límites de la crítica verbal; se encarriló más bien a través de la práctica de una democracia directa, basada en el protagonismo masivo en la adopción de formulaciones programáticas, en las decisiones de acción, y en la elección de representantes o delegados de piquetes con mandatos explícitamente conferidos en asamblea y revocables en cualquier momento.

 

La configuración de un «poder paralelo» dejó de ser una perspectiva puramente teórica, pergeñada desde fuera del movimiento social concreto, y adquirió la contundencia de una creación fáctica de las masas que, abonada por la experiencia histórica, constituye la base material de toda verdadera elaboración de teoría social vinculada al cambio social. La población jujeña adquirió conciencia de haber puesto «en jaque» a los gobiernos provincial y nacional, combatiendo y haciendo retroceder a la Gendarmería, constituyéndose circunstancialmente en un poder real, capaz de imponer negociaciones al poder político-legal y de sostenerlas y extenderlas hasta obtener satisfacciones mínimas, así como de constituirse -a través de la Coordinadora de Piqueteros y Desocupados- en fiscalía del cumplimiento de los compromisos impuestos al gobierno.

 

El 28 de mayo, convocada por la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y con la adhesión activa de las tres corrientes opositoras del movimiento obrero, tuvo lugar una gran Marcha Educativa, que congregó a 25.000 personas frente a la sede del gobierno nacional en rechazo a la reforma educacional oficial. El 20 de junio, la Plaza de Mayo volvió a atestiguar el vasto descontento que impera en el gremio docente[27].

 

Ambos acontecimientos constituyeron un escalón político y organizativo que se sumó al impacto de las grandes «puebladas» para la realización de la segunda Marcha Federal, ahora bajo la denominación «Marcha por Trabajo para Todos», entre el 8 y el 11 de julio  de 1997. Desde los cuatro puntos cardinales del país, con enormes sacrificios, 70.000 personas -entre las que se destacaban los grupos de «piqueteros» provenientes de los alejados focos de lucha del interior del país (Jujuy, Cutral Co, Tierra del Fuego) y el componente obrero de los gremios metalúrgico, petrolero, petroquímico, papelero, rurales, de astilleros, etc.- se movilizaron hacia la Capital Federal, convergiendo el día 11 en el principal escenario político del país[28]. En la efectivización de la nueva Marcha tuvo importancia decisiva la convocatoria unitaria desde la Mesa de Enlace que coordina a las corrientes del sindicalismo opositor y al movimiento estudiantil organizado, así como la participación de un sector de la dirigencia obrera que vacila entre las posiciones del nucleamiento gremial oficialista y las de la oposición combativa, y la adhesión de importantes sectores políticos de la oposición al menemismo. Así, el acto tuvo gran repercusión nacional, por la magnitud de su concurrencia, por la amplitud del arco de unidad opositora que expresó, y por la convocatoria unitaria emergida en la ocasión para la realización de un Paro nacional con cortes de ruta, que tendría lugar el 14 de agosto[29].

 

El paro activo castigó duramente la política menemista. Tuvo importante acatamiento en el proletariado industrial de los principales gremios y en los grandes centros de concentración fabril, y nutrida participación de desocupados, jubilados y estudiantes en los actos y variadas formas de protesta. Su significación estuvo dada, además, por la combatividad que le confirió un centenar de cortes de rutas y calles en todo el país.

 

Causas y contenido social de las «puebladas»

 

El proceso descripto es el que permite comprender el fenómeno particular de las «puebladas», rebeliones urbanas desatadas en localidades del interior del país, algunas de las cuales se proyectaron a escala provincial (caso de Libertador / Jujuy). Este fenómeno debe ser enfocado como parte y experiencia más destacada de un movimiento social y político más amplio y polifacético, con diversos afluentes sociales, contenidos y formas de lucha: movimientos barriales y de desocupados, marchas sindicales y reclamos salariales, paros y «tractorazos» agrarios[30], movimientos populares contra los abusos de los servicios privatizados,  movimiento democrático muy amplio y activo contra la impunidad de los genocidas de la dictadura de 1976-83 y de exigencia de justicia frente a la impune violencia policial y de sectores vinculados al poder político y económico (desde el caso de la adolescente María Soledad Morales en la provincia de Catamarca, hasta el alevoso asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas, pasando por un sinnúmero de casos de «gatillo fácil», particularmente contra los jóvenes) (CELS, 1998, pp. 20-31; 58-62; 63-82).

 

Las «puebladas», analizadas en este contexto, por un lado, expresan un patrón de movilización y lucha con raíces en la historia y en la estructura social argentina. Por el otro, poniendo en crisis a dirigencias y prácticas políticas tradicionales, perfilan la búsqueda social de nuevos caminos de participación y protagonismo que apuntan a transformar profundamente el esquema económico, social y político vigente.

 

Estas rebeliones han emergido en localidades y provincias en las que se han agudizado al máximo las contradicciones sociales como efecto de la política gubernamental.

