Las luchas por el agua en Bolivia ¿Cómo surge un movimiento anti privatizador a finales del siglo XX?

Diana Carolina Pérez Mendoza*

 

Resumen

Durante la década de los noventa comienza una reorganización de los movimientos sociales, los cuales  entran en escena en la ciudad de Cochabamba ante el aumento de las tarifas del vital líquido, en la conocida “Guerra del agua” ocurrida en el año 2000. Ese hecho fue una fiel evidencia del nacimiento de una nueva dinámica política, que va a chocar con un modelo económico y político que caracterizó a la democracia Boliviana nacida tras el final del régimen militar.

Esos movimientos en defensa del agua van a lograr una reunificación de los movimientos sociales, los cuales tendrán una resonación mundial por el éxito de esa movilización, que llevó a la revocación del contrato de privatización y la expulsión del Consorcio Agua del Tunari de la ciudad.

Un aspecto de interés es la activa participación de la ciudadanía en ese evento, fiel evidencia de que estaba naciendo una nueva forma de hacer política, durante una época donde los partidos de izquierda tradicionales habían abandonado muchas de sus banderas, para defender a capa y espada las ideas privatizadoras, como el única camino viable para el desarrollo de Bolivia.

 

* * *

 

A- El proceso de privatización en Bolivia y su subordinación a las políticas neoliberales del FMI


Entre los años 1977-1982 Bolivia inició el camino hacia la transición democrática en un país afectado por una economía en crisis, donde los factores políticos fundaron un nuevo sistema que tuvo como principal baluarte “la política de pactos”. De esa forma la democracia que nació en la década de los ochenta fue producto de una transición pacífica donde los representantes de la dictadura militar entraron a la arena política, como fue el caso del General Hugo Banzer, quien fue presidente del régimen militar durante el período 1971-1978.

 

De esa manera se estableció la democracia pactada donde el Congreso y las alianzas políticas serán determinantes de allí que sea común la alternancia en el poder, del  Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) partido más antiguo de Bolivia fundado en 1941, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) partido de izquierda de ideología marxista, y Acción Democrática Nacionalista (ADN) creado en 1979 que defendía la economía de mercado y la democracia representativa.

 

Así el componente económico va a ser muy importante en la dinámica de la política boliviana en los años 80, sobre todo como consecuencia de las erradas medidas económicas tomadas por los gobiernos militares.

 

En el período de transición 1978-1982 la inestabilidad y lo breve de los gobiernos hizo imposible tomar decisiones eficientes, ante el drama financiero que afectaba a la población más pobre.

 

Todo ese drama se debió a que los militares tomaron medidas orientadas a insertar a Bolivia en la órbita de los estadounidenses alejándose de la esfera regional. Esa preocupación por mantener una política demasiado cercana a EEUU le cobró una factura muy cara al país, que trajo como consecuencia la toma de decisiones equivocadas que hicieron insostenible el mantenimiento en el poder de los militares.

Esa catástrofe económica fue heredada por la democracia, así en 1985 la crisis recaía en la hiperinflación con una tasa superior al 8.000%, déficit fiscal por encima del 80% del gasto público, así la crisis fiscal era insostenible y se requerían de medidas urgentes para disminuirlo al igual que la deuda externa, de esa forma entraron los organismos internacionales en la escena política boliviana.

 

La diferencia en el aspecto económico de la democracia y la dictadura, fue que los militares se destacaron por ser unos pésimos administradores dejando al país bajo el terrible peso de la deuda externa y sin capacidad de negociación ante los organismos internacionales, por ello los regímenes democráticos no tuvieron otra alternativa que aceptar las recetas de los organismos internacionales.

 

El triunfo de Víctor Paz Estenssoro como presidente para el período 1985-1989 constituyó un punto de quiebre para la izquierda boliviana, ya que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) volvía al poder, el que fuera un partido histórico que gobernó durante la denominada “Revolución de 1952” bajo el liderazgo del mismo líder Paz Estenssoro, pero en esta nueva oportunidad tuvo que aplicar medidas muy alejadas de sus consignas del pasado.

 

De esa forma se puede denominar ese período como “Auge y caída de la izquierda”, ya que ese triunfo contradictoriamente significó su partida de defunción en la política boliviana, al aplicar medidas anti populares que golpearon a la población y a la base de su electorado.  (Suárez, H. 2005. Pg. 139)

 

Esas reformas económicas vinieron de la mano de la represión gubernamental, que buscaba silenciar las protestas contra las medidas neoliberales. La más común fue la aplicación de los estados de sitios para acallar el malestar popular, como ejemplo tenemos los dos que se tuvieron que aplicar durante la administración de Víctor Paz Estenssoro, uno generado por las protestas al decreto 21060 (adopción de un paquete de reformas que buscaban insertar al país en el libre mercado) y otra en noviembre de 1986, en respuesta a la movilización de los mineros contra la relocalización, la cual produjo 23 mil despidos.

