Oscar Azócar*
Resumen:
Chile ingresó en un ciclo ascendente de lucha popular por democracia y justicia social. Han sido cuestionados tanto el gobierno de Piñera como el modelo neoliberal, y se han creado condiciones para elegir un gobierno que realice cambios profundos en el país. Esto ocurre 40 años después del golpe de estado cívil-militar que derrocó al gobierno constitucional de la Unidad Popular, encabezado por el Presidente Salvador Allende. Aunque plagados de combates, los años de dictadura y transición pactada han sido especialmente largos para el pueblo, y para los comunistas y la izquierda, que han sufrido la exclusión social y política. Pero fracasaron quienes quisieron exterminarnos, y se equivocaron quienes creyeron que la exclusión nos borraría de la política nacional. Hemos celebrado orgullosos 101 años como partido político revolucionario, siempre en la lucha social y crítico de los efectos calamitosos de la transición pactada. Para ocupar la expresión de Marx, hemos contribuido al arduo -y a veces silencioso- trabajo del topo que culmina en este nuevo ciclo.
Para encontrar los nuevos énfasis con los cuales enfrentar el presente y el futuro en este nuevo ciclo, es indispensable el análisis de la historia respecto de la Unidad Popular, el golpe de estado, la exclusión del PCCh, y el nuevo ciclo político.
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1) El gobierno de la Unidad Popular
Hay quienes piensan, como Tomás Moulián o Carlos Altamirano, que el proyecto de la Unidad Popular era inviable por el carácter avanzado de su programa, y por las limitaciones que imponía la vía institucional.
Sostenemos que el gobierno de la Unidad Popular respondió plenamente a su tiempo. Realizó transformaciones profundas para convertir a Chile en una nación soberana, superar el atraso y la injusticia social, y avanzar en la perspectiva del socialismo. Sintonizó con el avance del movimiento revolucionario y progresista en el mundo, pues fue resultado de una corriente nacional anticapitalista, que irradió a sectores medios, cristianos, a un sector de las Fuerzas Armadas y también al interior del Partido Demócrata Cristiano, creando hegemonía en torno a sus valores y concepciones. Enraizado en el gobierno del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, creció en la lucha social de décadas, huelgas y paros nacionales, tomas de terrenos de pobladores sin casa, luchas campesinas, movilizaciones juveniles y estudiantiles, fundiendo la lucha social con el accionar de la izquierda.
Realizaciones históricas
El gobierno de Allende fue el más patriótico, realizador y participativo de la historia de Chile; impregnó a la política de un sentido ético con su voluntad de cumplir el programa prometido al pueblo, marcando a fuego el posibilismo con que actuó la Concertación. Llevó a cabo, en medio de la desestabilización, las principales transformaciones de su programa, varias de las cuales determinaron el desarrollo futuro del país, y se proyectan al presente como banderas de transformación plenamente vigentes. La nacionalización del cobre permitió controlar inmensos recursos financieros y destinarlos al progreso nacional y al bienestar del pueblo; todos los gobiernos dispusieron hasta hoy de esos recursos. La profundización de la reforma agraria liberó a los campesinos de las relaciones de servidumbre e inquilinaje, sentando las bases del desarrollo intensivo de la producción frutícola y vitivinícola. Se realizó, por primera vez en la historia, una radical redistribución del ingreso, aumentando los sueldos, salarios y pensiones, que permitieron a los trabajadores y sus familias acceder a mejor alimentación, vivienda digna, salud y educación gratuitas y de calidad. Aumentó la matrícula en la educación superior, y mecanismos como el convenio CUT-UTE permitieron que trabajadores con enseñanza media, incluídos uniformados, se incorporaran a carreras universitarias. Hubo acceso masivo a diversas expresiones de la cultura, ejemplo de lo cual fueron las ediciones baratas de millones de libros de la Editorial Quimantú. La política exterior fue independiente y soberana y puso énfasis en la integración con América Latina y el Caribe.