 

La «apertura» de la economía -y como parte de ella el rumbo de la integración regional en el Mercosur- confina a provincias enteras a la categoría de «inviables», según los términos de los propios funcionarios del área económica del gobierno. A la vez, el proceso privatizador y de trasnacionalización monopólica generó, en el lapso de muy pocos años, un enorme contingente de obreros desocupados (por ejemplo los petroleros en Cutral Co / Plaza Huincul y Tartagal / Mosconi; obreros de la construcción, siderúrgicos, etc.). La concentración latifundista agrava la crisis productiva y social: en Jujuy, tres grandes ingenios azucareros y dos sociedades concentran el 49% de las valuaciones fiscales inmobiliarias de la provincia (Santillán, 1998, p. 5-7). A esto se suman los efectos de la llamada «reforma del Estado», que transfirió servicios educativos, sanitarios y previsionales a las administraciones provinciales, mientras redujo su participación federal en los impuestos nacionales, con la consiguiente asfixia del federalismo y reducción de los gobiernos locales a la condición de apéndices del poder central y de sus planes de ajuste.

 

En esas provincias, además, es más débil el aparato estatal y represivo, así como las estructuras jerárquicas del sindicalismo oficialista. En la provincia de Buenos Aires, donde se halla lo principal del aparato industrial y de la población del país, en cambio, se concentra también la fuerza del poder estatal y se han venido aplicando políticas asistencialistas dirigidas a la prevención de «estallidos» sociales.

 

Las «puebladas» no han emergido en forma súbita y puramente espontánea. En todos los casos estuvieron prologadas por movilizaciones y reclamos protagonizados -a lo largo de muchos meses- sobre todo por empleados estatales y municipales, docentes, etc. Esto fue así incluso en el «Santiagueñazo» de diciembre de 1993, que inauguró la serie. En los casos de Cutral Co y Gral. Mosconi, los obreros petroleros habían desarrollado huelgas y movilizaciones contra la privatización de la empresa petrolera estatal y sus efectos. Estos estallidos populares han influido sucesivamente unos sobre otros, en un proceso de aprendizaje social multifacético.

 

Por otra parte, las prácticas desplegadas y las representaciones sociales de sus protagonistas recuperan tradiciones y formas de lucha históricas del movimiento popular argentino, y particularmente del movimiento obrero. Desde la «Semana Trágica» de 1919, en que los trabajadores de Buenos Aires mantuvieron ocupadas, desbordando la represión policial, zonas enteras de la ciudad hasta la intervención del Ejército, hasta el «Cordobazo» de mayo de 1969, protagonizado por los obreros industriales -particularmente del automotor-, los estudiantes y amplios sectores populares de la ciudad mediterránea, y otras rebeliones urbanas de fines de los años ’60 y principios de los ’70, la forma más elevada del conflicto social se ha expresado en la Argentina bajo la forma de masivas rebeliones urbanas, de carácter amplio y con fuerte peso de la clase obrera industrial. Incluso la huelga -forma típica de la lucha obrera- ha sido adoptada como vía de expresión de reclamos por otros sectores populares, como los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad (Bilsky, 1984; Villar, 1971; Fierro, 1998).

 

Esta tendencia se ha verificado aún en localidades vinculadas a la actividad agropecuaria. En la Argentina, el 80 por ciento de la población vive en ciudades, grandes o pequeñas, característica estructural que constituye la base fundamental de esta tradición histórica (Torrado, 1992).

 

La proyección de las «puebladas» no ha quedado confinada a regiones con las características descriptas, constituyendo «bolsones» aislados. Por el contrario, muy rápidamente, han influido de modo determinante sobre todo el movimiento sindical y político a escala nacional, contribuyendo a la convergencia en la acción de muy amplios sectores sociales y fuerzas sindicales y políticas contra la política oficial: el primer «Cutralcazo», en 1996, fue el prólogo inmediato de una gran concentración obrera frente a la Casa de Gobierno en el mes de mayo, de la crisis política que desembocó en la renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo, del fortalecimiento de las corrientes sindicales opositoras y combativas y de los paros nacionales de agosto y septiembre, en los que irrumpieron masivamente en la escena política los obreros del cordón industrial de las grandes ciudades. Lo mismo ocurrió en ocasión de las «puebladas» de 1997, que se articularían con la realización de una segunda Marcha Federal y con el paro nacional con cortes de ruta llevado a cabo en agosto. La protesta emergente en las «puebladas» impregna asimismo el crecimiento del activismo sindical en las grandes plantas industriales y nuevas oleadas de luchas salariales y contra los despidos, así como el desarrollo de nuevas formas de lucha de los desocupados y organizaciones barriales y de jubilados.

 

En las «puebladas» se manifestó crecientemente la convergencia de la lucha de los tres sectores del movimiento obrero (activos, desempleados y jubilados). La confección de censos de desocupados desempeñó un papel de relevancia en la organización de los cortes de ruta. Se hizo visible que los protagonistas de las múltiples puebladas producidas en el país, en su inmensa mayoría, no fueron «marginales» (categoría que muchas veces pretende tipificar lo que comúnmente se conoce como «desclasados» o «lúmpenes»), sino obreros petroleros, ferroviarios, azucareros, de la construcción, etc., despedidos por el ajuste menemista. Además, en esas «puebladas» se perfiló un conjunto de sectores sociales cuyos reclamos programáticos y cuyos métodos trascendieron la oposición al llamado «modelo» y sus efectos «excluyentes», para atacar las bases mismas del «sistema».

