Repensando la Economía informal y social

Los desafíos de las políticas sociales*

Pilar Alzina**

 

 

Resumen

 


El propósito fundamental de esta ponencia es pensar la problemática de la economía informal en la Argentina en el contexto que atraviesa América Latina. También se pretende plantear el cruce entre economía informal y la economía social que implementan los movimientos sociales y cooperativas para resolver sus necesidades materiales de existencia. Por último, se analizan algunas de las políticas públicas implementadas por los gobiernos de Néstor Kirchner 2003-2007 y de Cristina Fernández de Kirchner 2008-2011 con el fin de reflexionar el alcance de las mismas, sus limitaciones y nuevos desafíos.

 

En esta ponencia se propone pensar la problemática de la informalidad característica en América Latina a partir de la década del 70 y en particular en Argentina. A partir de la definición de la Economía informal que define la Organización Internacional del Trabajo, se aspira a reflexionar no sólo este concepto sino otra dimensión del mismo problema: la emergencia de la economía social en el contexto de la expansión del capitalismo , la crisis del Estado y la sociedad salarial. Para eso se elige tomar como estudio de caso el desarrollo de la economía social en los movimientos en Argentina durante la crisis del 2001 y se propone analizar algunas de las políticas públicas del gobierno de Néstor Kirchner 2003-2007 y Cristina Kirchner 2008-2011 en respuesta a la crisis socieconómica. Por último se propone reflexionar sobre las limitaciones con que se encuentran dichas políticas así como los nuevos desafíos que nos compete a los actores de la sociedad civil:  movimientos sociales, intelectuales y técnicos de los programas sociales.

 

 

* * *

 

Surgimiento del concepto de economía informal

 

En el marco de las políticas de ajuste estructural implementadas por el Consenso de Washington en América Latina, en Argentina el proceso  transición entre el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el modelo de apertura a las reformas estructurales, modernización y reestructuración productiva, ocasionó la reducción de personal en muchas empresas. Entre las décadas del setenta y noventa el proceso de reformas laborales fue acompañado de transformaciones en el sector industrial evidenciándose una disminución en el peso relativo en el empleo que fue del 25% en 1980 a 23% 1990. El empleo agropecuario continuó perdiendo importancia relativa aumentando la relevancia del sector terciario, con predominio de las actividades informales. En este período, el desequilibrio en el mercado de trabajo se manifestó por la preponderancia del sector informal en América Latina y la desocupación pasó a ser el indicador más preocupante del mercado laboral regional (ver cuadro Nº 1). Desde de la década del 70 al 2000, en América Latina, los procesos de modernización y reestructuración fueron deteriorando el trabajo formal, estable, regulado por leyes y convenios colectivos y transformando las relaciones laborales en precarias, temporales e inseguras (Muñiz Terra, 2009). Según las estadísticas de la CEPAL los altos índices de desocupación en América Latina y en particular en Argentina comienzan a aumentar a partir de la década del 80. Por dicha razón también comienzan a crecer los índices de subocupación, informalidad y aumento de la precarización laboral.

 

 

Cuadro N º 1


 

 

En 1970 la OIT utilizó por primera vez el concepto de Economía Informal para describir las actividades de los trabajadores pobres que no eran reconocidas, registradas, protegidas o reguladas por las autoridades públicas. Este término se utilizó para dar cuenta de la amplia cantidad de trabajadores y empresas tanto rurales como urbanas que operan en el ámbito informal. Si bien existe una diversidad de trabajadores que trabajan en la economía informal, a pesar de las actividades diferentes que realizan lo que los define en la misma categoría es el no encontrarse reconocidos ni protegidos por los marcos jurídicos. Para la OIT otra dimensión para analizar la economía informal es el déficit de trabajo decente (OIT, 2002).