Se amplió la democracia y la participación del pueblo. La sindicalización aumentó en 1971 a un millón de trabajadores, y éstos participaron en la dirección de las empresas estratégicas a través de los Consejos de Administración y los Comités de Vigilancia de la producción. Se crearon los Consejos Campesinos para que participaran los trabajadores del campo en el proceso de Reforma Agraria, y las Juntas de Abastecimiento y Precios para combatir la especulación y el acaparamiento de los productos. Se amplió la organización y participación de los pobladores a través de las Juntas de Vecinos, Centros de Madres y organismos culturales.
“Ese movimiento de participación alcanzó por momentos características de poder popular, como durante los 26 días del paro patronal de octubre de 1972, en que los trabajadores, estudiantes, pobladores y otros sectores populares organizados y movilizados asumieron en la práctica el control de la producción y la distribución”.[1]
Unidad Popular y alianza estratégica con el progresismo DC
Se ha afirmado que el éxito de la vía institucional de la UP dependía de la incorporación al proceso de la totalidad de los sectores progresistas del pueblo, y que los comunistas eran quienes tenían más claro la necesidad de una alianza estratégica con los sectores progresistas de la DC, pero no fueron capaces de imponer esa política en los tiempos exigidos.[2] Efectivamente, aunque la coalición de gobierno era amplia y plural, la realización del programa de la UP ameritaba entendimientos más amplios, en primer lugar con la DC, y en ello se empeño la UP. Que era posible, lo demostró la mayoría UP-DC que ratificó a Allende en el Congreso Nacional, el apoyo DC a la nacionalización del cobre, a la aceleración de la reforma agraria, al fin del monopolio telefónico de la ITT. La DC aceptó la socialización de la banca, aunque en vez de la estatización proponía la cooperativización. Concordó en expandir los jardines infantiles, mejorar las pensiones, el salario mínimo y las asignaciones familiares. También en fortalecer la CUT, la organización sindical, las negociaciones colectivas tripartitas y la administración de las Cajas de Previsión por sus imponentes.
Cabe entonces preguntarse si se pudo lograr, antes del 4 de septiembre de 1970, un entendimiento con la DC que se expresara en una alianza más amplia que la Unidad Popular. Ello hubiera sido lo óptimo, pero varios factores conspiraron en su contra. En primer lugar, existían apreciaciones distintas entre socialistas y comunistas sobre el carácter y amplitud de la coalición. El Partido Socialista sostenía la tesis del Frente de Trabajadores, y descartaba la unidad con las fuerzas de centro, PR y DC. En el congreso de Chillán en 1967, endureció su posición. El Partido Comunista, partidario de la tesis del Frente de Liberación Nacional, pensaba que era posible la unidad con sectores de centro que giraban alrededor del PR y del PDC, en una amplia alianza en torno a la clase obrera, o sea, en torno al PS y PC. Primó esta concepción, y en 1952 se constituyó el Frente del Pueblo, en 1956 el FRAP, y en 1969 la Unidad Popular, concibiendo la unidad socialista-comunista como eje de la alianza amplia.
A pesar de ello, Luis Corvalán L. piensa que en el PC también existió sectarismo, lo que impidió consolidar y ampliar los vínculos y acciones comunes con la DC en los primeros tiempos del gobierno popular.
