La guerra civil española
Santiago Macías
Durante los años posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco, los principales partidos políticos de la izquierda española acordaron, con los responsables de la dictadura, dejar de lado el pasado y no exigir justicia para las miles de víctimas del franquismo. En los genes de la democracia que se recuperaba se inscribió una Ley de Amnistía que dotó de impunidad jurídica y política a todos los responsables de numerosas violaciones de derechos humanos.
Paradójicamente, la citada ley fue aprobada en octubre de 1977 con los votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Comunista de España (PCE). Las dos formaciones políticas que deberían haber luchado por la reparación a las víctimas, consideraron que era más oportuno el establecimiento de una ley “de punto final”.
Al margen de esos partidos políticos, en los últimos años se ha iniciado en España un proceso de recuperación de la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista. Para algunos politólogos se trata de una respuesta a los ocho años de gobierno del Partido Popular, en el que tanto el presidente José María Aznar, como varios de sus ministros, pertenecían a familias que ocuparon puestos de responsabilidad durante la dictadura franquista.
Pero se trata, sin duda, de un proceso estrictamente social, protagonizado principalmente por los nietos de los republicanos que perdieron la guerra civil y padecieron la dictadura, que han decidido dignificar de forma colectiva su memoria familiar. Una generación que no participó en el pacto de silencio sobre el que se edificó la transición y se ha puesto en marcha para “olvidar el olvido”.
En el mes de octubre del año 2000, un grupo de arqueólogos y forenses exhumó una fosa común en la que se encontraban los restos de trece civiles republicanos asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936. La excavación tuvo lugar en Priaranza del Bierzo, un pequeño pueblo de la provincia de León. Durante los días en que se llevó a cabo, numerosos familiares de desaparecidos se acercaron allí para pedir ayuda. Esa fue la semilla que dio lugar a la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
A partir de ese momento, se inició un movimiento social al que se han incorporado cientos de familiares y personas afines. De entre ellos, algunos tienen militancia política pero lo que todos comparten es la pertenencia a familias de republicanos que fueron asesinados, detenidos o desaparecidos por la dictadura.
Durante los años posteriores a la guerra civil, entre 1939 y 1942, el general Franco ordenó la apertura de una gran investigación para determinar quiénes y cuántos habían sido “sus muertos” durante la guerra. Una fiscalía creada específicamente para ello, reunió toda esa información en lo que se conoce como Causa General. Como consecuencia de ello, miles de muertos franquistas fueron exhumados y enterrados en cementerios y sus familias recibieron numerosos beneficios por parte del Estado: puestos en la administración, becas para estudios y comercios que necesitaban una licencia administrativa, como estancos o administraciones de lotería.
Mientras tanto, las familias de los republicanos, luchaban por sobrevivir, perseguidos por el régimen dictatorial que utilizaba un estricto control social que ejercían las autoridades locales. Con respecto a sus seres queridos desaparecidos, preguntar por ellos o hacer una gestión para buscarlos, significaba hacer una reivindicación de la causa política contra la que se había sublevado el general Franco y eso podía ponerlas en peligro. Un peligro objetivo, si tenemos en cuenta que durante la posguerra, en tiempo de “paz”, el régimen fusiló a más de 45.000 personas. En ese contexto sociopolítico, las familias republicanas se vieron obligadas a esconder su identidad y reprimir su propia memoria.
Durante los cuarenta años que duró el régimen franquista, las familias republicanas fueron despreciadas públicamente, calificadas de “antiespaña”. Mientras, las que apoyaron la construcción de la dictadura eran utilizadas como un ejemplo social de sacrificio y entrega a una causa que supuestamente garantizaba el bien común.
Cuando terminó la dictadura y se inició el proceso de recuperación de la democracia, las familias de las víctimas no pudieron contar con sus representantes políticos para rebatir los argumentos con los que el régimen franquista había educado, vigilado y castigado a dos generaciones de españoles.
Las impunidades jurídica y política que obtuvo la élite franquista con la Ley de Amnistía, no incluían la social. Nadie conocía cómo iban a reaccionar los familiares de los miles de desaparecidos republicanos que permanecían en fosas comunes y cuyo deseo natural, de dignificar a sus seres queridos, había entrado en conflicto con los partidos políticos que habían decidido condenarlos al olvido.
En el año 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales tras la muerte de Franco. En ellas, los partidos políticos que habían sido clandestinos durante la dictadura obtuvieron importantes alcaldías. Muchas personas vieron ese cambio político como la señal que estaban esperando. En zonas de España como La Rioja o Navarra comenzaron a realizarse numerosas exhumaciones y en algunos casos, como en Calahorra, llegaron a manifestarse delante de las casas de los pistoleros de falange exigiendo justicia.
Eso movimiento social se extendió durante dos años, hasta el 23 de febrero de 1981. Ese día el teniente coronel de la guardia civil, Antonio Tejero, irrumpió en el Congreso de los Diputados con la intención de dar un golpe de Estado. Al grito de: “Quieto todo el mundo”, entró en el hemiciclo empuñando su pistola. Ese día, miles de personas sintieron el miedo en el que habían sido educados durante la dictadura. Muchas corrieron a las tiendas para llenar sus casas de comida; la reactivación del miedo les recordó el hambre que habían padecido durante los primeros años de la dictadura y activó la represión de su memoria, a la que habían sido obligados en los años del franquismo. Eso hizo que el movimiento social que se había iniciado, quedara interrumpido.