Según la XIII Conferencia Internacional de Ministros de Trabajo de la OEA, realizada en el marco de Oficina Internacional de Trabajo, el informe de Kenia en 1972 definió el trabajo informal por: 1) su escasa necesidad de capital para iniciar la actividad económica y falta de capacitación; 2) su pequeña unidad productiva; 3) su baja productividad; y 4) la ausencia de organización empresarial. El crecimiento y aumento de la heterogeneidad del sector llevó a replantear su concepto. En el 2002, la OIT realizó la 90ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y cambió la definición y el enfoque. A diferencia del primero que era predominantemente económico, la nueva definición de Economía Informal al retomar la característica diversa, dinámica y heterogénea del fenómeno, incluye también a los trabajadores e independientes, entre ellos los que gestionan micro emprendimientos y a los trabajadores domésticos. Al igual que la primera definición, lo que caracteriza el carácter informal de la actividad es el estar excluidos por la ley y por consiguiente vulnerable y carentes de seguridad (OIT, 2005).

 

El debate sobre la economía Informal giró sobre distintas dimensiones. Para los integrantes del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) la informalidad es una propuesta desde abajo y surge para dar respuestas a los problemas de empleo así como para saldar la brecha entre la falta de inversión en el trabajo formal. El sector informal urbano comprendía a los empleados en empresas pequeñas, los trabajadores independientes, los trabajadores por cuenta propia, empleados que desarrollan tareas en él  y los que desarrollan tareas en el servicio doméstico. También se incluye a los asalariados cuyos empleadores no respetan las leyes laborales. De ahí, que esta definición se extienda a todas las actividades económicas no reguladas por el Estado. Dentro de las concepciones del PREALC hay tres tipos de clasificaciones: la informalidad con fines de subsistencia, de explotación dependiente y de crecimiento. Dentro de esta concepción lo que define la informalidad no es entonces el modo de la actividad del trabajador sino el modo de acumulación de la organización donde trabaja, ya que lo existe no son trabajadores informales sino la economía informal. Desde un marco teórico opuesto (Gutierrez Agueitos, sin año, cita a De Soto 1987), la economía informal se caracteriza por el modo de producción de un sector que se encuentra obstaculizado por las restricciones del Estado quien limitaría su desarrollo y expansión. Desde esta perspectiva la informalidad no sería ni un sector ni un conjunto de individuos sino una forma de producir (Gutierrez Agueitos, sin año).

 

 

La nueva definición de informalidad de la OIT incluye a las unidades de la denominada “economía social”, es decir, unidades económicas que producen para el mercado bajo formas de hecho o de derecho encuadradas en la solidaridad y la cooperación, cuando no están registradas. También incluye a las ONGs que realizan trabajo social comunitario sin fines de lucro, siempre en la medida en que no estén registradas.

 

Desde la perspectiva de la OIT las expresiones de la economía social forman parte de la economía informal, en tanto muchas de las experiencias autogestivas no están incluídas bajo la ley y cumplen con todas las dimensiones definidas por el Informe de Kenia así como también padecen los obstáculos que imponen las normativas y procedimientos del Estado para poder obtener el financiamiento para desarrollarse (dimensión de análisis incorporada por la PRELAC).

 

 

 

Una vez definidas las dimensiones centrales de la economía informal y algunos de los ejes del debate en torno a su conceptualización, se elige sumar al análisis las condiciones generales en que surge la economía social, describir las distintas perspectivas teóricas que han indagado sobre sus características principales y los fundamentos de las políticas públicas que retoman algunos de sus principios.

 

 

Los orígenes de la economía social y sus conceptualizaciones

 

En el contexto de expansión del Capitalismo, de ausencia de normas que regulen la concentración oligopólica en el mercado, comienzan a emerger tanto en Europa como en Latinoamérica las consecuencias devastadoras en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ante la crisis de la sociedad salarial, el movimiento popular del siglo XIX en Europa propone como estrategia la inclusión de otro modo producción: “la economía social” expresada mediantes diversas formas organizativas: cooperativas, asociaciones, mutuales, ONG, asociaciones agrarias, cooperativas de ahorro y crédito, entre otras.