 

 

De lo anterior es evidente el terrible mal que le causó a la democracia boliviana esa represión que demostraba el malestar y las debilidades del consenso en relación a las medidas económicas, aunado a la crisis de gobernabilidad, la cual se fue acrecentando con el transcurrir de los años llevando a los partidos a un proceso de severo desgaste del que no pudieron dar respuesta.

 

Un elemento clave de ese descontento fue la ya mencionada política de pactos que con el transcurrir de los años permitió estabilidad, pero a su vez generó que el electorado no percibiera diferencia entre los programas de los partidos. Así las alianzas buscaban mantener las bases de un sistema que al momento de grandes protestas sociales como las del año 2000, no tuvo respuestas provocando su desaparición.

 

Además la política de pactos aunado a la desarticulación de los movimientos sociales ligados a la  escasa militancia popular de los partidos, explican porque los firmantes de esos pactos no tomaban en cuenta a vastos sectores de la población. Así la política fue protagonizada por empresarios y gerentes que habían sido los principales beneficiarios de las reformas económicas.

 

Abriéndose el camino hacia una corporatización de la política que es una de las banderas del neoliberalismo, donde son los gerentes y empresarios quienes deben tomar las riendas del país por ser los más preparados para lograr el desarrollo económico.

 

Pero esas reformas económicas si lograron estabilizar la economía, aunque la población fue cada vez más crítica de la incidencia de esas medidas en su calidad de vida, ello explica la explosión de malestar que vivió el país a principios del siglo XXI.

“El balance de dos décadas de aplicación del modelo neoliberal, según el Informe del PNUD de 2004, reveló ser desastroso: de 1999 a 2002, la incidencia de la pobreza pasó de 63% al 64% y la Tasa de Desempleo Abierta de 4,33 a 5,54.” (Alenda, S. Año 18. Pg. 8).

 

Ello explica como en cada elección las diferencias de los votos fue siendo cada vez más pequeña, lo cual explica el por qué la abstención fue aumentando de forma preocupante. La razón entre otros factores se encuentra en una inversión pública la cual según el Informe de Desarrollo Humano de la ONU del 2002, era proveniente en un 50% de los recursos de la cooperación internacional, aunado a una disminución de la pobreza entre los años 1994-1997 (los más exitosos en cuanto a crecimiento del PIB) de apenas 1%.

 

B- La privatización del Agua en Cochabamba: Primera campanada del descontento popular

 

La democracia boliviana que se había basado en la denominada “política de pactos” y en la aplicación de “estados de excepción”, entró en crisis en el siglo XXI al no poder dar respuesta al descontento popular ante las consecuencias de las políticas neoliberales.

 

La izquierda tradicional MIR y MNR no tuvieron ningún tipo de respuestas ante ese descontento, ya que sus alianzas políticas los habían debilitado. Mientras grupos antisistemas comenzaban a tomar fuerza, los partidos que habían promovido y apoyado las políticas neoliberales no tenían ninguna propuesta para los sectores que más sufrían por las radicales medidas económicas.

 

Haber gobernado de la mano del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada 1993-1997 postulado por el MNR, quien aplicó un paquete de reformas neoliberales mucho más radicales que no generaron ningún tipo de bienestar en la población, trajo como consecuencia que el sistema político en las elecciones de 1997 empezara a mostrar signos de desgaste.

 

Como ya hemos visto, comenzando el siglo XXI la situación no era nada alentadora, pese a que existían indicadores económicos positivos como la reducción de la inflación y el crecimiento, la situación de la población no había mejorado, manteniéndose altos índices de pobreza.

Al revisar Informes de la PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), queda en evidencia como Bolivia mostraba una sostenida y marcada recuperación económica, pero los indicadores sociales dejaban en claro como aún el país estaba bastante rezagado en esa materia.

 

No obstante al pasar al escalafón país de desarrollo medio Bolivia seguía siendo marcadamente desigual, aunado a que aún era un productor de materias primas sin un sector industrial importante y continuaba dependiendo de la ayuda extranjera.

 

Uno de los grandes dilemas del crecimiento económico es que a su vez traiga beneficios a la población, el problema de Bolivia fue que los gobiernos fracasaron en esa materia, se centraron sólo  en el apartado macro-económico dejando de lado las necesidades de la población.

 

Por esa razón el malestar popular estaba más vivo  que nunca, los gobiernos de turno seguían cumpliendo al pie de la letra los dictámenes de los organismos internacionales, los cuales pedían la privatización de varios sectores incluyendo el del agua, el cual significó el comienzo de una lucha popular que arrastraría tras de sí a los viejos partidos políticos.

 

El dilema ¿El agua es un derecho o un negocio?

 

Con la ideología neoliberal en el tapete fue bastante común que se debatiera el tema del acceso al agua, ya que a partir de la década de los noventa bajo la premisa de las privatizaciones parecía que no  había sector que se salvara de ser vendido.