“Tras el propósito de cumplir con los objetivos que a la mayoría del país le interesaban, debimos plantearnos, en tanto se conocieron los resultados de la elección presidencial, el entendimiento a largo plazo con el Partido de Radomiro Tomic…buscar un gran acuerdo con la Democracia Cristiana…que…había coincidido con la UP en objetivos tan importantes como la nacionalización del cobre y la culminación de la reforma agraria. La mayoría de sus militantes y simpatizantes, actuando codo a codo con los de la UP, habían salido a la calle a defender la victoria de Allende, manifestaban su acuerdo con gran parte de su programa y respaldaban la posición de Radomiro Tomic, quien proclamaba que el capitalismo era incapaz de resolver los problemas del país y de los países latinoamericanos…”.[3]
Cuando la Unidad Popular se constituyó y buscaba el candidato común, ante un comentario público de Tomic, el propio Corvalán dijo públicamente: “Con Tomic ni a misa”, lo cual explicó así:
“Lo cierto y lo concreto es que se habían ahondado las diferencias y desacuerdos con el gobierno de Frei Montalva y su Partido, se había radicalizado el pensamiento político del pueblo, la Unidad Popular había crecido y las condiciones le eran a ella de tal manera favorables que habría sido absurdo que levantara o apoyara un candidato que no fuera de sus filas”.[4]
En segundo lugar, tampoco el PDC tenía disposición a un entendimiento estratégico. Convertido en el partido de centro sustitutivo del PR, no era “móvil y pendular” sino rígido e inflexible, sin disposición a las alianzas. La izquierda también era antialiancista, aspiraba al gobierno propio y su obsesión eran los peligros del reformismo debido a las negativas experiencias con el ibañismo y con Gonzalez Videla, y la dirección de las fuerzas burguesas en los triunfos de 1938, 1942 y 1946. Por ello no se pudo constituir un gran bloque democratizador, una fórmula de coalición de centroizquierda hubiera ganado en 1958, pero “las posibles fuerzas promotoras de estos proyectos tenían una racionalidad competitiva”.[5]
Sin embargo, en el marco de la corriente nacional anticapitalista, que en el PDC se expresaba como “vía no capitalista de desarrollo”; en la Junta Nacional del 2 de mayo de 1969 se produjo una fuerte discusión respecto del tema, en la que ganó por estrecho márgen la tesis del camino propio. El propio Frei tuvo que intervenir para derrotar la posición favorable a la alianza electoral con la izquierda.
“Se impuso la tesis de pronunciarse por un candidato propio y un programa netamente democratacristiano para la elección presidencial de 1970. En cambio, la posición de la mesa directiva que presidía Fuentealba, apoyada por rebeldes, terceristas y tomicistas, propiciaba la unidad con los partidos de izquierda para ese comicio, con un abanderado que no necesariamente tenía que pertenecer al partido. Tomic no aceptó ser nominado de inmediato como candidato, pese al clamor de la asamblea, que se lo pedía. Indicó, apasionadamente, que si aceptaba en ese momento una candidatura, estaría ofendiendo a los partidos populares, ya que significaría imponerse como cabeza de una posible unidad popular”.[6]
La vía institucional
Una de las principales insuficiencias de la Unidad Popular se refería al problema del poder. Primero, la mayoría de las transformaciones del programa de la UP fueron internalizadas por la conciencia popular en décadas de lucha; pero no ocurrió así con las transformaciones en la institucionalidad política, que no tenían terreno abonado. Segundo, la via institucional consistía en apoyarse en el gobierno para realizar los cambios en el marco institucional vigente, que se iría transformando gradualmente. Pero el gobierno era solo una parte del Estado, y podía tener significado estratégico si a partir de él se construía un poder popular alternativo. Durante el paro de octubre
“las JAP se multiplicaron por todo el país y los cordones industriales crecieron como regueros de pólvora. Surgían así las expresiones que fueron, a mi juicio, las mejores muestras (nacientes) de un nuevo poder: el de la comunidad organizada, empoderada con atribuciones del Estado” (…) (Las JAP tenían) “atribuciones para resolver directamente un problema que los afectaba (…) eran una prolongación del Estado y de hecho eran un poder popular naciente”.[7]
Tercero, mientras la burguesía y Estados Unidos buscaban que el proceso desembocara en el golpe o la guerra civil, la vía institucional perseguía evitar la confrontación violenta y determinaba que la política militar descansara en las FF.AA.; crear una fuerza militar propia hubiera roto la obediencia de las FF.AA. al gobierno. Dicha política militar respaldó las principales realizaciones de todo el periodo, manteniéndose a la cabeza de las FF.AA. un sector constitucionalista, a pesar que éstas poseían una historia de represión antipopular y de formación en las escuelas norteamericanas. Sólo entre 1966 y 1973, 1.182 oficiales chilenos fueron adiestrados y adoctrinados en la Escuela de las Américas.