 

Por eso, las «puebladas» no pueden ser explicados en base a la lógica de «excluidos»/»incluidos» correspondiente a teorías hoy en boga, que conciben la llamada «marginalidad» como origen de los nuevos sujetos y movimientos sociales del presente. La práctica y formas de conciencia de sus protagonistas, y la base material de la cual emergen, resultan convergentes con el conjunto del movimiento social. Si en el último período se había verificado un mermado protagonismo del proletariado industrial respecto de otros sectores de trabajadores -desocupados, estatales, jubilados-, ello no se debió a una pretendida «desaparición» o «extinción» de la clase obrera y del trabajo en general (o incluso a la «integración» de dicha clase al «sistema») sino a la doble tenaza impuesta por la amenaza del desempleo y el compromiso de la cúpula de la dirigencia sindical -en su mayoría de origen peronista- con las políticas neoliberales del menemismo (Laufer, 1998; Mateu, 1998).

 

Cortes de ruta, piqueteros y asambleas populares: democracia y poder

 

La mayor parte de las «puebladas» se inició y desarrolló utilizando como instrumento central los cortes de rutas, acciones que luego se extenderían a los movimientos de desocupados y jubilados en el gran Buenos Aires, al movimiento agrario en la pampa húmeda, y al activismo sindical del gran Rosario. En los cortes confluyeron multitudes con diferentes niveles de organización. En ellos hubo núcleos más activos, oscilando entre un centenar y 500 pobladores en los momentos iniciales, varios miles de personas en los momentos decisivos, y más de 20.000 personas en las grandes asambleas y en los festejos luego de triunfos parciales (retirada de la Gendarmería, logro de reivindicaciones en las negociaciones impuestas a los gobiernos, etc.).

 

Así, los cortes de ruta se constituyeron en escenario de confluencia y articulación de diversos sectores sociales de las ciudades a cuya vera pasa la ruta.

 

La denominación de «piquete», utilizada por primera vez en Cutral-Co para designar al núcleo a cargo de cada corte (allí y en Mosconi hubo varios cortes simultáneos a lo largo de la ruta) posee una larga tradición en la historia de las luchas obreras en el país, unida al concepto de organización para la lucha: piquete de huelga, grupo organizado de activistas, etc. Los piquetes y piqueteros (sus integrantes y en particular sus representantes electos directamente en asamblea con mandato imperativo de las mismas y revocables por ellas) jugaron el doble papel de organizaciones para la lucha y centros de decisiones políticas,  con la participación principal de los desocupados y una presencia muy activa de mujeres, jóvenes y adolescentes. En el curso del conflicto se sumaron a los piquetes amplios sectores populares: trabajadores municipales, docentes, pequeños comerciantes y productores, columnas de los barrios y organizaciones vecinales, centros de jubilados, estudiantes, profesionales, familias enteras.

 

También se esbozó una incipiente participación de obreros rurales y campesinos, con particularidades según los lugares. En Tartagal-Mosconi se sumaron en caravana columnas de siete comunidades aborígenes demandantes de tierras y fuentes de trabajo. La posible proyección del estallido a la zona rural, selvática, y el importante grado de organización alcanzado por los desocupados petroleros y obreros de la construcción y su ubicación junto a plantas de empresas petroleras y gasíferas y a un importante gasoducto pueden haber operado para que la gendarmería se abstuviera de reprimir allí. La incipiente articulación con la población rural es significativa en un país de características predominantemente urbanas, pero con gran peso del latifundio (Basualdo y Khavisse, 1993). En algunas regiones tienen un peso significativo los campesinos pobres, especialmente en el Noroeste y el Noreste, donde ha habido recientemente algunas experiencias de ocupaciones de tierras y movimientos aborígenes de reivindicación de las mismas; se trata, además, de regiones muy conectadas con los países vecinos (Brasil, Paraguay, Bolivia) y en las que existe un influjo concreto de las experiencias de las grandes ocupaciones de Brasil y Paraguay.

 

Los piquetes eligieron representantes con mandato y revocables que operaron como dirección en la lucha y como voceros, estableciendo instancias más generales de coordinación y para las negociaciones con los gobiernos (Coordinadora de representantes de los cortes de ruta de Jujuy). Se reprodujo así, una y otra vez, una forma de organización para la lucha y de democracia directa que ha caracterizado al movimiento obrero argentino durante décadas (cuerpos de delegados de sección o subunidad de trabajo) como organización de base de la estructura sindical, y jugado un papel destacado en el proceso anterior a 1976, impregnando como modalidad a otros sectores populares: movimiento estudiantil secundario y universitario, organizaciones barriales, etc. [31].

 

Finalmente, y en base a esta forma de organización y decisión, operaban fuerzas organizadas (sindicato de desocupados, representantes de gremios, militantes políticos). Radios «abiertas» a la vera de la ruta, radios FM y la televisión local jugaron un papel importante en la información del conflicto, e incluso, en ciertos casos, de coordinación y convocatoria a las  asambleas, abriendo sus micrófonos a piqueteros y representantes.