 

Como ya hemos visto en América Latina en los años 80 y 90 las privatizaciones fueron vendidas como el camino a seguir, mientras más pequeño fuera el aparato del Estado y más fuerte fuera el sector privado, los países se encontraban en la ruta segura del desarrollo.

 

El gran problema era cuando esas privatizaciones tocaban servicios básicos como el caso del acceso al agua, tema controversial a nivel mundial porque muchos grupos y movimientos antiglobalización, son fieros críticos de las compañías transnacionales dedicadas a la administración del agua.

 

El debate sobre las características del mercado del agua son fiel evidencia de los cambios que a nivel mundial trajo la década de los noventa del siglo XX, donde el libre mercado fue vendido como el sistema ideal, luego del derrumbe del Socialismo en Europa del Este.

 

Hasta en países del denominado primer mundo este debate se convirtió en un tema de interés como lo refleja el trabajo de investigación de Mohamed Larbi Bouguerra titulado: Las Batallas del agua (por un bien común de la humanidad), en el mismo explica el caso de los EE.UU donde muchos estados han tenido que dar marcha atrás a la privatización del agua, por las protestas ciudadanas de aumento desmedido de las tarifas y desmejoras del servicio.[1]

 

América Latina no escapó a ese dilema, mientras los organismos internacionales vendía que la fórmula mágica era venderlo todo, ya que el sector privado era el mejor administrador, la cruda realidad de la ineficiencia de los servicios públicos en los países del tercer mundo parecía darles la razón, pero lo que no se discutía eran los altos costos que estos tendrían bajo la administración privada.

 

La cada vez más incipiente privatización del agua a nivel mundial chocaba con muchas tradiciones de pueblos ancestrales, quienes tenían una concepción de ese servicio radicalmente distinta a la que le daba el mercado. Temas como la propiedad del agua de lluvia o de los pozos generó graves conflictos en muchos países, entre ellos Bolivia.

 

El agua es un sector altamente sensible y también escaso, por ello se dice que las próximas guerras serán por el agua. De esa problemática no escapa Bolivia donde esas discusiones van a provocar conflictos sociales bastante serios.

 

Pero ante de entrar en esa materia es oportuno estudiar las acciones gubernamentales en materia de agua, las cuales junto a la privatización serán el principio del fin del sistema  político boliviano.

 

Cochabamba y sus graves carencias en el servicio del agua.

 

Como ya se ha mencionado el servicio del agua no era nada bueno en Cochabamba[2], pese a la importancia de la ciudad, sus habitantes sufrían de un  suministro deficiente, como lo explica Roberto Laserna en la siguiente cita:

“El servicio de agua potable y alcantarillado en Cochabamba es probablemente uno de los peores que una ciudad de más de 500 mil habitantes puede tener en la actualidad. La cobertura del sistema público apenas alcanza a la mitad de la población y con abastecimiento irregular y racionado. De la otra mitad, los que cuentan con recursos se han visto obligados a crear sus propios sistemas, habitualmente basados en pozos de propiedad colectiva o privados. Y los que carecen de recursos no tienen más remedio que recurrir a los proveedores itinerantes, comprando ya sea el sistema entero (los hay desde 6 hasta 12 metros cúbicos) o por barriles de 200 litros. En esta escala, la peor calidad y el precio más alto corresponden a los barriles, de donde resulta que la población más pobre es la que consume la peor agua, pagando por ella los precios  más altos, no solamente en términos económicos sino, lo que es aún más grave, en salud y en mortalidad infantil. La tasa de mortalidad en las zonas sin servicio público de agua es más de tres veces superior al resto.” (Laserna, R.  2000.  Pg. 20).

 

Por lo tanto la situación era compleja, de allí el malestar de  la población que no veía rápidas respuestas a esa problemática, las cuales el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) no respondía de forma eficiente, debido a la desinversión estatal promovida por la reducción del gasto público.

 

La población más necesitada utilizaba como mecanismo de abastecimiento de agua los pozos subterráneos, por ello las tomas clandestinas eran la norma ante la ineficiencia del SEMAPA, las cuales no eran contabilizadas y afectaban gravemente la calidad de vida de los más pobres.

 

La problemática del agua en Cochabamba y su vinculación con la mortalidad infantil y la expectativa de vida, generó que los sectores populares ante tal sistema sombrío se dedicaran a tomar iniciativas propias, que se tradujo en una vinculación muy cercana al tema del agua y a manifestaciones en pro de las mejoras del servicio.

