![\"Jacobo](\"http:\/\/www.ariadnatucma.com.ar\/wp-content\/uploads\/2010\/02\/Jacobo-Arbenz-mujer-hijo.png\")
<\/p>\nRicardo Vicente*<\/p>\n
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Izquierda: Jacobo Arbens y familia<\/em><\/p>\n El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) adquiri\u00f3 notoriedad en los \u00faltimos a\u00f1os debido a las demandas efectuadas por inversores extranjeros contra la Argentina luego del derrumbe del r\u00e9gimen de convertibilidad, y la siguiente pesificaci\u00f3n y congelamiento de las tarifas de las empresas de servicios p\u00fablicos privatizadas. Creado en 1966 en el \u00e1mbito del Banco Mundial, el Centro es un organismo que tiene como objetivo intervenir a trav\u00e9s de un tribunal arbitral en las controversias suscitadas entre los inversores extranjeros y los estados adheridos.<\/p>\n <\/p>\n Entre los antecedentes del CIADI se destaca una propuesta efectuada en los a\u00f1os \u201850 del siglo pasado por Hermann J. Abs, director del Deutsche Bank de Frankfurt, por entonces el m\u00e1s poderoso banco comercial del continente europeo.<\/p>\n En 1957, durante la Conferencia sobre Desarrollo Internacional efectuada en California se plantearon las condiciones requeridas para que los pa\u00edses industrializados contribuyeran al desarrollo de los subdesarrollados. En la oportunidad, Abs expres\u00f3 lo que era una preocupaci\u00f3n generalizada entre los asistentes representantes de los pa\u00edses centrales: la seguridad del capital de sus inversores ante los intentos de control estatal por parte de los pa\u00edses receptores del capital privado extranjero.<\/p>\n Al respecto, el funcionario germano mencion\u00f3 varios ejemplos de violaciones de los derechos de dicho capital. Primero, se refiri\u00f3 a la nacionalizaci\u00f3n de la Anglo-Iranian Oil Co. dispuesta por el primer ministro iran\u00ed, Mohamed Mossadegh, en 1951. La medida se debi\u00f3 al precio irrisorio que la compa\u00f1\u00eda abonaba por el petr\u00f3leo extra\u00eddo y por el control abusivo sobre la producci\u00f3n y refinamiento del hidrocarburo en la refiner\u00eda de Abad\u00e1n, en el golfo P\u00e9rsico. Los iran\u00edes se negaban a pagar indemnizaci\u00f3n alguna argumentando los considerables beneficios obtenidos por la inversi\u00f3n desde 1911. Las relaciones diplom\u00e1ticas con Inglaterra se interrumpieron y los ingleses comenzaron a estudiar la posibilidad de emplear la fuerza en defensa de los intereses de la Anglo-Iranian. Dos a\u00f1os despu\u00e9s, el conflicto termin\u00f3 cuando, con la intervenci\u00f3n de la CIA, un golpe de Estado derroc\u00f3 a Mossadegh y se concret\u00f3 un acuerdo de Ir\u00e1n con un consorcio petrolero internacional y el pago de una indemnizaci\u00f3n a la empresa de 700 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Otro caso mencionado por Abs fue la decisi\u00f3n de Jacobo Arbenz, presidente guatemalteco, de expropiar las tierras de la m\u00e1s poderosa empresa de su pa\u00eds, la estadounidense United Fruit Co. La medida formaba parte de una reforma agraria instrumentada en 1953 con el prop\u00f3sito de diversificar la agricultura y recortar la dependencia de las exportaciones de la producci\u00f3n cafetalera. La empresa expropiada fue indemnizada conforme al valor declarado para el pago del impuesto territorial pero la disconformidad con el monto de la indemnizaci\u00f3n motiv\u00f3 su reclamo ante el Departamento de Estado que, por su parte, resolvi\u00f3 recurrir nuevamente a la CIA. En 1954, organizado por la central de inteligencia estadounidense, un golpe de estado y el bombardeo a varias ciudades guatemaltecas por parte de aviones norteamericanos pusieron fin al gobierno de Arbenz y a la reforma agraria.<\/p>\n La nacionalizaci\u00f3n del Canal de Suez tambi\u00e9n fue considerada por el alem\u00e1n como otro caso nefasto. En 1956, el primer ministro egipcio adopt\u00f3 la medida, aunque indemnizando a los accionistas brit\u00e1nicos y franceses y garantizando la libre navegaci\u00f3n, con el fin de obtener los recursos necesarios para, entre otras cosas, construir la represa de Asu\u00e1n. En una acci\u00f3n concertada, fuerzas israel\u00edes ocuparon el Sina\u00ed y la franja de Gaza, mientras aviones brit\u00e1nicos y franceses tras bombardear Egipto, ocuparon Port Said y parte de la zona del Canal. Finalmente, la condena de los EE.UU. y de las Naciones Unidas y la amenaza sovi\u00e9tica de intervenci\u00f3n frustraron los prop\u00f3sitos de las potencias europeas y obligaron a retirarse de sus posiciones.