 

La historia de la economía social se remonta a las formas antiguas de socialismo asociacionista y por consiguiente a otro modo de producción y distribución. Existieron diversas prácticas e ideas cooperativistas:  La liberal –mutualista desarrollada durante el siglo XIX y XX,  su teórico más importante fue Joseph Proudhon. Esta corriente hizo hincapié en la organización de las comunidades mediante cooperativas con el fin de alcanzar autonomía en el mercado y promover que las comunidades locales autoorganicen un sistema previsional colectivo. El cristianismo, inspirado en las ideas del cristianismo social, también fomentó la economía social en la Encíclica Rerum Novarum de 1891 y participó de su desarrollo. Entre los precursores del cooperativismo se hallan Robert Owen, Willian King (cooperativistas), Fourier, Saint Simon (socialistas utópicos) y Proudhon (Anarquista), quienes cumplieron un rol fundamental hasta 1870.

 

 

A mediados de la década del setenta, con el declive del Estado de Bienestar, la flexibilización en las relaciones laborales, y la creciente desocupación llevó a que los sectores excluidos de la sociedad promuevan como estrategia de sobrevivencia y forma de organización la Economía Social. Una forma de resolver la satisfacción de las necesidades por medio de la producción, distribución  y consumo diferente a la que impone el sector público y el sector privado capitalista, basado sobre otros principios éticos: la solidaridad interpersonal, el don, la lealtad, reciprocidad (Coraggio, 2011; Danani, 2004;  Mutuberría, 2010). Estos valores orientan y conforman el modo de organización y comportamiento al interior de las cooperativas, asociaciones y mutuales. Para Gobdout darían cuenta de la existencia de sentimientos que producen una deuda positiva[1] mutua, que llevaría a que todos tengan la sensación de ganar en la actividad que realizan en conjunto. En este sentido, lo que predomina no es la ganancia en sí misma sino el sentido del don y la gratuidad (Caillé, 2003: 215-236; Gobdout, 2000:42-44). No obstante, la economía social, de acuerdo a su realidad regional y a partir de la autogestión, se vincula con el sector público, municipal, con el sindical y también con el sector privado, cuestionando la lógica de las relaciones de producción y acumulación del desarrollo capitalista. Las organizaciones que practican la economía social en general son movimientos sociales o están vinculados de algún modo a ellos. Los modos de organización que caracterizan las actividades económicas son el servicio al barrio, la deliberación democrática, la primacía de las necesidades de los integrantes y de la organización, por tal motivo en vez de acumular sus excedentes los reinvierten con fines sociales (Coraggio, 2011:51-52). En este sentido, los individuos -que integran los Movimientos sociales- en el proceso de construcción de redes sociales establecen diversos vínculos y por consiguiente múltiples obligaciones. De ahí, que estas redes tiendan a regularse por sí mismas ya que la jerarquía está difusa y enredada. A diferencia del mercado, que está dominado por el principio de equivalencia y la búsqueda de ganancia, o del Estado que está dominado por la búsqueda de igualdad y la justicia, en las redes sociales predomina el principio del don y de la deuda (Gobdout, 2000: 14). Este autor describe tres tipos de donación en las relaciones familiares, el regalo, el servicio y la hospitalidad.

 

El regalo es el prototipo del don y está al servicio del enlace. Así como el servicio está vinculado al don, éste está condicionado por el vínculo como por el regalo. Se incluyen dentro de los servicios, el cuidado de niños o enfermos, la donación de ropa o de dinero, ya que cumplen una funcion útil y de donación.

 

La hospitalidad también está relacionada con el regalo (invitación de comida, fiesta, alojar a alguien que lo necesite) (Gobdout, 2000: 21).