 

Esas agrupaciones van a escenificar batallas como la “Guerra de los Pozos” de donde surgió la Federación de Regantes (Fedecor), además de la lucha por la culminación del Proyecto Múltiple Misicuni (PMM) establecido en la década de los 40  que consistía en lo siguiente:

“…La base del proyecto es la captación de aguas de la cuenca del Río Misicuni en la Cordillera Oriental de los Andes y su conducción hacia el valle central y la ciudad de Cochabamba para consumo humano, riego y generación eléctrica. Contempla ambiciosas y costosas obras de captación y retención de aguas, la perforación de un túnel de 19,5 km y otros túneles secundarios de aducción, y la instalación de una planta hidroeléctica.” (Kruse, T. 2005. Pg. 140-141)

 

Ese proyecto nunca se efectuó por trabas burocráticas y quedó en el papel, pese a que en los años noventa hubo un impulso por reactivarlo. El gobierno de Hugo Banzer lo utilizó como uno de sus principales argumentos para la privatización, con la excusa que en manos privadas se cumpliría tan ansiado propósito.

 

El mito de Misicuni era muy fuerte en el imaginario colectivo de Cochabamba, pese a que los fracasos por llevarlo a cabo fueron recurrentes, su reiterado uso electoral hacía que el mencionado proyecto, se considerara como la única vía posible para la tan ansiada solución del problema del agua.

 

Sánchez de Lozada intentó iniciativas diferentes al proyecto de Misicuni, pero fracasaron debido a la oposición del Alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y el Comité Cívico de la ciudad, que seguían empecinados en promover el histórico y legendario sueño.

 

La privatización: El consorcio Agua del Tunari al descubierto

 

Ante la alegría cochabambina por el reimpulso  del proyecto Misicuni, las autoridades empezaron a realizar los primeros pasos para la privatización del servicio de agua de la ciudad.

 

El 03 de septiembre de 1999 se firmaron los contratos de privatización, los cuales no estuvieron exceptos de polémicas, ya que de las 15 empresas que se inscribieron en la citación, la gran mayoría se retiró ante las dificultades que veían en la ejecución del mito de Misicuni. El único consorcio que quedó fue el de Bechtel al cual se le unieron Edison y otras compañías bolivianas.

 

Ante esa deserción lo lógico era que se detuviera el proceso, pero la venta era indetenible y el gobierno siguió firme, pese a que Bechtel no era una de las empresas más destacadas en el mercado internacional del agua por ser nueva en ese negocio.[3]

 

El 29 de octubre de 1999 el presidente Hugo Banzer promulgó la Ley 2029 llamada del servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, según estudiosos en la materia, la razón de esa aprobación por parte del Congreso y la presidencia se debió fundamentalmente para darle un sustento legal, a la concesión otorgada al consorcio internacional Aguas de Tunari.

 

Como ejemplo de la polémica que causó citamos el siguiente decreto de la mencionada ley:

“Artículo 67°.- (Infracciones de usuarios) Sin perjuicio de las sanciones previstas por el Código Penal y el derecho del Titular de la Concesión de cobrar por cualquier consumo arbitrario, no medido o clandestino, el Titular de la Concesión sancionará las infracciones de los Usuarios en los siguientes casos:

a) conexión arbitraria;

b) alteración de instrumentos de medición;

c) consumo clandestino; y,

d) negar acceso al inmueble para inspecciones al personal autorizado del Titular de la Concesión.” (Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 29 de octubre de 1999)

 

En una ciudad con un acceso al agua deficiente y donde las tomas clandestinas eran la norma, este artículo de la ley por si sólo, era ya de por sí bastante polémico para los habitantes de Cochabamba.

 

Otro punto de interés es que su discusión se hizo a espaldas del pueblo, clara evidencia que el gobierno tenía como prioridad los intereses de los organismos internacionales y no los del pueblo.

 

En el caso boliviano existía una incipiente organización popular en torno a la problemática del agua, específicamente en la ciudad de Cochabamba, donde el servicio era bastante precario y presentaba graves fallas. De allí que se funde el 12 de noviembre de 1999 la Coordinadora de Defensa del Agua y la  Vida.

 

En esa agrupación se van a aglutinar un grupo importante de organizaciones sociales descontentas, las cuales comenzarán a ejercer presión en contra de la privatización y de la Ley de Aguas. (Shultz, J. 2005. Pg. 2)

 

Como se ve era un movimiento amplio y diverso que será una característica fundamental de la nueva dinámica política boliviana, donde las organizaciones que empezaban a tener un papel importante en la dinámica política no eran exclusivas de obreros, indígenas o clase media si no que reunían a todos esos grupos que según algunas teorías podrían ser divergentes.

 

La coordinadora va a tener un papel de primer nivel en los nuevos sucesos políticos que se vivirán en política, ya que sus acciones van a servir para que las luchas en defensa de los recursos naturales y en contra de la privatización empiecen a desestabilizar el sistema político boliviano.

 

C-  La guerra del agua: retroceso del gobierno y salida de la empresa Bechtel del país

 

Con el contrato ya firmado la Compañía Aguas del Tunari comenzó su administración de las aguas de Cochabamba, pero la alegría inicial rápidamente se esfumó ante la elevación de los costos del servicio que no se tradujo en mejores en el acceso al vital líquido. Según diversas investigaciones la razón se debió al contrato más que beneficioso que obtuvo Aguas del Tunari:

“…Un reporte a fondo del Democracy Center en Cochabamba explica que, en 1999, el gobierno de Bolivia le dio el contrato de privatización del agua a Aguas de Tunari durante una reunión a puerta cerrada. Este acuerdo prometía el derecho a la propiedad del agua en Cochabamba por los próximos 40 años, y les garantizaba ganancias anuales de un 16 por ciento…” (Dangl, B. 2009. Pg. 81).