A fines de 1971, la DC -que había desarrollado una “estrategia indirecta” de oposición- pasó a la estrategia de oposición directa mediante la acusación constitucional al Ministro del Interior, lo cual fue ratificado en 1973 por la Cámara de Diputados al declarar la ilegitimidad del gobierno. Ello significaba que la DC y la derecha quebraban su propio sistema político. Entonces, el movimiento popular recurrió a las FF.AA., ya que no había una política militar que articulara la base de masas del gobierno con el aparato armado del Estado. Se pudo utilizar la Ley de Defensa Civil,[8] que establecía la coordinación entre organizaciones sociales y las FF.AA. para prevenir o atender situaciones de emergencia, con el objetivo de aumentar la disuasión contra las acciones insurreccionales de la contrarrevolución, y si ello no evitaba una estrategia confrontacional violenta de la oposición, podría haber facilitado la reconversión del movimiento popular. O sea, aceptar que la vía institucional podía desembocar -aún contra la voluntad de la UP- en un enfrentamiento armado, y estar preparados para resistirlo. Pero nunca se resolvió ni discutió en la UP si el proceso debía orientarse hacia situaciones de insurrección obrera o a prevenir la insurrección burguesa.[9]
2) El golpe de estado civil-militar
Hasta hoy la derecha afirma que todos fuimos responsables por igual del golpe de estado. Sostenemos que la UP tuvo actitudes sectarias, cometió errores. Pero ello no invalida la responsabilidad principal que tuvieron en la organización y ejecución del golpe, la derecha, el sector freista de la DC, y principalmente, el gobierno de Estados Unidos. El Comando de Nueva Mayoría y el ex presidente Ricardo Lagos han dicho, entre otros, que “hay que distinguir los errores del pasado de los horrores de la dictadura”, y que
“había un país que funcionaba democráticamente con las dificultades de un enfrentamiento muy polarizado, pero eso no justificaba lo que vino después (…) las instituciones funcionaban, había un Poder Judicial, Contraloría, prensa libre, era un Estado democrático”.[10]
La victoria de la UP tuvo gran significación internacional. La izquierda llegaba nuevamente al poder en América Latina -esta vez a través de elecciones-, con una coalición que integraba a socialistas, comunistas, radicales, mapucistas, cristianos de izquierda y otros sectores, y un programa que se proponía avanzar al socialismo por una vía institucional, con pluripartidismo, distintas áreas de propiedad, respeto a los derechos humanos y a la oposición política. Despertó así la simpatía de pueblos y gobiernos, pero al mismo tiempo puso en peligro el sistema global de poder de Estados Unidos.
“La decisión de acabar con el gobierno de Allende en 1973 es una decisión que afectaba sin duda a los chilenos, pero que buscaba hacer un escarmiento con efectos mucho mas allá de Chile, para que fuera leído por aquellos que en Europa y América Latina pensaban entonces que tenían la libertad para elegir libremente su forma de gobierno”.[11]
Hasta 1973, la historia mostraba que cuando la izquierda y los comunistas crecieron, se frenó ese ascenso con la represión. En 1948, el gobierno de Gonzalez Videla proscribió a los comunistas con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, pero continuó funcionando el Parlamento y el resto de la institucionalidad, lo que facilitó -cuando en 1958 terminó la proscripción- que el movimiento popular se recompusiera y volviera a crecer, culminando en la constitución de la UP y la elección de Salvador Allende. La gran burguesía y el imperialismo concluyeron entonces que una democracia real no garantizaba su dominación. En 1973 destruyeron toda la institucionalidad y erigieron una nueva, diseñada para excluir para siempre a la izquierda. La Constitución de 1980 estableció un sistema electoral binominal, altos quorums para evitar reformas, papel subsidiario del Estado en la economía, y una legislación laboral que arrebató a los trabajadores los derechos a negociar, a huelga y a sindicalizarse.