 

Desde el mismo enfoque, Caillé afirma que es difícil que una economía sea solidaria si los que las practican estén inspirados en el don y que en la economía de mercado debe ser instituído otro modo subordinado a la demandas del don, la gratuidad y la reciprocidad (Caillé, 2009: 115-120).

 

 

Esta práctica de Economía social es promovida por las organizaciones cooperativas que emprenden los sindicatos, los campesinos, artesanos y cajas de ahorro, entre otros. Una forma de caracterizar a la economía social son los objetivos y los modos de organización. Su finalidad es la prestación de los servicios a los miembros de la colectividad, barrio, movimiento social, siendo la ganancia una cuestión secundaria. La autonomía en la gestión, las decisiones democráticas y la prioridad de las necesidades de las personas y de la comunidad están primero que la distribución del excedente (Coraggio 1999; 2004, 2011:51; Defourny, 2009: 163-168; Laville, 2009: 163-176).

 

 

 

Desempleo, economía informal y políticas de transferencia de ingresos en Latinoamérica

 

Según información suministrada por el comunicado de prensa de fecha 2 de mayo de 2006, referente a la Decimosexta Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizado en Brasilia[2], en América Latina 23 millones de personas se encuentran en condición de desempleo y 103 millones trabajan en la informalidad, con lo cual el déficit de empleo formal afecta a 126 millones de personas, más de la mitad (53%) de la Población Económicamente Activa (PEA) de la región, representada por 239 millones de personas. Hay 57 millones de jóvenes entre 15 y 24 años trabajan o desean trabajar, de los cuales 9,5 millones se encuentran desempleados.

 

Durante la crisis económica del 2008, las dificultades de empleo en América Latina constituyeron un problema fundamental, por esta razón los programas de empleo de emergencia orientados a mejorar los ingresos en los hogares en situación de pobreza e indigencia en zonas rurales y urbanas se propusieron corregir los problemas estructurales como la deserción escolar, los problemas de alimentación y salud. Entre ellos se implementó en el 2009 la Asignación Universal por Hijo (AUP) que alcanzó 3,5 millones de beneficiarios; en Brasil el Programa Bolsa de Escolar extendió su cobertura a 1.3 millones de familias y el Programa Nacional Bolsa Familiar cubre aproximadamente 45 millones de personas, un 25% de la población. El Programa Nacional Puente Chile Solidario[3] implementado en 330 mil familias a partir del 2002. En Colombia a partir del 2001 se implementó el Programa Familias en Acción en 32 departamentos y en 1.098 municipios, alcanzando un 1,7 millones de hogares[4]. En México, entre 1997 y 2002 se implementó el Programa de Oportunidades cubriendo las necesidades de las familias de extrema pobreza de 25 millones de personas, cerca de 24% de la población total (OIT, Velazquez, 2010).

 

En Latinoamérica, la ampliación en la cobertura de los programas de transferencia condicionada son políticas complementarias ante la gran cantidad de trabajadores que trabajan en la economía informal, perciben bajos ingresos o se encuentran desocupados con el riesgo de caer en la pobreza o indigencia. Estos programas se proponen el objetivo de mantener el ingreso de la familias, aminorar la caída del consumo, disminuir la desocupación juvenil, promover la permanencia en el sistema educacional, impulsar el desarrollo y reducir la pobreza [5].

 

 

¿Es posible otra economía sin otras políticas?