 

Anteriormente ya hemos comentado el impacto que a nivel mundial ha tenido el debate sobre el tema del agua. En el caso de Cochabamba quedó en evidencia los riesgos de la administración de las empresas privadas, sobre esos recursos esenciales para la vida humana. Para ello veamos el testimonio de Rosseline Ugarte, una integrante de las organizaciones que protestaron ante los abusos de Agua de Tunari.

“‘Era muy extraño’, dijo Rosseline Ugarte, una joven que organizó el bloqueo de caminos con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en las áreas rurales.‘Hasta la gente que no tenía tuberías de agua en sus casas tuvo que pagar’ (…) ‘Las leyes del agua no te permitían tener tu propia fuente de agua en las zonas rurales’, explicó. ‘Tenías que pagar un cierto monto hasta para tu propia fuente. Pero un campesino ni siquiera tiene suficiente dinero para comprar pan, mucho menos para pagar una factura de agua. ¿De dónde iban a sacar ese dinero?’. La gente estaba muy molesta. ‘¿Cómo pueden cobrarnos por nuestra propia agua? Lo próximo sería que nos cobren por el aire!’. ” (Dangl, B. 2009, Pg. 82).

 

Ese testimonio es un fiel reflejo del choque de paradigma que se vivió en esa coyuntura, por un lado una empresa estadounidense con una mentalidad netamente neoliberal y por el otro un pueblo que no entendía el cambio, que ahora se le daba a un recurso como el agua.

 

Como ya se ha mencionado en Cochabamba el problema del agua era bastante serio, por ello sus habitantes se las arreglaban por si solos construyendo pozos o tuberías improvisadas. El colmo para muchos campesinos pobres de Cochabamba fue que la nueva administración empezó a cobrarles el agua, que siempre había obtenido de los pozos de forma gratuita, eran métodos tradicionales e históricos, los cuales fueron creados por la comunidad ante la desidia gubernamental. Por ello miles de cochabambinos nunca entendieron el nuevo viraje que la empresa Aguas del Tunari quiso darle al uso del vital líquido.

 

Como se ve el camino estaba abierto para la movilización que se viviría en la lucha por los recursos naturales y en contra de la privatización, la cual incluyó a un grupo bastante diversos de la sociedad, donde la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida empezó a tener un destacado papel.

 

La cada vez más activa organización popular era evidencia de los nuevos tiempos que se vivían en Bolivia, donde los viejos partidos y los métodos represivos no parecían tener ninguna fuerza para dar respuesta a los reclamos de la ciudadanía.

 

La Coordinadora en Defensa del Agua era una organización incipiente que logró aglutinar a diversos sectores de la sociedad: cocaleros, trabajadores de irrigación, sindicatos, estudiantes, etc. Quienes organizaron bloqueos que aislaron a la ciudad del resto del país.

 

Su objetivo era bastante claro hacer que el gobierno oyera al pueblo y diera un viraje en la política privatizadora del agua. Para ello distribuían información y organizaban actividades entre trabajadores y vecinos.

 

Para ir comprendiendo las características de esos movimientos es oportuno revisar los documentos iníciales, que publicó la Coordinadora en defensa del agua, donde presentaba los puntos básicos de la lucha que el pueblo de Cochabamba encabezaba en contra de la privatización del vital líquido.

 

Así encontramos el documento titulado “Comunicado de la Coordinadora del Agua al cabo de las movilizaciones de enero de 2000”, donde hay una fuerte presencia del término todos. El contexto del conflicto estaba centrado en una visión colectiva y no individual. Por ello las palabras más utilizadas son: todos, coordinadora, pueblo, comité, federación, movimiento y movilizaciones, que se repiten de forma reiterativa a lo largo de ese manifiesto.

 

La principal característica del documento es la alabanza a esa movilización y la fuerte crítica al papel del gobierno, teniendo un componente altamente negativo a sus acciones. Como se explica a continuación en el siguiente ejemplo:

 

Aquí se pueda apreciar cómo se ha caracterizado las imposiciones y negociados del mal gobierno de empresarios y políticos bajo una valoración negativa, que ha afectado al pueblo humilde y trabajador el cual está sufriendo las terribles consecuencias de esa erradas decisiones, que conllevaron al aumento desmedido de la tarifa del agua en la ciudad de Cochabamba.