 

Los piquetes llegaron a desarrollar grados importantes de organización: grupos de enlace y de reserva, puestos sanitarios y de prensa y difusión, organización de cuadernos de inscripción de desocupados, puestos de donaciones y solidaridad, carpas. La instalación de “ollas populares” hacía posible un amplio nucleamiento de la gente más pauperizada y alimentar a los piqueteros sin que tuvieran que abandonar la ruta. Su funcionamiento se aseguraba por las donaciones de los comerciantes, productores agrarios y capas medias de la localidad, y con el trabajo de cocina de jubilados y amas de casa.

 

Las rutas fueron cortadas en lugares que afectaban decisivamente la actividad económica provincial y nacional, y aseguraban la rápida difusión en los medios de prensa y TV. A la vez estaban a la vera de barriadas populares, lo que permitió el repliegue ante los embates de las fuerzas represivas. Cuando éstas entraron en los barrios, en Libertador y en el segundo Cutral Co, donde la confrontación violenta se desarrolló en el más alto grado, ello provocó gran indignación y la respuesta masiva de decenas de miles de habitantes que en ambos casos  obligó a la retirada de la gendarmería luego de días de enfrentamiento.

 

A escala local y provincial, las fuerzas represivas movilizaron entre 300 y 2.000 efectivos. Actuaron escuadrones de gendarmería enviados por el estado nacional -fuerza militar originariamente destinada al cuidado de las fronteras-, y cuerpos especiales de la policía federal y provinciales. Operaron con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y vomitivos, armas con balas de goma. La autodefensa de los cortes se realizó con la masiva utilización de piedras y hondas con proyectiles de piedra y metal. Los pobladores utilizaron pañuelos con limón, baldes con agua para neutralizar los gases, y elementos para volverlos a arrojar contra las fuerzas represivas. Se construyeron barricadas «escalonadas» a lo largo de la ruta y se utilizaron parcialmente bombas molotov. Los habitantes de Libertador (Jujuy), luego de la derrota de la gendarmería celebraron el 25 de mayo, día de la revolución de 1810 que dio origen a la lucha emancipadora en Argentina, con un desfile popular en el que homenajearon a contingentes de “piedreros”, “honderos” y “balderos” (niños y mujeres que con baldes de agua neutralizaban los gases) organizados en el curso de los enfrentamientos.

 

Al respecto, es interesante destacar cómo se reflejaron los acontecimientos en las representaciones sociales. Los protagonistas los vincularon no sólo con la experiencia de luchas obreras y populares de años o décadas anteriores, sino incluso con el proceso de la emancipación americana en el siglo pasado. Así lo mostraron diversos hechos: los festejos señalados, en una región (el Noroeste) donde aquel proceso tuvo el más elevado grado de participación popular y perdura en la memoria histórica como componente de las tradiciones populares, más allá de las celebraciones oficiales; la identificación de las asambleas populares con las deliberaciones del congreso de 1816 que declaró la independencia de la Argentina; la apropiación simbólica de la bandera nacional en la confrontación con el poder estatal; la utilización de pasamontañas y pañuelos por los piqueteros, tanto para protección frente a los gases lacrimógenos como para preservación del anonimato y clandestinidad frente a las fuerzas represivas, que evocaban la difundida imagen de los Zapatistas; también la realización posterior, en escuelas de Cutral Co, de trabajos de docentes y alumnos sobre los hechos expuestos al público, donde “el bueno y el malo de la historia han cambiado de lugar: los héroes son los piqueteros y los villanos son los gendarmes” (Sánchez, 1997, p. 37).

 

Los cortes de ruta -desencadenante, lugar de confrontación e instrumento organizador en las puebladas- se articularon en diversos modos con huelgas generales o parciales que contribuyeron a generalizar el conflicto: en Tartagal-Mosconi, esa generalización  -pese a los movimientos solidarios en otros puntos- se vio obstaculizada al circunscribirse la huelga a ese solo departamento. En Libertador, en cambio, la extensión del movimiento a decenas de cortes de ruta en otros puntos de Jujuy se vio favorecida por las huelgas de obreros y empleados municipales y estatales de la provincia. La segunda pueblada de Cutral Co emergió articulándose con el paro docente provincial y las movilizaciones populares solidarias con el mismo.

 

La extensión de las puebladas desde los cortes de ruta a sectores populares más amplios se sostuvo y materializó en nuevas formas organizativas de participación de las mayorías. En la mayor parte de los procesos de movilización y protesta popular de los últimos años fueron surgiendo en muchas localidades y provincias las llamadas “multisectoriales”, formas de coordinación en las que intervienen desde organizaciones sindicales opositoras, campesinas y estudiantiles hasta cámaras de comerciantes y asociaciones de pequeños y medianos empresarios de las provincias, personalidades eclesiásticas, organismos de derechos humanos, partidos políticos de izquierda y alas de los partidos tradicionales. El protagonismo adquirido por las «multisectoriales» reflejó la incapacidad de las instituciones legislativas y de los representates parlamentarios para expresar políticamente al movimiento social; tendieron a convertirse en organismos de acción unitaria y en instrumento de consecución de las demandas populares en el transcurso de los procesos de lucha. También fueron escenario de agudas disputas políticas entre quienes buscaban profundizar la confrontación hasta arrancar triunfos y aislar a los gobernantes y aquellos que ponían el acento en la conciliación y la pacificación una vez logradas ciertas reivindicaciones sectoriales.

