La construcción del modelo económico social en la Argentina

e. Hegemonía del mercado. Desde 1976 en adelante

La década de 1970 se inició en el mundo con una crisis económica seguida de un fuerte aumento de los precios del petróleo. Fue necesario acuñar un nuevo término para definir esa complicada situación de las potencias industriales: estanflación, esto es estancamiento económico acompañado de inflación. Estos procesos generaron una enorme liquidez en los mercados mundiales, abundantes capitales circulaban sin poder invertirse productivamente dado el bajo crecimiento del producto y la demanda.

Esto impulsó a la banca internacional a ofrecer a los países en desarrollo, en especial a América Latina, amplios préstamos con bajas tasas de interés. La deuda latinoamericana contraída en esos años obedecía en parte a la competencia entre bancos internacionales por participar en el atractivo mercado que parecían ofrecer los países del Tercer Mundo, aprovechando además que la expansión de la liquidez internacional había debilitado la disciplina financiera ejercida tradicionalmente por el FMI. 19 (Rapoport, 2000)

En los países más poderosos, la crisis de los ‘70 tuvo también repercusiones políticas importantes, llevando al poder a partidos más conservadores que sus antecesores (Ronald Reagan en Estados Unidos, Helmut Kohl en Alemania, Margaret Tatcher en Gran Bretaña). Si bien los efectos de la crisis no eran similares en todos los países y, por lo tanto, no eran iguales las respuestas a la misma, en general la tendencia impuso que se dejaran de lado las políticas económicas y sociales keynesianas y se tendiera firmemente hacia la desregulación de los mercados.

Como consecuencia de el permisivo endeudamiento que los bancos internacionales habían fomentado en América Latina ésta región había aumentado enormemente su ya tradicional vulnerabilidad externa.

Por eso cuando el presidente Reagan fracasó en su intento por reducir el déficit de los Estados Unidos y las tasas de interés en ese país subieron de manera significativa, la tasa real media de interés de los países menos desarrollados se elevó de alrededor del 6% al 14% lo que afectó de inmediato las posibilidades de cumplir con los servicios financieros. (Rapoport, 2000)

La crisis de la deuda (sencillamente, la imposibilidad de los países deudores de afrontar semejante suba de las tasas de interés con los menguantes recursos de sus economías subdesarrolladas) inició una etapa de restricción financiera, los préstamos se suspendieron y el FMI tomó entonces el papel de intermediario entre los países deudores y los bancos acreedores, negociando cada caso en particular. En líneas generales se imponía a los deudores estrictas condiciones de ajuste que deterioraron la calidad de vida de la población e impidieron por completo el crecimiento económico; el cumplimiento de estas condiciones era (lo es aún) controlado por misiones enviadas por el FMI que verifican y corrigen las políticas gubernamentales de los países latinoamericanos. Toda la década del 80 está marcada por este deterioro de la situación financiera de América Latina, que pasó de ser una región receptora de fondos a ser la principal expulsora de fondos líquidos con destino a los países más ricos.

A fines de la década el comercio internacional se incrementó notablemente aunque conservando el alto grado de proteccionismo de las grandes potencias. Gran parte del comercio exterior se concretó en el interior de los bloques económicos que empezaron a funcionar como mercados internos ampliados. El avance tecnológico impuso, además numerosos cambios en la producción, en las comunicaciones y también en la organización y funcionamiento de las empresas, como consecuencia del empleo de la robótica y la informática. El mercado de capitales también evolucionó llegando a una fluidez y movilidad sorprendentes.

La constitución de este mercado financiero internacional aceleró el proceso de acumulación y concentración de capital beneficiando a aquellos países, corporaciones y redes financieras transnacionales que tenían capacidad para trasladar rápidamente sus capitales de acuerdo con su propia lógica de acumulación. Esto fue más visible aún en los países receptores de ese capital, para quienes la inestabilidad y volatilidad estaban lejos de constituir un factor de crecimiento económico y desarrollo social.” (Rapoport, 2000)

La inestabilidad de estas condiciones genera un “riesgo sistémico”, esto es un riesgo de inestabilidad global por la imprevisibilidad de las conductas de los agentes financieros que, lejos de resultar en ajustes correctores del modelo, agravan aún más los desequilibrios, sobre todo en perjuicio de los llamados “mercados emergentes”, como nuestro país.