 

Las luchas encabezadas por el pueblo son vistas de una forma gloriosa casi mágica, combativas y rodeadas de un aire de triunfo. La razón haber sido encabezada por gente sencilla y humilde, al contrario de los políticos, los cuales son caracterizados desde una perspectiva de desprecio, fiel demostración del desgaste del sistema de partidos que sufrió Bolivia a principios del siglo XXI.

 

“En esta ocasión, el movimiento no ha sido dirigido ni por politiqueros, ni por partidos, ni por irresponsables: la gente humilde y trabajadora, todos nosotros hemos discutido, hemos decidido y hemos ejecutado.” (Revista OSAL. 2000).

 

Por otra parte este documento está escrito para un colectivo que busca legitimarse como el grupo que debería negociar directamente con el gobierno, para lograr que los comités y colectivos organizados fueron los administradores del agua y no la empresa privada.

 

Todo esto nos sirve como un contexto de lo que ocurrió tres meses más tarde exactamente  en el mes de abril. Cuando el gobierno ante la imposibilidad de controlar las movilizaciones decidió expulsar del país a la empresa Aguas del Tunari, manejada por la poderosa transnacional estadounidense Betchel, quedando el servicio de agua de Cochabamba en manos de las agrupaciones que encabezaron la lucha.

 

Otro elemento que busca destacar es la organización popular, que es enarbolada como la base fundamental de la lucha popular:

 

Es de destacar el papel de colectivos de mujeres en estas luchas, lo cual será un aspecto de sumo interés en el proceso político y social de esta investigación, que también quedó en evidencia en sucesos como la guerra del gas.

 

Los pedidos de la agrupación eran bastante claros como se evidencia a continuación:

“Los puntos principales exigidos por los Regantes y los Comités de Agua Potable están contenidos en el Convenio: todos los pozos, infraestructura de riego y fuentes de agua (aguas subterráneas, lagunas, ríos-tajamares, vertientes), quedan fuera de la intervención de Aguas del Tunari y somos nosotros quienes seguiremos utilizando y decidiendo sobre el Agua según nuestros usos y costumbres.”(Revista OSAL. 2000).

 

Es evidente que lo que quería la población era seguir manejando el agua bajo sus costumbres, lo cual iba en contra de los postulados neoliberales. Este hecho es un claro ejemplo de las críticas que muchos movimientos antiglobalización le han dado a esas políticas, por no tomar en cuenta las tradiciones y costumbres de los pueblos.

 

Como se ve la organización era realmente envidiable, comités de agua, asociaciones de regentes, vecinos, trabajadores, y pueblo en general.

 

No es de extrañar que la movilización tuviera tanto impacto, pero aún le faltaba poder lograr uno de los grandes retos de este tipo de protestas: sentar a negociar al gobierno y que sus pedidos fueran tomados en cuenta, ya que es común que muchas de estas manifestaciones se dispersen ante la represión o el cansancio de los manifestantes.

 

El día viernes 4 de febrero la Coordinadora llama a realizar tomas pacífica de la ciudad, ya que las posturas de las partes (gobierno y manifestantes) se encontraban en un punto muerto. Pero el gobierno al puro estilo dictatorial ordenó cercar la ciudad y reprimió violentamente a los ciudadanos.

 

Uno de los puntos importantes de estas acciones ciudadanas es que la población quería que su opinión fuera tomada en cuenta, mientras el gobierno se negaba a oír la voz del pueblo respaldando a la empresa y buscando acallar la protesta a través de la represión, el creciente crecimiento del movimiento produjo que fuera imposible ignorarlo.

 

La Coordinadora logró contar con el apoyo del Comité Cívico de la ciudad, el cual está conformado por empresarios y organizaciones gremiales de Cochabamba. Con ello el gobierno tuvo que dar marcha atrás y empezar a tomar algunas acciones, para impedir que la situación se les fuera de las manos. Ya el movimiento no era una simple demostración de la furia de las clases más desposeídas, estaba adquiriendo mayor peso, como lo evidencia la próxima declaración de la Coordinadora:

 

Como se ve una lucha en contra del aumento del agua fue adquiriendo una importancia  política, ya que la Coordinadora en sus manifiestos dejaba claro su deseo de una Bolivia auténticamente democrática, donde la población no tuviera miedo de salir a defender sus derechos.

 

La situación  no se resolvió rápidamente llegado el mes de abril todavía estaba en un punto muerto, pero el gobierno decidió el siete de abril apresar a los negociadores de la Coordinadora, dándolo un reimpulso a la protesta.

 

La gravedad de la situación fue preocupante, ya que los allanamientos, detenciones y el estado de sitio impuesto a la ciudad, pero sobre todo la mentira de las autoridades que hicieron creer que buscarían la negociación, engañando de esa forma hasta el propio Arzobispo de Cochabamba hizo que la lucha por el agua adquiriera un mayor impulso, mientras el gobierno quedaba desacreditado.

 

La Coordinadora a partir de ese momento empezó a preocuparse por el aspecto internacional. Como lo demuestra fragmentos de una carta enviada a organismos de derechos humanos, con el fin de denunciar las acciones violentas del gobierno un día después del arresto de los líderes de las protestas.