<\/p>\n Por \u00faltimo, la cancelaci\u00f3n de las concesiones de las empresas CADE e \u00cdtalo-Argentina en 1957 dispuesta por el gobierno argentino de la denominada \u201cRevoluci\u00f3n Libertadora\u201d constituy\u00f3 para Abs otro ejemplo de la violaci\u00f3n de los derechos extranjeros privados. La pr\u00f3rroga de las concesiones a ambas proveedoras de electricidad se hab\u00eda concretado a fines de 1936 mediante dos ordenanzas apoyadas por concejales radicales y conservadores porte\u00f1os. En 1943, una Comisi\u00f3n Investigadora prob\u00f3 la existencia de acuerdos dolosos entre la CADE y el Departamento Ejecutivo de la Intendencia Municipal de la Capital Federal; el pago de coimas por parte de la empresa a los concejales para obtener la aprobaci\u00f3n de dichas ordenanzas y la legitimidad de las acusaciones que a lo largo de los a\u00f1os se hab\u00edan acumulado contra las empresas prestatarias por deficiencias de los servicios, violaciones a los t\u00e9rminos de la concesi\u00f3n, aguamiento de capitales, defraudaciones al fisco, tarifas abusivas, etc.<\/p>\n En 1956, la Junta Consultiva que asesoraba al gobierno de facto encar\u00f3 el tema de los monopolios el\u00e9ctricos en la Capital. Como resultado, el organismo dictamin\u00f3 la necesidad de anular las ordenanzas de 1936, la revocaci\u00f3n de las concesiones en vigencia y la expropiaci\u00f3n de ambas compa\u00f1\u00edas. El gobierno de la \u201cRevoluci\u00f3n Libertadora\u201d acept\u00f3 el dictamen de la Junta y nombr\u00f3 una Comisi\u00f3n Asesora que, en 1957, se\u00f1al\u00f3 nuevas irregularidades en el tr\u00e1mite de 1936 ya que se hab\u00eda omitido el llamado a licitaci\u00f3n y la Municipalidad hab\u00eda entregado a las empresas de electricidad bienes considerados irrenunciables. Adem\u00e1s, entre 1936 y 1956, las empresas reiteraron el incumplimiento de los t\u00e9rminos de la concesi\u00f3n.<\/p>\n La gravedad de las comprobaciones determin\u00f3 que el presidente Aramburu decretara la anulaci\u00f3n de las ordenanzas en cuesti\u00f3n, la intervenci\u00f3n de la CADE y la transferencia de los bienes de la empresa a poder del municipio. Pese a la espectacularidad de la medida, cuando lleg\u00f3 el \u00faltimo d\u00eda en que se extingu\u00eda la concesi\u00f3n, coincidente con el fin del a\u00f1o 1957, no se concret\u00f3 la intervenci\u00f3n decretada y el estado argentino renunci\u00f3 a las facultades que le eran propias. La ofensiva de los c\u00edrculos financieros de Europa y Estados Unidos, especialmente los ligados al grupo SOFINA, sociedad financiera controladora de CADE, detr\u00e1s de la cual estaban los bancos m\u00e1s importantes de Europa Occidental, entre ellos el Deutsche Bank, logr\u00f3 torcer el brazo de un gobierno que, por otra parte, se mostraba deseoso de hacer buena letra con el capitalismo internacional.<\/p>\n No obstante el doloso comportamiento de las empresas de electricidad, Abs argumentaba que las acciones contra las mismas \u201cse cometen invocando presuntas violaciones de leyes y regulaciones nacionales por parte de las empresas extranjeras, y con frecuencia se utilizan los bienes de las compa\u00f1\u00edas privadas para saldar cuentas por reparaciones y demandas por da\u00f1os y perjuicios causados a los pa\u00edses por los inversores extranjeros\u201d. Y generalizando, se\u00f1alaba las violaciones de los derechos e intereses de las empresas extranjeras como \u201cel retiro de materias primas esenciales, la negativa a conceder permisos de importaci\u00f3n, los impuestos excesivos, las regulaciones de cambios y cosas por el estilo\u201d. Asimismo, deploraba que en una reciente Conferencia Interamericana, los estados de la regi\u00f3n, contrariando los prop\u00f3sitos de la delegaci\u00f3n de los Estados Unidos, se hab\u00edan negado a recomendar la compensaci\u00f3n en caso de expropiaci\u00f3n de bienes extranjeros. De hecho, el hombre del Deutsche reclamaba piedra libre para las inversiones extranjeras y la renuncia de los estados receptores de dichas inversiones al ejercicio de sus derechos soberanos.<\/p>\n El banquero alem\u00e1n, cuya carrera hab\u00eda experimentado un considerable progreso bajo el paraguas del nazismo -llegando a presidir el Deutsche en v\u00edsperas de la Segunda Guerra Mundial-, admiraba a los Estados Unidos porque contaban con \u201clos medios m\u00e1s eficaces para proteger los intereses de sus ciudadanos\u201d. Dado que otras naciones carec\u00edan de similar fuerza para ejercer la misma protecci\u00f3n, requer\u00eda la solidaridad de las restantes y censuraba al Banco Alem\u00e1n de Emisiones y al estadounidense Banco de Exportaci\u00f3n e Importaci\u00f3n por asistir mediante cr\u00e9ditos a la Argentina, a despecho de los casos de CADE y la \u00cdtalo-Argentina.