Entre el 14 y 17 de diciembre de 2001 surgió el Frenta Nacional contra la Pobreza FRENAPO, una propuesta Plesbicitaria que se propuso como objetivo un seguro de empleo de $380 y una Asignación por hijo de $60 por cada menor y para todos los Jefes de hogar y $65 para cada persona que no perciba ninguna jubilación, $150 para los Jefes de Hogar. Esta propuesta impulsada por la CTA fue votada por más de 3 millones de argentinos unos días antes de la rebelión expresada el 19 y 20 de diciembre ante la corrida bancaria, el corralito y el anuncio de “Estado de Sitio” del entonces presidente De la Rúa[6]. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) incluyó dentro de sus propuestas el desarrollo de un sistema de economía social. En abril del 2002, ante la emergencia alimentaria y ocupacional que caracterizaba la Argentina de esos tiempos, el gobierno de transición de Eduardo Duhalde- elegido por la Asamblea Legislativa- implementó el Programan Plan Jefes y Jefas desocupados en Hogares[7] pobres, con hijos hasta 18 años o discapacitados de cualquier franja etaria con el fin garantizar el derecho familiar de inclusión social, además de promocionar con ello la continuidad escolar y en la vacunación. En un comienzo el programa implementó un subsidio de $150 por mes y dispuso como requisito la contraprestación de 20 horas semanales, o que el beneficiario realice capacitaciones de oficio, además de garantizar la educación y vacunación de sus hijos y que las empresas abonen la diferencia de un salario formal. El gobierno de Néstor Kirchner prorrogó el período de Emergencia Ocupacional Nacional y continuó con este plan con el objetivo de “promover la reinserción laboral, la formación profesional y la promoción del empleo”. En la misma perspectiva profundizó el financiamiento, a partir de la creación de la Dirección Nacional de Economía Social Solidaria y el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social, “Manos a la Obra”[8], e incorporó el concepto de economía social con el objetivo de fomentar emprendimientos laborales que propicien un desarrollo económico local con una perspectiva regional y nacional. Mediante el financiamiento de bienes de uso, capital fijo y recursos humanos se propuso concretar “estrategias de fortalecimiento socio-productivo en micro-emprendimientos y cooperativas de trabajo”. Del mismo modo promovió capacitaciones dentro de las organizaciones y comportamientos solidarios (Alzina, 2010).

 

Según información suministrada por la gestión de Elgue[9], el plan Nacional de Desarrollo Local y Economía social Manos a la Obra, declara haber realizado actividades de capacitación para ONGs, administraciones gubernamentales, micro-emprendimientos, y talleres para el fortalecimiento de espacios asociativos destinados a Consejos Consultivos Provinciales y Municipales. Así como financiando a 33.861 emprendimientos productivos que alcanzan a un total de 425.000 personas. La inversión fue de $182.531 millones de pesos. Del total de las iniciativas productivas financiadas un 27% fueron del sector agrolimentario, un 21% en alimentos elaborados y un 15% en textiles y calzado (Elgue, 2006).

 

En el 2003, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, el 17,8% de la Población Económicamente Activa Argentina (personas que tienen entre 18 y 65 años)[10] buscaba trabajo de forma persistente[11]. En esa coyuntura se implementaron diversas políticas públicas con el objetivo de generar ingresos en la población vulnerable.  El énfasis de inclusión social y “transferencia de ingresos condicionada” distingue las políticas desde el 2003 en adelante. De acuerdo a las estadísticas suministradas por el Ministerio de Trabajo, a continuación se detalla la evolución anual de cantidad de beneficiarios por cada uno de los planes.

 

 

 

Beneficiarios de Políticas de Transferencia de ingresos. Por plan. Evolución anual

 

Cuadro Nº 2. Fuente: Estadísticas del Ministerio de Trabajo

 

 

Cuadro Nº 3. Fuente: Estadísticas del Ministerio de Trabajo

(el mes actual [septiembre de 2012] hace referencia a noviembre de 2011).