 

Este es un elemento importante, ya que el caso de Cochabamba y su enfrentamiento con Agua del Tunari no pasó desapercibido para los movimientos en defensa del agua en el mundo. La razón fue el papel bastante activó que tuvo la ciudadanía, como se muestra a continuación: “Mientras el período de negociación se cumplía superabundantemente, la Coordinadora organizó, el 26 de marzo, una Consulta Popular, en la que aproximadamente 50 mil ciudadanos cochabambinos rechazaron el alza de tarifas, exigieron la recisión del contrato de concesión con Aguas del Tunari, y rechazaron la privatización del recurso agua. El día martes 4 de abril, dos meses después del Acuerdo de Cochabamba, la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida convocó a ciudadanos y campesinos a bloquear calles y caminos para presionar al gobierno y solucionar el problema. La respuesta de la población fue masiva, organizada y militante: el bloqueo paralizó la ciudad, los valles cercanos y aun zonas rurales distantes.” (Revista OSAL. 2000).

 

Esa consulta popular fue subestimada por el gobierno, el cual parecía ciego, sordo y mudo pensando erróneamente que la represión acallaría a las masas, otra evidencia de lo lejos que estaba de las necesidades del pueblo.

 

El siete de abril la población de Cochabamba tomó las calles, pero fue reprimida nuevamente con gases lacrimógenos.

 

De esa forma luego que el gobierno hubiera utilizado la represión donde sólo logró darles un mayor poder a los manifestantes y un reconocimiento  internacional, de esa forma no le quedó otra alternativa que ceder a las peticiones populares.

 

El diez de abril el gobierno cedió a las peticiones de la Coordinadora: liberación de los detenidos, retiro de Aguas del Tunari y reformulación de la Ley 2029.

 

La Coordinadora había logrado un éxito innegable, primero demostró que una lucha organizada, más las malas decisiones de un gobierno aislado de la realidad, eran el caldo de cultivo perfecto para lograr un gran triunfo ante las arbitrariedades de una transnacional.

 

También dejó en evidencia que en Bolivia se vivían tiempos de cambio. Las organizaciones populares parecían tener más fuerza que los partidos políticos, el viejo sistema represivo ya no era efectivo y había todo un despertar de la ciudadanía, el cual se llevaría tras de sí a todo un sistema político en los próximos años.

Balance de la Guerra del agua: ¿Mejoró o no el servicio?

 

Luego de la expulsión de la compañía Aguas del Tunari del país el servicio del agua volvió a manos públicas. Pese al éxito de la Guerra del Agua, el problema del servicio no ha mejorado del todo, aunque los líderes de la Coordinadora tienen voz y voto en la administración, el manejo de la compañía no ha sido sencilla, fiel evidencia de la problemática de pasar de la protesta a la acción.

 

Como ejemplo tenemos una entrevista realizada en el 2006 donde un líder de la Coordinadora del Agua Saúl Torrico, respondió varias preguntas, las cuales buscan dar un  balance del manejo del servicio del agua ahora en manos de los comités, que criticaban la administración privada.

 

En la entrevista se deja en evidencia la clara valoración negativa de la administración de la empresa dada por Juan Diego Restrepo el entrevistador. También muestra una marcada preocupación por las consecuencias negativas que el fracaso de ese intento de gestión comunitaria pudiera tener, en los movimientos que critican los procesos de privatización de los servicios públicos.

 

Para Restrepo la guerra del agua fue un triunfo de los excluidos y del pueblo cochabambino contras las políticas neoliberales, por ello el método de Fairclough (utilizado en Análisis del discurso) es clave en esta temática, ya que hay una clara y evidente connotación política con una crítica y rechazo al poder de grandes empresa extranjeras. Aunado al papel sumiso del gobierno que las protegió en desmedro de los intereses del pueblo, por ello la preocupación del entrevistador ante el fracaso de la empresa manejada por la coordinadora queda en evidencia con la siguiente pregunta:

 

Torrido, siempre habla en plural de las acciones de la coordinadora tratando de dejar en claro que ahora esa empresa es de todos. También busca mostrar valoraciones positivas de ese hecho como que la tarifa es más accesible, no es impuesta, es concertada,  por ello pese a las dificultades y la ineficiencia de la empresa Torrico busca darle un papel relevante a la Guerra del Agua y su lucha contra la privatización.

 

Así los resultados del análisis de esta información nos muestran como la guerra del agua es un suceso clave en la historia política boliviana, que marcó pauta en Latinoamérica por haber logrado expulsar a una empresa extranjera. Pese a que 10 años después de los sucesos (momento en el cual se detuvo esta investigación), la empresa ahora pública y administrada por los colectivos que se movilizaron en el año 2000 no era un ejemplo de eficiencia y productividad, lo cual ha generado críticas sobre un fracaso de esa protesta por no haber logrado solucionar los problemas de acceso y distribución del vital líquido.