 

Las puebladas, también, generalizaron las asambleas populares, gestadas en torno a los cortes de ruta. Convocadas hasta varias veces por día en el curso de la lucha, participaban en ellas desde miles hasta decenas de miles de pobladores en los momentos culminantes. Se convirtieron en instancia de deliberación y de toma de decisiones (programáticas, sobre resistir o no la represión y la forma de hacerlo, sobre el curso y los resultados de las negociaciones, etc.)[32]. En las asambleas se unificaban los programas o listas de reivindicaciones del conjunto de sectores populares y fueron fundamentales para el respaldo de las mismas en la negociación con las autoridades, frente a los intentos de manipulación y a las propuestas más conciliadoras. Al respecto, fue intensa en su seno la discusión y disputa en torno a dos posiciones: sostener su carácter soberano, o por el contrario delegar las decisiones en representantes de determinados organismos, en elementos ligados al poder local o en personalidades políticas o religiosas en función de mediadoras. Las asambleas elegían representantes o voceros con mandato imperativo, responsables ante ellas y revocables por las mismas, que planteaban las exigencias a las autoridades formales. Frente a la norma constitucional argentina según la cual «el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes», las asambleas se erigieron en un embrión de poder paralelo que desbordó, neutralizó o enfrentó a las autoridades y, en el transcurso de la lucha, hizo efectivas sus propias decisiones.

 

Las puebladas estallaron a partir de urgencias reivindicativas; no se propusieron derrocar a los intendentes o gobernadores ni tomar el poder. Sin embargo en los hechos se produjo una verdadera situación de «acefalía» y, durante días, frente al poder de las autoridades y de las fuerzas represivas, las asambleas populares y sus representantes  fueron el centro de decisión y único poder reconocido por la población que lo avaló en asambleas multitudinarias y lo respaldó frente a la represión (en Cutral Co, hasta 35.000 pobladores sobre una totalidad de 58.000 habitantes)[33].

 

Estos esbozos de un centro de decisión y poder paralelo y contrapuesto a las autoridades formales, constituyeron un fenómeno reiterado, percibido por autoridades y comentaristas. La jueza federal que concurrió con la gendarmería a desalojar la ruta en la primera pueblada de Neuquén debió negociar con una asamblea de decenas de miles sin la presencia de las fuerzas represivas; la funcionaria formuló así  el argumento jurídico para convalidar su retiro ante la evidente disposición a resistir y superioridad de fuerzas de la población movilizada:

“…Yo pensé: ‘Acá no es un grupo, no es una fracción de un partido político, no es un gremio, acá hay un pueblo’… Yo les preguntaba:  ‘¿Dónde hay un concejal?’, y me respondían: ‘No queremos ningún político, ningún funcionario; al único que queremos aquí es al gobernador Sapag” -que se negaba a concurrir desde la capital a negociar con ‘delincuentes’-. “…Entonces pensé: ‘No tienen representantes, están actuando por aquellos que eligieron, por ellos mismos’. Me acordé de… una figura penal que está dentro del título de sedición, que es el motín, y que habla de la asamblea de los pueblos, aquél que se constituye en asamblea sin reconocer a sus representantes y pide o actúa por él. Y ahí fue cuando pensé que estaba ante una figura penal mayor-que la de la obstrucción de la libre circulación de la ruta nacional– “ … Era incompetente y me retiré”[34]. Un periodista escribió sobre los mismos sucesos: “Esto ya parece la Comuna de París, dijo uno de los más lúcidos representantes intelectuales del ‘gabinete en la sombra’ que tiene Felipe Sapag… Como en aquella rebelión parisina… surgieron en Cutral Co ‘representantes’ directos del pueblo, fuera de las instituciones que lo representan según la Constitución y la ley. Estos ‘representantes’, los piqueteros, tienen por ahora el poder de contralor sobre las acciones del gobierno”[35].

 

Las autoridades provinciales calificaron a la situación como fuera de control, tildándola de “caos y anarquía” provocados por “un asambleísmo sin orden ni lógica”; y apelaron al envío de las fuerzas de represión del gobierno federal, hasta verse obligadas finalmente a aceptar el inicio de negociaciones con los pobladores y sus representantes (Ramírez, 1997, pp 15-16).

 

También los protagonistas expresaron su percepción sobre el propio poder de decisión, así como la deslegitimación de las autoridades y dirigencias políticas formales: “Si venía uno que era autoridad, ¡chau, fuiste! [expresión coloquial]”, graficaba un piquetero en Cutral Co. Todos eran escuchados, con una sola excepción:

“Te dabas cuenta cuando alguien quería mandonear o  versear: lo echabas”. “…no tenemos instituciones, y las tenemos que crear nosotros. Asumir otro rol, otra responsabilidad… Ahora cada noche hay que pensar como si cada uno fuera intendente, cada uno fuera concejal…” (Sánchez, 1997, p.19 y 37).