 

 

Si se compara la tasa de desocupación media de la población de la Argentina -detalladas por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) – durante el 2000 y el 2004, se observa que la misma representó en el 2000 el 15,1% de la población y en el 2004 el 13,6%, cifra que fue disminuyendo progresivamente hasta el 2010, que alcanzó el 7,7% de la población de ambos sexos[12]. En 1999 la población del total del área urbana, en situación de pobreza alcanzaba el 23,7% [13], en el área Metropolitana el 19, 7% y en el resto del área urbana el 28,5%.  Y la situación de la población del área urbana en estado de indigencia alcanzaba en 1999 el 6, 6 %, el 4,8 en el área Metropolitana y el 8, 8% en el resto del área Urbana[14]. Con respecto al 2010 la población del total del área urbana en situación de pobreza alcanzaba el 8,6%[15], en el área Metropolitana el 7, 3% y en el resto del área urbana el 10,1%. La situación de la población del área urbana en estado de indigencia alcanzaba en 2010 el 2,8 %[16], el 2,3 en el área Metropolitana y el 3, 3% en el resto del área Urbana[17]. En esta perspectiva, el coeficiente de la brecha de pobreza[18] en Argentina en 1999 alcanzó el 8,6%, el de indigencia el 2,1% mientras en el 2010 el coeficiente de la brecha de pobreza fue el 3,4% y el de indigencia el 1, 4%.

 

Las estadísticas mencionadas en el cuadro Nº 2 por el Ministerio de Trabajo, referentes a los programas gubernamentales de transferencia de ingresos por plan dan cuenta de la intención del gobierno Kirchnerista de reintegrar al mercado a los trabajadores expulsados por las políticas neoliberales de la década del 90. Sin embargo, a pesar de los fuertes impuestos a los grandes productores del campo, de la existencia de diversas políticas públicas y de los esfuerzos por mejorar el nivel de vida, la distribución del ingreso entre la población más pobre y la más rica no ha sufrido grandes cambios desde el período 1999 y 2010, ha pasado de un 40,7 % en 1999 a un 38,5% en 2010[19].

 

Desde la perspectiva de los teóricos especializados en los debates en torno a las políticas públicas, si bien “se incorporaron las demandas de promoción, desarrollo y sostenibilidad de las economías autogestionadas a la agenda gubernamental todavía sigue siendo fragmentada territorial, institucional y temporalmente”. “Hay políticas de economía solidaria en las acciones de gobierno locales, regionales y nacionales pero dichas acciones son políticas del gobierno y no del Estado, es decir las acciones del gobierno se han institucionalizado no como derechos de la sociedad sino como deberes del Estado” (Valmor, 2009: 283-289). Desde una perspectiva similar, Coraggio plantea que la sostenibilidad de un sistema económico basado en el trabajo autogestionado está supeditado al diálogo que el gobierno con los diversos actores e instituciones. Los subsidios a la productividad y las capacidades de los nuevos emprendimientos deberían financiarse durante un período de cinco años para probar la sustentabilidad de una nueva cooperativa. En este sentido, Coraggio plantea construir plataformas multiactorales, locales o regionales, dedicadas a al seguimiento continuo y la prestación de servicio de los emprendimientos de la economía social y solidaria para dejar de concebir a la políticas sociales como medio de alivio de la pobreza (Coraggio, 2009:356-362). En la misma línea, Hintze afirma que las políticas públicas orientadas a la promoción y sostenibilidad de un subsistema de economía social y solidaria demandan no una mirada en el Estado sino en los espacios de interacción entre instituciones estatales y la sociedad civil.

 