Un año y medio después del intento de golpe de Estado, llegó al gobierno el Partido Socialista, liderado por Felipe González. Durante los catorce años que permaneció en el poder, mantuvo vigente el acuerdo tomado durante la transición de no buscar responsabilidades entre los supervivientes franquistas, lo que incluía no prestar ayuda a las víctimas de la represión.
El proceso iniciado en los últimos cinco años ha surgido al margen de los partidos políticos. En este tiempo, la sociedad española ha conocido colectivamente su propia historia. La realidad de los niños secuestrados a las presas republicanas, como en Argentina; la existencia de decenas de campos de concentración en los que fueron confinados más de 400.000 republicanos; los acuerdos tomados por Franco y Hitler para que miles de republicanos fueran deportados al campo de concentración de Mathausen, o la existencia de más de 30.000 desaparecidos que permanecen en fosas comunes o que fueron echados al mar para que no quedara ni rastro de ellos. También hemos conocido la existencia de miles de “esclavos políticos” que durante años llevaron a cabo obras públicas y privadas.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha supuesto un gran impulso para este proceso. La causa de los desaparecidos ha ocasionado un gran impacto en la opinión pública española y su labor ha tenido mucho que ver con el hecho de que el 20 de noviembre de 2002, el Parlamento español condenara por primera vez, y por unanimidad, el golpe de Estado franquista e hiciera un reconocimiento expreso de sus víctimas.
Ese proceso ha sido el causante de una reacción por parte de la derecha que sociológicamente continúa vinculada al franquismo. En los últimos años ha crecido un proceso de revisionismo histórico que trata de difundir, en pleno siglo XXI, la misma interpretación de la guerra civil y de la dictadura franquista que durante años ofreció el régimen del dictador Francisco Franco.
En el documental de la Televisión de Cataluña “Las fosas del silencio” (2002), una mujer que acudía a una misa en recuerdo de los muertos franquistas fue preguntada por las exhumaciones de las fosas de los republicanos. Su respuesta fue la siguiente: “Esto es una campaña orquestada por el diablo, lo están estropeando todo, nosotros que ya les habíamos perdonado”. Es evidente que ese perdón nunca ha existido, pero la frase que representa perfectamente los beneficios del olvido obtenidos por los franquistas es “lo están estropeando todo”. La mujer estaba enunciando, de ese modo, que la transición lo había dejado “arreglado todo”, para los miles de franquistas que no han tenido que asumir ninguna responsabilidad por la destrucción de la primera democracia que tuvo España, la II República española, y el asesinato, la detención ilegal y el exilio de cientos de miles de personas.
El cambio de gobierno ocurrido en España en marzo de 2004 ha supuesto una transformación en la relación de las instituciones públicas con la memoria histórica. En esta nueva etapa de gobierno socialista ya no sirve el argumento de que existe un peligro de involución militar y, por lo tanto, las posibilidades para frenar el proceso son menores. De hecho, en julio de 2004, el Consejo de Ministros anunció la creación de la Comisión Interministerial para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. Este organismo tiene por objeto estudiar la situación de las víctimas y tomar medidas para asistirlas y reparar el daño causado por la guerra y la dictadura.
Desde muchos sectores sociales se desconfía de las medidas que en el plazo de este año 2005 tomará el gobierno. El miedo a despertar a sectores de la extrema derecha que han permanecido inactivos está presente. En la madrugada del 16 de marzo del presente año, el gobierno decidió retirar una estatua ecuestre del general Franco, que permanecía expuesta en una vía pública en Madrid. La retirada se llevó a cabo de noche, sin avisar a nadie, con la excusa de no dar oportunidad a la presencia de seguidores del régimen franquista que hubieran tratado de evitar la retirada. Pero muchos sectores de izquierda consideraron indignante la medida, por no haber podido asistir a lo que se hubiera convertido en “una fiesta de la democracia”.
Si el gobierno socialista decide afrontar con responsabilidad las labores que debería llevar a cabo tendrá muchas tareas que desempeñar. Todavía existen en España miles de calles y monumentos que ensalzan a los generales franquistas. En los centros de enseñanza los contenidos que se imparten acerca de la historia de la segunda república, la guerra civil y la dictadura franquista es extremadamente deficitaria. Miles de jóvenes desconocen quién era el general Franco y qué consecuencias tuvo su golpe de Estado; e incluso, los restos del dictador permanecen en el Valle de los Caídos, un gigantesco mausoleo que se sostiene con los impuestos de todos los ciudadanos.
El actual proceso que se está dando en España debe servir para construir y reconstruir nuestra memoria democrática. Es una deuda que tiene nuestra sociedad con los miles de personas que padecieron el franquismo y con otros muchos miles que han muerto en estos años de democracia sin haber recibido ningún reconocimiento institucional.
Durante una excavación que llevamos a cabo en el verano de 2002 un hombre nos regaló una ilustración de Castelao, un intelectual gallego muerto en su exilio de Buenos Aires. En el año 1937 realizó una colección de dibujos con el título de “Galicia mártir”. En el que nos regalaron ese día podía verse a un grupo de hombres que echaban cadáveres dentro de una fosa común. Y debajo podía leerse una leyenda que decía: “No entierran cadáveres, entierran semillas”. El dibujo explicaba perfectamente el proceso en el que estamos; recogiendo esas semillas que nos dejaron los hombres y las mujeres que construyeron nuestra primera democracia y fueron asesinados por ello. Sus nietos somos un “accidente sociológico” que no habían previsto quienes diseñaron el olvido. Y estamos dispuestos a dignificar su memoria y que ocupen en la historia el lugar que merecen.
(1) Vicepresidente de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica)
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Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Vol. 1 a 4. 2006-2009
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