 

Un final abierto

 

El ejercicio de la soberanía popular alternativo al poder oficial evidenció y profundizó la “crisis de credibilidad” de las autoridades y de las dirigencias tradicionales, expresada en los hechos y formulaciones de repudio a “los políticos”. Se fue revelando una escisión profunda entre las necesidades y caminos del movimiento popular y lo que habitualmente se considera la esfera de “la política”.

Tal escisión remite a dos fenómenos. Por un lado, la subordinación absoluta de las instituciones republicanas respecto de un poder económico y político extremadamente concentrado, que impone márgenes programáticos y mecanismos de acción política cada vez más contradictorios con las demandas populares (Mancebo, 1998, pp. 191-201). Por el otro, el modelo económico impuesto por ese poder y defendido a rajatabla por el gobierno no es cuestionado en sus fundamentos por la Alianza opositora, que ha coincidido en sostener la “gobernabilidad” hasta las elecciones presidenciales de 1999, prometiendo mantener los “logros” del “modelo”. A esto se suman los recurrentes planes de perpetuación anticonstitucional del menemismo y de “fujimorización”. Todo ello configura perspectivas crecientemente contradictorias con las necesidades de cambios económicos y sociales profundos que los reclamos del movimiento social evidencian. Esa contradicción constituye el terreno de la creciente desconfianza en el camino electoral como medio para satisfacer aquellas necesidades.

 

La separación entre la esfera de la acción electoral-parlamentaria y los movimientos populares expresados en las puebladas, está lejos de expresar una presunta “apoliticidad” de éstos. La actividad y la lucha política han atravesado desde el principio hasta el fin todos los procesos descriptos. La mayor parte de los estallidos sociales surgieron facilitados o alentados por la disputa política entre diversos sectores del poder municipal o nacional, o a partir de la búsqueda de rédito electoral por parte de fuerzas opositoras. El movimiento popular desbordó por completo esos objetivos, y fuerzas y exponentes que inicialmente habían avalado el desencadenamiento de los conflictos, se ubicaron luego en oposición activa al desarrollo de las puebladas y a sus potenciales proyecciones. En segundo lugar, como ya hemos señalado, en el propio seno de los movimientos se reflejaron agudas confrontaciones entre quienes propugnaban su profundización y generalización, y los partidarios de subordinarlos a estrategias futuras de confrontación electoral  con el gobierno. Por último, estos movimientos contribuyeron decisivamente al aislamiento político del gobierno y a su derrota en las elecciones. A la vez el plano electoral no ha operado como aglutinador de los sectores sociales y políticos protagonistas de esos procesos de protesta popular; por el contrario, ha tendido más bien a fragmentarlos. Inversamente, esos movimientos de protesta tuvieron una proyección política inmediata y de gran envergadura, favoreciendo decisivamente el aglutinamiento social y político opositor -expresado en las diversas instancias de coordinación de corrientes sindicales, organizaciones sociales y partidos políticos-, y en las marchas federales y paros, que se convirtieron en iniciativas convocantes de un amplísimo y heterogéneo espectro de sectores sociales y corrientes políticas de oposición.

 

Las perspectivas del proceso socio-político argentino dependerán de los caminos que se recorran para resolver las contradicciones económicas y sociales que la política menemista ha agudizado al extremo, a lo que se suma un horizonte de crisis económica y aguda “vulnerabilidad” externa. La generalización nacional de la protesta popular será determinante en la gestación de caminos alternativos para abrir paso a cambios profundos. Contribuyen a esa búsqueda de nuevos caminos las nuevas experiencias de movilización social y política en América del Sur, desde los movimientos de campesinos sin tierra en Brasil y Paraguay  hasta las gigantescas movilizaciones del pueblo ecuatoriano contra el plan neoliberal de ajuste estructural y privatizaciones. Contradiciendo el carácter de ineluctable que un pretendido “pensamiento único” atribuye a esas políticas, el proceso ecuatoriano ha sido el primero que logró frenar su aplicación -provisional pero exitosamente- al imponer con su lucha la destitución del propio presidente Bucaram, electo pocos meses antes.

 

Ante la acrecentada brecha entre las necesidades sociales y las políticas y caminos ofrecidos como los únicos posibles, las puebladas argentinas desde 1993 a la fecha reflejan la creciente disposición popular a convertir en posible lo que es cada vez más imperiosamente necesario.

 

 

Buenos Aires, 1999.

 

Bibliografía y fuentes consultadas

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Diarios

 

Clarín, La Nación, Página 12, La Opinión (Buenos Aires).

La Mañana del Sur (Neuquén)

Tribuna Abierta (Cutral Co)

El Tribuno (Salta)

Pregón (Jujuy)

El Liberal (Santiago del Estero)

El Independiente (La Rioja)

La Arena (Santa Rosa, La Pampa)

Río Negro (Gral. Roca, Río Negro)

La Voz del Interior (Córdoba).
Videos documentales:

· Ducournau J. L. y Diaz Gallardo J, C., realizadores (1993): Santiago en llamas. Crónica de una rebelión popular. Diciembre de 1993.

· Ogando A. y Borgogno C. (1994): Apuntes de lucha I y II, Jujuy.