En la Argentina, esta última etapa se abre con un nuevo golpe militar que, como en los anteriores, fue recibido por gran parte de la población con indiferencia, sino con cierto alivio. El objetivo declarado del nuevo gobierno militar era, por supuesto, la eliminación de los grupos armados, en particular el ERP y Montoneros. Pero el plan verdadero iba mucho más allá:

La propuesta de los militares (…) consistía en eliminar de raíz el problema, que en su diagnóstico se encontraba en la sociedad misma y en la naturaleza irresoluta de sus conflictos. El carácter de la solución proyectada podía adivinarse en las metáforas empleadas –enfermedad, tumor, extirpación, cirugía mayor-, resumidas en la más clara y contundente: cortar con la espada el nudo gordiano. El tajo fue en realidad una operación integral de represión cuidadosamente planeada por la conducción de las tres armas, ensayada primero en Tucumán –donde el Ejército intervino oficialmente desde 1975- y luego ejecutada de modo sistemático en todo el país. Así lo estableció la investigación realizada en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, que creó el presidente Raúl Alfonsín, y luego la justicia, que juzgó a los militares implicados y condenó a muchos de ellos.” 20 (Romero, 1994)

En materia económica, el equipo al mando de Martínez de Hoz aplicó una serie de medidas tendientes a abrir el mercado argentino a los productos y capitales extranjeros. En primer lugar, ya desde noviembre de 1976 se puso en marcha una gradual reducción arancelaria que terminó en un aluvión de productos importados que llevaron al cierre a numerosas fábricas nacionales.

Por otra parte, la reforma financiera de 1977 liberó las tasas de interés y descentralizó los depósitos bancarios, pero manteniendo la garantía del Estado aunque sin ninguna supervisión. El resultado fue una expansión financiera sin precedentes que acabó en un verdadero caos, iniciado por una espectacular corrida bancaria en 1980 que terminó afectando a todo el sistema financiero. La estrategia anti-inflacionaria en cambio fue bastante errática, sin que se evidenciara la aplicación de un plan concreto hasta comienzos de 1979 cuando se anunció la “tablita”: un cronograma que fijaba el valor del dólar durante los siguientes 8 meses. Sin embargo, la inflación no cedió, con el agravante de que el aumento fijado para el dólar (menor que la inflación) abarataba las importaciones y desalentaba las exportaciones, deteriorando la balanza comercial.

Para empeorar la situación,

el gasto público creció en forma sostenida, alimentado primero con emisión y luego con endeudamiento externo. Una parte importante tuvo como beneficiario directo a las Fuerzas Armadas, que se re-equiparon con vistas al conflicto con Chile primero y con Gran Bretaña por las Malvinas después, y otra también considerable se destinó a programas de obras públicas de dimensión faraónica. (…) Se gastaba por varias ventanillas a la vez, sin coordinación entre ellas –un aspecto más de la falta de unidad de conducción política-, lo que sumado a la inflación, que tornaba imprevisible lo que efectivamente cada uno recibiría, hizo borrosa la misma existencia de un presupuesto del Estado. (Romero, 1994)

Para 1982 la situación del gobierno militar ya se encontraba suficientemente deteriorada cuando dos acontecimientos vinieron a terminar de hundirla: la crisis de la deuda, ya explicada someramente al comienzo de este apartado, y la guerra de Malvinas.

El hecho era que en 1982 el endeudamiento no era sólo un problema de los que debían sino una amenaza para toda la economía. Particularmente preocupantes eran las obligaciones con el exterior, encarecidas por la depreciación cambiaria y por el aumento de las tasas internacionales de interés. Las deudas de empresas con bancos locales, en tanto, también eran una peligrosa amenaza, que ponía en jaque al sistema financiero. Castigadas por la recesión y los pagos de intereses, las empresas contagiaban sus dificultades a sus acreedores. (Gerchunoff, 1998)

Previendo ya su retirada, el gobierno militar licuó las deudas privadas fijando tasas de interés que (gracias a la inflación) resultaban negativas y compensando a los bancos privados con créditos del Banco Central, también a tasas reales negativas.