La intervención del gobierno de Estados Unidos
Muchos no creen que Estados Unidos intervenga en la política nacional. Considerando la manipulación y pauteo mediáticos al que estamos sometidos, es comprensible que “el ciudadano común” tenga esa visión. Pero es menos entendible que historiadores y analistas políticos así lo asuman. Como dice Luis Corvalán M., la “historiografía local” le presta “escasa atención” a los documentos norteamericanos desclasificados, sobre los cuales “ha caído un sospechoso silencio”.[12]
En América Latina, la actividad política y el accionar de los gobiernos -sobre todo cuando promueven cambios progresistas- son monitoreados y/o controlados por la intervención, más o menos visible, del gobierno de Estados Unidos, el cual recurre a invasiones, golpes de estado, control de las FF.AA., operaciones de intoxicación comunicacional, dictaduras terroristas, mecanismos represivos continentales como la Operación Cóndor, el Plan Colombia, etc. Desde la última década del siglo XX dos factores han redimensionado ese rol: la conversión de EE.UU. en superpotencia sin contrapeso y su nueva doctrina de “guerra preventiva”, ahora contra nuevos enemigos.
El Informe Church[13] y otros documentos muestran con innumerables pruebas la intervención en Chile del gobierno de Estados Unidos, de la CIA y otros servicios, para tratar de evitar el triunfo de Salvador Allende como Presidente, después para derribar su gobierno constitucional, y posteriormente apoyando a la dictadura. En los años 80 se hizo nuevamente presente para liquidar la lucha antidictatorial, dividir el frente opositor y aislar a los comunistas.
El Informe Church revela las reuniones después del 4 de septiembre de 1970 entre Nixon, Kissinger, la CIA, directivos de ITT y otras empresas, en que se planificó y decidió el golpe de estado, la asistencia financiera para medios de comunicación, partidos y dirigentes políticos, la organización de actividades terroristas -entre el 23 de julio y el 5 de septiembre de 1973 se perpetraron 1.015 atentados, uno por hora, con un saldo de 10 muertos y 117 heridos-, el respaldo al paro de transportistas, las represalias económicas, el bloqueo de créditos, etc. En una de esas reuniones, realizada el 14 de septiembre, participó Agustín Edwards -propietario de la cadena El Mercurio y amigo personal de Donald Kendall, presidente de Pepsicola y financista de las campañas de Nixon, para reclamar el golpe.
También el informe registra la relación con los “actores internos”. Estados Unidos en los años 60 había elegido a Chile para aplicar el modelo reformista y modernizador de la Alianza para el Progreso, concebida para contener el avance de la izquierda en América Latina después de la Revolución Cubana; y en 1962 asignó al PDC -2 años antes de la elección presidencial- un rol especial para derrotar al movimiento popular encabezado por Allende. El PDC fue por tanto el partido que más recursos financieros recibió, 50.000 dólares en 1962, 180.000 en 1963, 160.000 en 1964, aportes todos ellos destinados al trabajo poblacional de la DC. En 1964, 2.600.000 dólares para apoyar al candidato DC, buena parte de lo cual se destinó a la “campaña del terror” contra Allende. En la campaña de 1970, la CIA gastó de 800.000 a 1 millón de dólares en acciones clandestinas para influir en los resultados electorales. Empresas norteamericanas también entregaron cuantiosas sumas. Después que Allende ganó, Nixon indicó en las reuniones iniciales de planificación que se podía disponer de 10 millones de dólares para la desestabilización y conspiración golpista. Después que Frei fue elegido, entre 1964 y 1970, el informe Church estima que la CIA gastó alrededor de 2 millones de dólares en operaciones secretas. En el mismo periodo, la ayuda que el gobierno de Frei recibió de los gobiernos de Johnson y Nixon sobrepasó los 1.000 millones de dólares, según relata Kissinger en sus memorias.