· ATE, dir. Jorge Hermida, (1994): El Norte en marcha (Marcha Federal de 1994).

· Stein E. y Stein A. (1996): La pueblada de Cutral Co. Neuquén.

 

NOTAS

* Rubén Laufer, Carrera de Ciencia política, Facultad de Ciencias Sociales, e Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social (IIHES), Universidad de Buenos Aires.

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** Claudio Spiguel,  Maestría en Historia Económica e Instituto de Investgaciones de Historia Económica y Social (IIHES), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

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[1] .- En la Argentina, el voto en blanco ha constituido históricamente una conducta electoral activa, como expresión popular de rechazo a las opciones electorales predominantes; así sucedió durante las épocas de proscripción del peronismo por distintos regímenes militares; el alto nivel de abstencionismo es, también, un rasgo novedoso en la geografía electoral argentina.

[2] .- A partir del gran estallido obrero y popular de la ciudad de Córdoba en mayo de 1969, bautizado «Cordobazo», se aplicó el sufijo «azo» a casi todos los posteriores levantamientos urbanos y provinciales de similares características (ocupación de la ciudad, enfrentamiento a las fuerzas represivas, amplia movilización de masas).

[3] .- Clarín y La Nación, segunda quincena de diciembre de 1993. El Liberal (Santiago del Estero), 17/12/93. Idem: «Las noticias de los últimos 30 días explican el estallido», 21/12/93, p. 7. Ver también Ducournau y Díaz Gallardo, 1993.

[4] .- Denominación popular de las rebeliones masivas en pueblos y localidades.

[5] .- El movimiento de los empleados públicos en las principales ciudades provinciales se inició, en verdad, en los últimos meses de 1993. Ver entre otros: Clarín, 13 y 16/11/93; El independiente (La Rioja), 9 al 28/12/93; El liberal (Santiago del Estero), 13/11/93; Pregón (Jujuy), 15/3/94, 21/4/94, y 28/4/94.

[6] .- Clarín, 22/4/95, pp. 8-10; íd. 12/4/96, p. 11.

[7] .- Página 12, 18/11/95, p. 11, y 20/11/95, p. 4.

[8] .- El Movimiento de Mujeres en Lucha se constituyó el 3/6/95 en la localidad de Winifreda, provincia de La Pampa, desde donde se difundió a gran parte del país. Representantes del MML, encabezadas por un tractor conducido por la fundadora del Movimiento Lucy de Cornelis, participaron el 8 de marzo de 1996 en el acto de celebración del Día Internacional de la Mujer frente a la Casa de Gobierno (Clarín, 9/3/96, p. 35). En meses posteriores se impidió el remate judicial de la casa de la familia de Cornelis y de otras propiedades de pequeños productores rurales de La Pampa (Clarín, 22/9/96, p. 36. La Arena -La Pampa-, 21 al 25/10/96).

[9] .- Ver las Resoluciones de los respectivos Encuentros Nacionales de Mujeres.

[10] .- Página 12, 10/5/95, p. 9. El 3/2/97 sectores combativos del movimiento de jubilados ocuparon los Tribunales de Buenos Aires (Clarín, 4/2/97, p. 34). En mayo de 1998 este singular movimiento protagonizó su marcha número 350.

[11] .- Para una crónica de esta Marcha ver Semanario Hoy Nº 519 (6/7/94) y Nº 520 (13/7/94). Una Declaración de la Federación Universitaria Argentina (13/7/94) reivindicaba la presencia del movimiento estudiantil argentino en el acto de cierre de la Marcha Federal en la Plaza de Mayo, «por primera vez en la historia» con orador propio junto a organizaciones obreras y populares opositoras al gobierno menemista como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), el «Perro» Santillán y la Federación Agraria Argentina.

[12] .- La Mesa de Enlace se conformó el 24 de marzo de 1995.

[13] .- Clarín, 21/11/94, p. 11.

[14] .- Ver entre otros diarios: Río Negro (Río Negro), 3 al 5/10/95; Pregón (Jujuy), 21/6 y 3/7/96; La voz del Interior (Córdoba), 15 al 23/6/96.

[15] .- La voz del Interior (Córdoba), 14/1/97, tapa y p. 7.

[16] .- Clarín, 3/4/97, p. 60.

[17] .- Los movimientos populares de los últimos años han generalizado la modalidad del corte de ruta, en el que la población obstaculiza la circulación de grandes vías de comunicación interurbanas, incluidas rutas internacionales. También se ha utilizado esta metodología dentro de las ciudades, mediante el bloqueo de calles. El «piquete», en su origen grupo organizado de obreros movilizados para garantizar la efectivización de medidas de fuerza, se generalizó como denominación de los núcleos organizativos y de autodefensa en cortes de ruta y puebladas (más abajo se detallan sus características).

[18] .- La Mañana del Sur (Neuquén), 21 al 27/6/96.

[19] .- Clarín, 28/9/96: «La huelga tuvo altos grados de adhesión» (p. 2); «Masivo acatamiento en el interior» (p. 4); «La fuerza del paro se hizo sentir en los sitios más previsibles: el cordón bonaerense y las provincias más industrializadas como Córdoba, Tucumán y Santa Fe» (p. 5).