<\/p>\n El escrupuloso predicador de los derechos de los inversores, reclamaba la responsabilidad conjunta de los pa\u00edses de manera de alcanzar \u201cun sistema efectivo de protecci\u00f3n internacional de los derechos extranjeros\u201d. De manera melodram\u00e1tica, llamaba a restablecer \u201cel derecho y el orden internacional y, en particular, la inviolabilidad de la propiedad privada, principio reconocido por todos los pa\u00edses occidentales\u201d y ped\u00eda a los Estados Unidos que tomaran la iniciativa para crear un sistema de protecci\u00f3n de las inversiones privadas en el exterior.<\/p>\n Finalmente, propon\u00eda una convenci\u00f3n internacional en la que tanto los gobiernos de los pa\u00edses exportadores como los pa\u00edses importadores de capitales se comprometieran a tratar los capitales extranjeros con justicia y a abstenerse de interferir con tales inversiones. Anticipando la creaci\u00f3n del CIADI, planteaba que dicha convenci\u00f3n deb\u00eda proveer \u201cal establecimiento de un tribunal internacional de arbitraje, encargado de determinar si los casos elevados ante \u00e9l encierran violaciones de los principios mencionados\u201d. A tono con la arrogancia que lo caracterizaba, Abs otorgaba al tribunal facultades para castigar a los pa\u00edses infractores con sanciones econ\u00f3micas, sin importar que fueran o no signatarios de la convenci\u00f3n. Adem\u00e1s, alertado de la competencia que se hab\u00eda establecido entre los pa\u00edses centrales para invertir en las \u00e1reas perif\u00e9ricas, otorgaba autoridad al tribunal arbitral para obligar a todos sus miembros a negar nuevos cr\u00e9ditos al pa\u00eds considerado infractor.<\/p>\n En suma, el discurso de Abs mostraba a la Argentina como uno de los pa\u00edses d\u00edscolos cuyo comportamiento avalaba una propuesta antecesora del CIADI, destinada a constituir otro \u00e1mbito para reproducir las asimetr\u00edas que en el orden internacional separaban a los pa\u00edses centrales de los perif\u00e9ricos. En nuestros d\u00edas, es sabido que las mayor\u00edas de las demandas de los inversores extranjeros que tienen cabida en dicho tribunal involucran a demandas contra pa\u00edses africanos, asi\u00e1ticos y latinoamericanos, entre los que se destaca la Argentina por el n\u00famero de contenciosos que la comprometen.<\/p>\n En oportunidad de discutirse en el Banco Mundial el proyecto de creaci\u00f3n del CIADI, los Estados latinoamericanos se opusieron a la creaci\u00f3n del tribunal arbitral. La marea neoliberal que se precipit\u00f3 sobre la regi\u00f3n determin\u00f3 que un gran n\u00famero de esos Estados, con la excepci\u00f3n del Brasil, adhirieran al organismo en la d\u00e9cada del noventa. La Argentina firm\u00f3 el Convenio de adhesi\u00f3n en 1991 y su ratificaci\u00f3n por parte del Congreso se efectiviz\u00f3 en 1994. De esta manera, el gobierno argentino de entonces resign\u00f3 la posibilidad de tramitar los conflictos en cuesti\u00f3n en los tribunales locales, renunciando a una prerrogativa b\u00e1sica de la soberan\u00eda como es la jurisdicci\u00f3n territorial de sus tribunales y constituyendo un reaseguro para las empresas extranjeras adjudicatarias de las privatizaciones durante la d\u00e9cada del \u201890. Abs puede descansar en paz.<\/p>\n * Ricardo Vicente es soci\u00f3logo. Naci\u00f3 en la Argentina y fue docente e investigador de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas de la Universidad de Buenos Aires.<\/p>\n <\/p>\n Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Vol. 1 a 4. 2006-2009<\/em><\/p>\n <\/p>\n Publicado por \u00a9www.<\/strong>ariadnatucma.com.ar<\/strong><\/p>\n <\/p>\n info@ariadnatucma.com.ar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ricardo Vicente* Izquierda: Jacobo Arbens y familia El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) adquiri\u00f3 notoriedad en los \u00faltimos a\u00f1os debido a las demandas efectuadas por inversores extranjeros contra la Argentina luego del derrumbe del r\u00e9gimen de convertibilidad, y la siguiente pesificaci\u00f3n y congelamiento de las tarifas de las empresas de … <\/p>\n
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