Las políticas sociales diseñadas e implementadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se plantean como objetivos el desarrollo local, regional y nacional a partir de las capacidades territoriales, sociales, humanas, técnicas, institucionales y culturales que están presentes en los movimientos sociales, organizaciones civiles, mutuales, etc. En el análisis que emprendieron diversos investigadores sobre las formas productivas llevadas a cabo por cooperativas y emprendimientos se presentan diversas problemáticas, entre ellas se encuentran: limitaciones para adecuar los espacios físicos de los emprendimientos a los requerimientos legales; falta de buenas instalaciones de gas, electricidad, transporte; necesidades de capacitación en comercialización y los obstáculos que imponen las normativas vigentes para gestionar y acceder a créditos. La simplificación para el acceso a programas sociales, capacitaciones y financiamientos podrían facilitar los mercados alternativos y el intercambio de experiencias entre cooperativas (Elgue, 2006; Coraggio, 2011;  Heller, 2004; Alzina, 2010). Otros investigadores señalan la falta de vinculación entre organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, cooperativas, mutuales, universidades que contribuyan en el análisis, capacitación, que permitiría optimizar la sustentibilidad de los mismos. Del mismo modo, la profundización de la implementación de microcréditos destinados al desarrollo de los micro emprendimientos y cooperativas con plazos de devolución a corto y mediano plazo y su moritoreo permitiría consolidar los emprendimientos desarrollados hasta la actualidad. Para ello, las normativas bancarias deberían contemplar las características patrimoniales de los emprendimientos y junto al INAES atender a sus demandas. Del mismo modo, las universidades públicas, a través de sus equipos interdisciplinarios podrían asistir tanto en el asesoramiento técnico como en la elaboración y seguimiento de políticas públicas  (Arroyo, 2006: 16-17; Elgue, 2006; Coraggio, 2011; Heller, 2004). En esta perspectiva, es necesario que los grupos que se conforman a partir de las diferencias locales y por la búsqueda de intereses particulares prioricen el desarrollo de las economías sociales y solidarias en escala provincial, nacional y regional. Pero también es ineludible que aquellos actores del gobierno que las diseñan y que afirman aspirar a la construcción de una economía social y solidaria dejen de concebirla como una economía de sobrevivencia.

 

Por otro lado, también es indispensable que el proceso de incorporación de los movimientos sociales en el Estado siga colaborando en la construcción de políticas sociales y fundamentalmente en la construcción de normas jurídicas más acordes con la realidad de las experiencias de economía social e informal. De esta forma, profundizando el diálogo y la acción conjunta entre los técnicos de programas sociales, la INAES, los movimientos sociales, ONGs, Cooperativas de trabajos, Bancos cooperativos y otros actores sociales protagonistas de estas experiencias, se lograría incluir éstas limitaciones en los puntos centrales en la agenda gubernamental.

 

Documentos oficiales:

 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. Publicación de las Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2011.

 

 

Bibliografía Consultada:

 

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MARCO NORMATIVO NACIONAL:

 

Decreto Nº 165/PEN/2002 publicado el 22 de enero de 2002 en el Boletín Oficial Nº 29882. Se crea el Programa Jefes de Hogar.

Decreto Nº 144/PEN/2003 publicado el 29 de enero de 2003 en el Boletín Oficial Nº 30139. Se crea el modelo de convenio de préstamos a subscribirse con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el financiamiento (BIRH)  Al programa Jefes de Hogar.

Decreto Nº 1506/PEN/2004 publicado el 29 de octubre de 2004 en el Boletín Oficial Nº 30516. Se declara la prórroga a partir de la fecha de su vencimiento la Emergencia Ocupacional Nacional y la vigencia del Programa Jefes de Hogar.

Resolución Nº 312/MTEES/2002 publicada el 22 de abril de 2002 en el Boletín Oficial Nº 29882. Reglamentación del Programa Jefes de Hogar.

Resolución Nº 1375/MDS/2004. Se creó el Manos a la Obra.

 

NOTAS

* El presente trabajo ha sido presentado en el Congreso Internacional de Asociación de Historiadores  Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) y III Jornadas de Historia Del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini: La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe. Cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado, Buenos Aires.  24 a 26 de septiembre.  2012.

** Magíster en Comunicación y Cultura. Licenciada en Sociología. Docente e investigadora de la UBA. Doctoranda.

 

[1] Por  Deuda positiva Gobdout entiende: “Es un estado de confianza mutua que permite  un estado de la deuda, sin culpa, sin miedo. Este estado reconoce el hecho de que la deuda quede libre: uno está en deuda y libre. En este sentido, el estado de la deuda mutua positiva sería una manera de superar la contradicción inherente en el modelo de seguir haciendo más cada “turno” y obtener otro estado. A recibe algo de B, y B a continuación, le da algo más, y así sucesivamente. Este es el modelo de alternancia y de reversibilidad, en la que cada vez es el donante y el donatario.