[20] .- La Mañana del Sur (Neuquén), 9 al 18/4/97.

[21] .- Se llamó «fogoneros» a los grupos de jóvenes que pernoctaban en los fogones que los piquetes de pobladores mantenían encendidos en los cortes de ruta.

[22] .- «Los retirados [tras la privatización de la petrolera YPF en 1990] eran en 1992 más de 3.000 personas [sobre un total de 4.000]… Muy pocos lograron insertarse en actividades nuevas: la inactividad laboral y la pobreza comenzaron, entonces, a ser los denominadores comunes». El Tribuno (Salta), 9/5/97, p. 24.

[23] .- El Tribuno (Salta), 9 al 16/5/97

[24] .- Semanario Hoy, Nº 661, 21/5/97.

[25] .- Id., ibíd.

[26] .- La crónica, documentos y declaraciones relativas al «Jujeñazo» de mayo de 1997 se han recopilado como resultado de entrevistas realizadas al licenciado Carlos Aramayo, asesor del Frente de Gremios Estatales de la provincia. Ver también Clarín, segunda quincena de mayo de 1997.

[27] .- Clarín, 29/5/97, p. 38. Id., 21/6/97, p. 36.

[28] .- Clarín, 12/7/97; Página 12, 12/7/97.

[29] .- Clarín, 15/8/97.

[30] .- «Tractorazo»: modalidad de lucha de los pequeños y medianos productores agrarios, en las que se concentran, marchan masivamente y ocupan rutas con sus tractores.

[31] .- “Toda la noche los tipos ahí parados. Ese muchacho que estaba ahí toda la noche porque estaba convencido en su cerebro… era el que se convertía en líder natural por la presencia… ese pibe de barrio… te daba confianza, te decía: bueno, andá vos, vos me representás, era como que te autorizaba, porque él era la autoridad moral del piquete”. Daniel, vecino de Cutral Co (Tribuna Abierta, 15/7/1996). “Se daba en la gente un compromiso moral, porque todos expresábamos lo que sentíamos, todo el mundo hablaba, opinaban y se respetaban las opiniones. Y en mi caso, como mujer, a veces no pensaba como ellos, no tenía la firmeza que tenían ellos, pero salía y como representante tenía que decir lo que ellos decían. Esa confianza que te tenían… más allá de lo que pensaras personalmente, ellos sabían que se iba a respetar a la mayoría”. Laura, de Cutral Co (ibidem).

[32] .- “En las asambleas lo menos que había eran 2.000 personas, era impresionante”…cuenta Ernesto, piquetero de Cutral Co. “Se hacían hasta tres o cuatro asambleas en el mismo lugar de la torre… Opinaban todos. Estaba bien”… (Sánchez, 1997, p.19). “Un piquetero se acercaba a Radio Victoria o a Radio Encuentro y decía: va a haber una asamblea, y allí se mandaba la gente. Hoy parece extraño, pero había 5.000 y decidían. Había algo común que ya estaba, como si lo tuviéramos en la cabeza antes de juntarnos”. Participante del piquete de Añelo -Cutral Co- (Tribuna Abierta, 15/7/96).

[33] .- En la Argentina de comienzos de los ’70, la rebelión popular contra la dictadura militar de Lanusse sentó un precedente histórico de conformación de un poder popular «de hecho». El 4 de julio de 1972, la «Comisión Provisoria de Gobierno» de la ciudad de General Roca (en la sureña provincia de Río Negro), constituida por las «fuerzas vivas» locales tras un gran levantamiento popular contra la represión desatada en el lugar por los personeros del poder nacional, emitía su Decreto Nº 1. La Asamblea Popular Provincial reunida allí había resuelto desconocer al gobierno provincial y «reasumir la soberanía»: se ocupó la Municipalidad, se destituyó a las autoridades, y se designó la mencionada Comisión Provisoria de Gobierno, es decir, un gobierno popular. El Decreto repudiaba al interventor federal en la provincia y pedía al gobierno nacional su relevo y la realización de elecciones directas en la ciudad «en las condiciones y reglamentaciones que la Comisión dispondrá al efecto». La Opinión (Buenos Aires), 5 al 11/7/1972.

De este modo, en la lucha contra las fuerzas represivas, el pueblo de Gral. Roca protagonizó un verdadero ensayo insurreccional, en el que tuvo importante incidencia la juventud obrera, principalmente los trabajadores de la manzana. Se produjeron divisiones en las fuerzas políticas tradicionales locales -el peronismo y el radicalismo- y en las propias fuerzas policiales. La pueblada desembocó así en un verdadero esbozo de poder paralelo que, en las condiciones de entonces -principalmente la debilidad política y organizativa de las organizaciones obreras y populares- fue hegemonizado por la burguesía zonal.

[34] .- Reportaje a la Jueza M. de Arguelles (La Mañana del Sur, 28/6/1996).

[35] .- La Mañana del Sur, 30/6/96, artículo de R. Boggi,.

Artículo publicado en “Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste. Margarita López Maya (editora), Centro de Estudios del Desarrollo, Univ. Central de Venezuela. Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1999. Pp. 15-43.

Publicacion autorizada por los autores

Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Vol. 1 a 4. 2006-2009

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