La guerra de Malvinas movilizó profundos sentimientos nacionalistas y antiimperialistas, pero en realidad representó la solución para los muchos problemas que acarreaba el gobierno militar. Contando con el apoyo de Estados Unidos, que finalmente apoyó a Gran Bretaña, los militares se lanzaron a una aventura riesgosa que, lamentablemente, dejó un saldo de más de 700 muertos o desaparecidos y casi 1.300 heridos. La rendición incondicional de las tropas argentinas se produjo el 14 de junio, 74 días después de la tan publicitada ocupación.

La derrota de Malvinas, más que la crisis de la deuda, marcó el final de la dictadura. Luego de una multitudinaria marcha por la democracia, la fecha de elecciones fue fijada para fines de 1983.

Mirado desde el umbral del siglo XXI, el proceso de transición institucional cuyo emblema fue Raúl Alfonsín y cuya fecha fundacional fue el 10 de diciembre de 1983 se distingue como un auténtico punto de inflexión en la ajetreada historia política argentina. (…) El ciclo iniciado entonces mantendrá inexorablemente un signo distintivo respecto a, por lo menos, el que abarcó el medio siglo anterior. Por primera vez en décadas, ha existido a partir de 1983 un consenso abrumadoramente mayoritario acerca de las reglas de juego elementales del sistema político, acerca de cuándo un gobierno es legítimo y cuándo no lo es. (Gerchunoff y Llach, 1998)

La tensión entre el gobierno y las Fuerzas Armadas era evidente, sobre todo en la cuestión de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. En 1985 se juzgó y se condenó a los miembros de las juntas militares, pero quedaba sin resolver la situación de los oficiales de menor graduación. Finalmente éstos fueron beneficiados con la Ley de Punto Final que ponía un límite temporal a la presentación de denuncias, y posteriormente (luego de un levantamiento militar en la Semana Santa de 1987) con la Ley de Obediencia Debida, que cargaba la responsabilidad del genocidio sobre los autores intelectuales, exculpando a los autores materiales. Estas leyes fueron vivenciadas por la ciudadanía como fracasos frente a los militares y diluyeron en parte el clima de reivindicación de los derechos humanos de los comienzos.

Las dificultades económicas también pesaban en la ciudadanía como fracasos. La catastrófica herencia recibida de la dictadura y la complicada situación externa impedían cualquier proyecto de crecimiento. La inflación continuaba siendo ingobernable y la deuda externa representaba cinco veces las exportaciones anuales. En este difícil contexto, el gobierno decidió lanzar un plan económico cuyo objetivo principal era reducir la inflación mediante un fuerte ajuste, aún mayor que el solicitado por el FMI, y un cambio de moneda que debía dar a la ciudadanía una clara señal que detuviera la fuerte inercia inflacionaria. La inflación nunca fue controlada por completo (aunque en una primera etapa se había logrado una importante disminución) y la falta de crecimiento de la economía planteaba al equipo económico un dilema mayor. En realidad, el gobierno continuaba financiando el déficit público con más emisión monetaria, lo cual hacía imposible cualquier intento serio por detener la marcha de la inflación.

En 1987 el partido peronista se había reorganizado, superando las derrotas electorales de 1983 y 1985 y mostrando una faceta más moderna y democrática, acorde con los tiempos que corrían. Su triunfo en las elecciones representó un fuerte impacto para el gobierno radical. Dos levantamientos militares más, en enero y en diciembre de 1988, además del extraño episodio del intento de copamiento al cuartel militar de La Tablada por parte de un pequeño, aislado y desconocido grupo terrorista en enero de 1989 aumentaron en la civilidad la sensación de que el gobierno claudicaba una y otra vez frente a los militares. Estos acontecimientos, sumados a la pésima coyuntura económica, dieron el triunfo en las elecciones presidenciales de 1989 a Carlos Menem, candidato del renovado Partido Justicialista.

Los últimos meses del gobierno de Raúl Alfonsín transcurrieron dramáticamente.