Hay otros antecedentes que confirman la intervención norteamericana en esa época. En 1965 la prensa chilena denunció el llamado Plan Camelot,[14] investigación que se realizaba en Chile y otros países de América Latina. “El proyecto pretendía aislar los factores capaces de provocar cambios revolucionarios en las naciones en vías de desarrollo en el mundo, y determinar los medios de que se valen los comunistas para aprovecharse de estos factores en su afán de apoderarse del poder o fomentar una guerra como la de Vietnam”, respondió un funcionario del Pentágono al preguntarle un periodista por el propósito del proyecto. La Cancillería expresó a la embajada de Estados Unidos “el malestar y preocupación del gobierno por esta clase de actividades que constituyen un acto de abierto intervencionismo”, y la Cámara de Diputados constituyó una comisión investigadora; el Pentágono anunció entonces que el plan no se realizaría.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados señaló en sus conclusiones el 15 de diciembre de 1965:
“(…), la Comisión ha llegado a la conclusión de que el Plan Camelot forma parte (…) de un vasto plan (…) de los Estados Unidos (…) sin ajustarse a otra norma que la de su propia conveniencia (…) sin comprender que puedan existir en América Latina movimientos populares que son ajenos a la experiencia norteamericana, y sobre los cuales no caben pronunciamientos de países extraños (…) el Plan Camelot y la política y el espíritu que lo guían son inaceptables para Chile y América Latina por razones elementales de dignidad”.[15]
En mayo de 1969, durante la Junta Nacional del PDC, Renán Fuentealba comentó la opinión de Edward Korry, embajador de Estados Unidos en Chile, de que el PDC debía ceder el paso a la candidatura de Jorge Alessandri, quien haría un gobierno de corta duración y la DC retornaría entonces al gobierno. Posteriormente, a fines de noviembre, el senador Fuentealba denunció en el Senado que el gobierno norteamericano y la CIA estaban involucrados en la preparación de un golpe de estado.[16]
El juez Juan Guzmán, que investigó entre otras cosas la conexión de la dictadura de Pinochet con la Operación Cóndor, afirma que:
“Los estadounidenses no solo prepararon todo –formaron, entrenaron y equiparon a nuestros militares- sino que, además, introdujeron en nuestros soldados el odio al socialismo. Un odio visceral que fue el origen de todas las crueldades. Estados Unidos introdujo en nuestras mentes una auténtica paranoia. Fíjese en cómo reaccionó la Junta Militar: con método y empeño. Como si hubiera que erradicar un mal. Como si hubieran eliminado una enfermedad, un peligro que amenazaba a nuestras familias. Nunca se dirá lo suficiente sobre la responsabilidad de Estados Unidos en aquella carnicería, en todos los niveles del golpe de estado y la represión posterior…De hecho, Kissinger está citado para declarar en varios de mis expedientes, sobre todo el relativo a la Operación Cóndor, pero Washington nos ha contestado que no vendrá”.[17]
En su afán de minimizar el golpe y responsabilizar a todos por igual, se ha dicho que el financiamiento norteamericano a los actores internos de la sedición tenía como contraparte el financiamiento de la URSS al PC. Si bien existió alguna ayuda, sus montos y finalidades son absolutamente incomparables. Pero claro que en los 70 la URSS era el enemigo de la “guerra fría” de EE.UU. Los norteamericanos por tanto querían saber si la URSS apoyaría o no a la UP en caso de confrontación. Su conclusión fue que los soviéticos no iban a involucrarse, pues el Ministro de Relaciones Exteriores soviético le había afirmado al Secretario de Estado yanqui que la URSS no ayudaría a la Unidad Popular. 14 meses después ello se convertía en un hecho irrefutable: los soviéticos rechazaron la solicitud de Allende de un préstamo de 500 millones de dólares para cubrir el déficit de la balanza de pagos.[18]