 

Pese a todo ello la Guerra del Agua aún es considerada un ejemplo de  lucha contra el neoliberalismo, para muchas organizaciones en el mundo.

 

Otro punto de crítica fueron los intereses políticos de muchos dirigentes de la Coordinadora, quienes posteriormente han asumido cargos en el Congreso o en el gobierno de Evo Morales. De esa forma el movimiento ha tenido divisiones con el pasar de los años.

Igualmente el estado boliviano no pudo deshacerse tan rápido de la Empresa Aguas del Tunari, la cual demandó al estado ante el Ciad ganando la misma, lo cual siempre ocurre en ese organismo que generalmente apoya a las empresas en desmedro de los estados, bajo el argumento que en el “Tercer mundo” no hay seguridad jurídica.

 

En el 2005 se llegó a un acuerdo entre las partes que fue criticado fervientemente por la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida, ya que estaba en inglés e iba en contra de los intereses del país. Allí el estado pagó una indemnización a esa empresa por adquirir 80% de las acciones, pero al final el arreglo se hizo efectivo y las partes quedaron satisfechas.

 

Finalmente la guerra del agua es un suceso clave en la historia boliviana, ya que demostró el poder de los movimientos sociales y el creciente descrédito del sistema de partidos, pese a la innegable crítica que se le puede hacer al logro de sus objetivos a corto plazo, pero no se puede negar el impacto y trascendencia que tuvo tanto en lo nacional como en lo internacional.

 

Como ejemplo de ello tenemos las conmemoraciones por los diez años del suceso, donde se organizó una Feria Internacional del agua con la asistencia de: Redes Internacionales, sistemas comunitarios de agua, empresas públicas de agua de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Filipinas, España, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Italia, Uruguay y Perú.

 

El impacto del pueblo en la calle, las estrategias para hacer retroceder al gobierno y a una poderosa transnacional, fueron la inspiración perfecta para el cambio de un modelo político y el ascenso de una nueva dirigencia al poder. Ese es sin duda alguna el gran legado de este suceso.

 

Bibliografía.

 

 

Fuentes primarias

Bolivia: Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 29 de octubre de 1999.

 

“COD, FEDECOR, FTFC, FDTEUC, PROFESIONALES, FSTCC. Coordinadora Departamental de Defensa del Agua y de la vida.”  15-01-2000. Revista OSAL, septiembre 2000.

 

“Comunicado de la ‘Coordinadora del agua’ al cabo de las movilizaciones de febrero de 2000”.  06-02-2000. Revista OSAL, septiembre 2000.

 

“Fragmentos de la Denuncia enviada por la ‘Coordinadora del Agua’ a los organismos de Derechos Humanos frente a la represión y detención de dirigentes de la misma en los primeros días del mes de abril de 2000”. 08-04-2000. Revista OSAL, septiembre 2000.

Fuentes hemerográficas

 

“Bolivia asume responsabilidades por  8,2 millones $ de Aguas del Tunari”. Diario  Los Tiempos.  09/01/2006.

 

“Bolivia asume responsabilidades por  8,2 millones $ de Aguas del Tunari”. Diario  Los Tiempos.  09/01/2006.

 

“Organizan una Feria Internacional del Agua”. Diario Los Tiempos. 02/04/2010.

 

Restrepo, Juan Diego. Aún no cesa la guerra del agua en Cochabamba, 22-10-2006. http://www.rebelion.org.

 

Fuentes bibliográficas.

 

Alenda, Stépanie, “Bolivia: La erosión del pacto democrático” en Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, año 18, Nº 1-2, p 3-22.

 

Dangl, Benjamin, El precio del fuego (Las luchas por los recursos naturales y los movimientos sociales en Bolivia). La Paz, Editores Plural, 2009.

 

Kruse, Thomas. La “Guerra del Agua” en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas. http://www.clacso.org.ar/biblioteca.

 

Laserna, Roberto. “Cochabamba contra el Agua”. Revista OSAL, septiembre 2000, p 15.

 

Sánchez, Pablo Ramos. “Las políticas económicas aplicadas en Bolivia (1952-1987) en Bolivia hacia el 2000 desafíos y opciones,

 

Suárez, Hugo José. “Bolivia el nacimiento de una nueva izquierda”, en Bernard Duterme, Movimientos y poderes de izquierda en América Latina. Caracas, Editorial Laboratorio Educativo, 2005.

 

Shultz, Jhon. La guerra de Bolivia por el agua, p 2. http://www.article19.org.

 

 

El presente trabajo fue presentado en las IV Jornadas de Historia del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y ADHILAC. Buenos Aires. 23 y 24 de septiembre de 2013.

 

 

 

Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Nº 9. Marzo 2014 – Febrero 2015. Volumen I

 

 

 

Publicado por ©www.ariadnatucma.com.ar

 

 

Contacto: info@ariadnatucma.com.ar

 

INDICE (VER)