 

[2] OIT Comunicado de prensa | 2 de mayo de 2006 “Comienza Decimosexta Reunión Regional Americana de la OIT en Brasilia Déficit de empleo formal afecta a 126 millones de latinoamericanos OIT propone una Agenda Hemisférica para generar trabajo decente” Disponible en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_069943/lang–es/index.htm

 

[3] Dirigidos a las personas que viven en situación de indigencia con el objetivo de que satisfagan sus necesidades básicas y superen sus actuales condiciones de vida.

 

[4] Con el objetivo de proteger a los hogares pobres rurales y urbanas con niños de 0-17 años mediante el apoyo a inversiones en salud, educación y nutrición con la condición de cumplir con el 80% de asistencia escolar y asistencia a centros de salud para controlar el crecimiento y desarrollo de los niños.

 

[5] Velásquez, Mario Políticas de protección social ante la crisis y para el crecimiento. Organización Internacional del Trabajo. Consultado el 28 de abril de 2012 en: http://www.oit.org.pe/2/wp-content/uploads/2010/12/24-Velasquez-proteccion-social-ESPA%C3%91OL.pdf

 

[6] Paredes, Carmelo (30 de julio de 2008) Del FRENAPO a la Constituyente Social. La CTA busca una salida. Revista ZOOM Política Sociedad y Foco. Recuperado el (29 de diciembre de 2011): http://revista-zoom.com.ar/articulo2496.html

 

[7] Mediante decreto Nº 165/PEN/2002, decreto Nº 144/PEN/2003 y 1506/PEN/2004 y Resolución 312/PEN/2002 que reglamenta los requisitos de los beneficiarios y las actividades que éstos deben ofrecer como contraprestación.

 

[8] Dispuesto por Resolución Nº 1375/PEN/2004.

 

[9] Mario César Elgue fue Director y Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina en el período 2003-2004 creador y primer Presidente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC) del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires (1992-1999.)

 

[10] Información suministrada en el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2008”. Éste indicador no incluye a la población rural ni a  la porción de la PEA que no busca trabajo porque piensa que no lo va a conseguir, pero que, en un nuevo escenario más positivo estaría dispuesta a hacerlo.

 

[11] Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2011

 

[12] El mes es septiembre de 2012. Nota de la Editora.
La tasa de desempleo abierto urbano, según sexo y años de estudio, provienen de la Encuesta Permanente de Hogares. Según información provista por las Estadísticas sociales del Anuario de la CEPAL, el indicador resulta del cociente entre la población desocupada urbana de 15 años y más, por cada grupo de años de escolaridad y sexo determinado y la PEA urbana de 15 años y más, por cada grupo de años de escolaridad y sexo respectivamente.

 

[13] Representa veintiocho aglomeraciones urbanas.

 

[14] Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2011.

 

[15] Representa veintiocho aglomeraciones urbanas.

 

[16] Treinta y una aglomeraciones urbanas

 

[17] Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2011. CEPAL.

 

[18] El coeficiente de la brecha de pobreza e indigencia es un indicador que mide el déficit relativo de los ingresos de los pobres (o indigentes) con respecto al valor de la línea de pobreza (o indigencia). El coeficiente de la brecha de pobreza se considera más completo que el índice de recuento porque no sólo toma en cuenta la proporción de personas pobres sino también la diferncia entre sus ingresos y la línea de pobreza; es decir, añade información acerca de la profundidad de la pobreza. Fuente. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2011.

 

[19] Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2011. CEPAL.

 

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Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Nº 8. Marzo 2013 – Febrero 2014. Volumen II

 

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