Los soviéticos tenían incertidumbre acerca de la viabilidad del proceso chileno. K. Jachaturov, ex vicepresidente de la agencia de prensa Novosti, señala que la negativa a entregar los créditos se debió probablemente a la evaluación del proyecto de la UP como no viable[19]. Nikolai Leonov, ex vice director de la KGB (Comité de Seguridad del Estado) y Doctor en Historia de América Latina, afirmó que en la URSS tenían simpatía por la Unidad Popular pero no creyeron en su éxito. Agregó que en 1973 tenían datos seguros de que se preparaba el golpe de estado, pero no había forma ni decisión de intervenir en una zona tan lejana debido al debilitamiento del socialismo en Europa, la agudización de tensiones con China y la correlación de fuerzas desfavorable en Chile.[20]
En síntesis, la URSS y el PCUS no evaluaron con suficiente profundidad el impacto que pudo haber tenido en el mundo, en particular para el movimiento revolucionario y progresista, el desarrollo exitoso del proceso de la UP. Fueron escépticos sobre un triunfo electoral de la UP y sobre la viabilidad del proceso, y es probable que su política de coexistencia pacífica entre Estados los haya autolimitado para entregar un apoyo mayor. El referente distinto fue la Revolución Cubana, cuyo apoyo y solidaridad internacionalistas estuvieron en todo momento.
Intervención antes de los años 60
Es menos conocida la intervención norteamericana previa a los años 60, que se inició en 1944 cuando el presidente Truman declaró la “Guerra Fría”. Refiriéndose a ese periodo, dice Joan Garcés:
“En 1947 (Chile fue enrolado) en la Coalición contra la Unión Soviética. Coalición que englobaba tanto a los Estados aliados de EE.UU. como a sus instituciones multilaterales económicas –Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial- y políticas –como los partidos y fundaciones agrupados en las Internacionales Democristiana y Socialdemócrata, ambas con su centro de gravedad en la RFA…”. Esto “se llevó a cabo…por la vía del control de hecho sobre la persona del jefe del Estado…”. “En octubre de 1945, el presidente Juan Antonio Ríos viajó a EE.UU.(…)”, y “aceptó someter Chile a la estrategia político-militar de Washington en un tratado multilateral [el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, firmado en 1947]. Pidió, además, subordinar Chile a EE.UU. mediante un tratado militar bilateral, y con gran satisfacción Truman le tomó la palabra”. Washington concluyó que “Ríos va a tener en el futuro las menores relaciones posibles con los dirigentes comunistas, incluso hasta el extremo de no recibirles en La Moneda, excepto en ocasiones formales cuando el protocolo lo exija…”.
En 1946, Gabriel González Videla incorporó al PCCh en el gobierno.
“Pero tres días antes de que asumiera la Presidencia –el 4 de noviembre de 1946- ya el director del FBI transmitía al Departamento de Estado que fuentes informadas chilenas son de la opinión de que el Partido Comunista no estará representado en el gabinete González Videla más allá de seis meses”.
A Truman
“no le bastaron las promesas del Presidente electo y, como primera medida, en noviembre de 1946 ordenó el bloqueo financiero…EE.UU. suspendió todos los créditos a Chile, y ordenó al Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundial) que rechazara una solicitud de préstamo por 40 millones de dólares. Lo que este cumplió. En abril de 1947, los ministros del PCCh dimitían del Gabinete…Pero Washington exigió entonces más. Cuatro meses después, en agosto, Gonzalez destituyó a todos los cargos medios en la administración pública que militaban en el PC. Tampoco bastaba. En octubre de 1947 clausuró el diario El Siglo y, prueba última para la Coalición de la Guerra Fría, rompió las relaciones diplomáticas de Chile con la Potencia europea (la URSS). Solo entonces el gobierno Truman levantó el embargo financiero, el Export-Import Bank concedió a Santiago un préstamo de 23 millones de dólares”.