Luego de largos períodos de alta inflación, había llegado la hiperinflación, que destruyó el valor del salario y la moneda misma y afectó la misma producción y circulación de bienes.(…) A fines de mayo la hiperinflación tuvo sus primeros efectos dramáticos: asaltos y saqueos a supermercados, duramente reprimidos. Poco después Alfonsín renunció, para anticipar el traspaso del gobierno, que se concretó el 8 de julio, seis meses antes que el plazo constitucional. (Romero, 1994)

Así llegaba 1989, el año en que confluyeron dos hechos inéditos en la historia argentina: el desborde inflacionario y la transmisión del mando entre dos presidentes de distinto partido elegidos limpiamente. (…) Si en 1983 el mandato popular había sido antes que nada de naturaleza institucional, el que recibía Menem era ante todo económico: había que salir de la hiperinflación. (Gerchunoff, 1998)

En contra de todo lo que había prometido durante su campaña, Menem tomó un rumbo definidamente liberal, que

profundizaba y llevaba hasta sus últimas consecuencias las políticas de apertura y desregulación económicas ensayadas desde 1975. Se liberaron los precios, aún de aquellos productos donde el precio único tenía valor simbólico, como los combustibles; también se liberó casi por completo la importación, y en la misma medida se eliminó la promoción industrial. El Estado renunció a toda regulación sobre el mercado financiero, y los bancos oficiales comenzaron a reducir sus operaciones, abriendo camino a la banca privada. (…) Luego de un cambio de moneda, la Ley de Convertibilidad fijó la paridad del nuevo peso, que reemplazó al austral, con la del dólar, comprometiéndose el gobierno a no emitir sin respaldo.” (Romero, 1994)

Los últimos y desdichados acontecimientos en materia económica, sumados a la percepción generalizada de un estancamiento a largo plazo, posibilitaron la difusión en nuestro país del ideario neoliberal, que revalorizaba al mercado frente al Estado en los diversos campos de la economía en los que estaban en conflicto. En coincidencia con esta corriente de ideas, y para reducir lo máximo posible el gasto estatal, el gobierno se desprendió sistemáticamente de todas sus empresas, aceptando como parte de pago los títulos de la deuda externa. En cuestiones de política exterior, el gobierno de Menem estableció una estrecha relación con Estados Unidos, algo inédito en la Argentina, y reanudó las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña renunciando a todo reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Indultó a todos los militares condenados por los crímenes cometidos durante la dictadura militar, incluyendo también a los jefes montoneros y a los “carapintadas” sublevados contra el gobierno de Alfonsín.

El liberalismo ha impuesto en la opinión pública no sólo sus propuestas sino la misma agenda de problemas. Todo debate público se reduce, casi sin excepción, a la economía, y toda la economía a la estabilidad. Se han abandonado ilusiones muy caras a la sociedad, como la del buen salario o la del pleno empleo, (…) y también se ha bloqueado la posibilidad, no ya de discutir alternativas sino de plantear otros problemas. (…) Simultáneamente se ha constituido el mundo de la pobreza, nutrido de trabajadores mal pagos, pequeños cuentapropistas, desocupados, marginales de distinto tipo y de un sector “peligroso” cada vez más amplio. (…) Vista en su conjunto, la sociedad se ha polarizado. Desaparecidos los mecanismos de redistribución y de negociación social, un vasto conjunto se sumerge en la pobreza o ve deteriorado su nivel de vida mientras un grupo visto como los “ricos”, que incluye una porción nada despreciable de los sectores medios, prospera ostentosamente y exhibe sin complejos su riqueza, en muchos casos reciente, de modo que las desigualdades no se disimulan sino que se espectacularizan. (Romero, 1994)

Para terminar intentaremos una caracterización de la coyuntura inscripta en el proceso de larga duración de organización racional de la sociedad que lleva a la organización tanto de la esfera pública (Estado, opinión pública etc.) como de la esfera de acciones privadas (familia, mercado etc.). 21

En la sociedad precapitalista puede notarse que no hay una adecuación estrecha entre el sistema social y las normas de convivencia social como se da en la sociedad burguesa. Frente a la sociedad tradicional, desde el punto de vista de la producción, el capitalismo liberal es, para Habermas, el mercado (la racionalidad técnica) que asume tanto la función de integración del sistema como la de integración social. En cuanto a la primera función el mercado se constituye como principio de dirección del sistema; en cuanto a la segunda función, en tanto se supone un intercambio justo (cambio equivalente), constituye el principio normativo de la sociedad.