Para hacer aprobar la proscripción del PCCh, Gonzalez Videla inventó “conspiraciones y huelgas insurreccionales”, de forma parecida al Plan Zeta de 1973. El pretexto en 1948 fue que la URSS, Checoslovaquia y Yugoslavia fraguaban una revolución en Chile, razón por la que se rompieron relaciones con esos países.
“De la campaña de intoxicación se responsabilizó, como en todas las operaciones contra la izquierda anteriores y posteriores, la empresa editora del diario El Mercurio…”.[21]
En este esquema encajó bien la creación de “una organización secreta para combatir el comunismo en Chile…la llamada Acción Chilena Anticomunista, ACHA, que usaría la “desinformación” y “propaganda negra” propias de las “campañas de terror psicológico”.
Pedían la ayuda estadounidense, que les fue entregada.[22] Toda esta operación intervencionista fue una adaptación de los métodos aplicados por EE.UU. en Italia.
Estados Unidos y sus aliados internos actuaban así contra los comunistas porque se sentían amenazados por su crecimiento electoral. En 1941, el PCCh había aumentado un 210% respecto de las parlamentarias anteriores, obteniendo el mayor crecimiento electoral, absoluto y porcentual, en relación con los otros partidos. En las elecciones municipales de 1947 nuevamente el PCCh aumentó un 110% respecto de las municipales anteriores, obteniendo un 16,5% de la votación nacional. Los partidos de la derecha habían disminuido su votación en ambas elecciones.[23]
La derecha fascistizada
En los años 60 culminó un proceso de crisis y reformulación de la derecha. Sus partidos, Liberal y Conservador, venían disminuyendo su votación desde el 40% en 1941, hasta llegar al 12,9% en 1965. Se trataba de una derecha oligárquica de “carácter residual”, pero que en esos años producía el “parto” de la nueva derecha política con la emergencia simultánea en 1966 de dos nuevos exponentes: el Partido Nacional y el Movimiento Gremial de la Universidad Católica. El Partido Nacional fusionó los 2 antiguos partidos, sumándose grupos nacionalistas. En 1967 planteó la idea de un “gobierno fuerte, impersonal y nacional”, en 1969 apoyó subrepticiamente el tacnazo, y en 1970 respaldó la candidatura presidencial de Jorge Alessandri, difundiendo en la campaña su documento “La Nueva República”, que calificaba el orden institucional vigente como “peligrosamente inadecuado para la época actual” y hacía recaer en las FF.AA. el rol de salvar el Estado.
El Movimiento Gremial de la Universidad Católica era una mixtura entre conservadurismo y cambio, con rasgos de catolicismo integrista, ardorosa defensa de la propiedad privada y un acendrado anticomunismo. Su líder, Jaime Guzmán, participó activamente de la lucha contra la Unidad Popular, escribía artículos que alimentaban la campaña del terror. Un sector de los gremialistas se formó en la Universidad de Chicago mediante el intercambio con la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Santiago, que existía desde los años 50.[24]
En la medida que el movimiento popular crecía y se perfilaba con posibilidades de ganar el gobierno, se intensificó el anticomunismo y la tendencia a la fascistización, estimulada por la intervención de Estados Unidos entre 1963 y 1973. Bajo la dirección de la CIA se creó Patria y Libertad, que participó en el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, en 1970. El producto final fue la UDI
“que nació bajo el alero del régimen militar encabezado por el general Augusto Pinochet, convirtiéndose en el heredero del proyecto de modernización puesto en vigencia bajo su égida y cuyos ideólogos y gestores fueron, precisamente, quienes dieron vida en 1983 a la UDI”.[25]