Puesto que la sociedad se integra mediante el principio de mercado libre (intercambio de mercancías) y este ámbito es una esfera privada, separada del Estado, las relaciones de clase que se dan en el campo económico no tienen forma directamente política en la medida en que no son inherentes a la estructura del Estado como tal. El Estado liberal se organiza como un marco complementario del mercado autorregulado. De suyo, pretende estar separado de la esfera particular del mercado, entendiéndose como ámbito general de los intereses comunes. Pero por otra parte, en tanto el Estado tiende a garantizar el libre mercado, se pone al servicio de las relaciones de clase que están implicadas en el mercado.

Como el capitalismo pretende legitimarse como expresión máxima de la racionalidad instrumental, todo hombre que no encuentre posibilidad de autorrealización en el capitalismo (la cual no sea producto de su propia negligencia) es una forma de refutación, en la medida en que muestra la falta de racionalidad del sistema.

Así las crisis económicas (crisis de dirección del sistema) se convierten en crisis de integración social que por otro lado se hacen endémicas de modo que ha permitido a los historiadores hablar de ciclos de crecimiento y de crisis.

Ernest Mandel describe tres rupturas en el desarrollo del capitalismo: la producción mecánica de motores de vapor (1848); la producción mecánica de motores eléctricos y de combustión (última década del siglo XIX) y la producción mecánica de ingenios electrónicos y nucleares (década del 40 del siglo XX).

Esta evolución se corresponde con tres etapas del capitalismo: fase del capitalismo mercantil, la fase del monopolio o etapa imperialista y la fase del capitalismo multinacional que constituye la forma más pura del capitalismo en tanto comporta una ampliación del capital hasta territorios antes no mercantilizados. Este capitalismo se relaciona con la destrucción de todas las formas precapitalistas y el ascenso de los medios de comunicación de masa y de la industria publicitaria.

La cultura atraviesa por tres fases complementarias: realismo, modernismo y postmodernismo. En esta última etapa se establece una relación distinta entre el hombre y la máquina dado que se trata de máquinas reproductoras (ordenadores, televisores, fotografía) de la realidad. Se trata de nuevos procesos reproductivos que representan el contenido. La formación cultural correspondiente ha generalizado el valor de cambio en una sociedad en la cual la imagen se ha convertido en la forma final de la reificación mercantil.

La tecnología de nuestra sociedad nos ofrece un esquema de representación privilegiado a la hora de captar esa red de poder y control (casi imposible de concebir para nuestro entendimiento y nuestra imaginación) que se ha extendido por todo el mundo. La tecnología simboliza el poder inmenso de la fuerza de trabajo humana acumulada que constituye el horizonte de la praxis colectiva e individual. Es el resultado del desarrollo capitalista y no una causa primera.

Ese capital acumulado en tecnología, diseña un espacio en donde todo lo comercializable debe ser expuesto. El discurso posmoderno se vuelve descriptivo en relación con un hiperespacio construido por el capitalismo avanzado que convierte a todo en mercancía, para lo cual es necesario imponer la cultura del simulacro.

Desemboca esto, según Jameson, en una

…rapiña de todos los estilos del pasado, la pasión por lo neo, consumidores que padecen una avidez de un mundo convertido en imagen de sí mismo, un mundo de simulacros (la copia idéntica de /a cual nunca ha existido el original). La cultura del simulacro se ha materializado en una sociedad que ha generalizado e/ valor de cambio hasta el punto de desvanecer el valor de uso. La imagen se ha convertido en la forma final de la reificación mercantil. (Jameson, 1992)

En la coyuntura argentina que analizamos podemos ver su inserción en los grandes ciclos capitalistas mundiales y consecuentemente el desarrollo del Estado Nacional es empujado a su vez a reubicaciones críticas.

La constitución de una estructura Estatal es un proceso de larga duración y la formación de las estructuras estatales nacionales constituyen coyunturas propias del desarrollo de la sociedad burguesa en donde la contradicción de las acciones que configuran una esfera pública política con las de la esfera privada económica se están haciendo cada vez más manifiestas.

Resultará interesante para el historiador observar la evolución económica y el papel del Estado, dada las contradicciones cada vez más evidentes que redundan en la falta de soluciones al problema cada vez mayor del empobrecimiento y exclusión social de sectores cada vez más grandes de la población.