Pobres y poderosos ante la ley: la actuación de la justicia ante el crimen en la ciudad de Pinar del Río (1940-1952)

Juana Marta León Iglesias*

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Izquierda: Palacio Gustavo. Pinar del Río. Cuba.

 

Introducción


Durante el período 1940-1952, Cuba retoma la senda de la institucionalidad burguesa, luego de la inestabilidad política que caracterizó la década de 1930. Durante este período, el país vio agravarse la crisis estructural que marcó la vida económica, política y sociocultural cubana durante la República neocolonial.

 

Desde el punto de vista económico, la década de 1940 se caracterizó por las fluctuaciones en la comercialización del azúcar, provocadas por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos arancelarios pactados con Estados Unidos, y posteriormente, por medidas que, como el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (1948), “lastraba cualquier propósito de nacionalismo económico”.[1] Bajo estas condiciones, la inflación comenzó a hacerse sentir en la vida de los cubanos, especialmente de las clases populares.

 

En el bajo nivel salarial de las clases trabajadoras cubanas y en la disminución paulatina del poder adquisitivo de la moneda nacional, puede constatarse la aguda situación de crisis económica por la que atravesaba la población en Cuba. Entre 1941 y 1957, el poder adquisitivo del peso cubano se redujo en un 33%.[2] De hecho, entre 1941 y 1947, el nivel de vida descendió como resultado del incremento del costo de la alimentación, situación que no mejoró en el período de 1947 a 1957, cuando no se produjo un aumento significativo de los salarios por encima de los precios, capaz de elevar el nivel de vida de la población.[3]

 

A la crisis económica se unía la crisis política que se traslucía tras la gestión de los gobiernos auténticos (1944-1952). Esta actuación estuvo marcada por la corrupción política y administrativa, el nepotismo, la represión violenta a los líderes obreros, como secuela de la Guerra Fría, y la violencia desatada por la proliferación de bandas gangsteriles al servicio del gobierno.

 

En esta realidad se inserta la ciudad de Pinar del Río, enclave que durante la década de 1940 se encontraba en un momento complejo de su desarrollo como ciudad. Por una parte, comenzaban a manifestarse indicios de que la urbe se modernizaba, aunque este proceso se desarrolló de forma agónica, debido al secular abandono de que había sido víctima la región vueltabajera y a las características de la economía nacional y local, poco favorables para un salto espectacular de aldea a gran urbe. Por ello, aunque se consideró el crecimiento demográfico y territorial, la elevación de modernos edificios, el mejoramiento de las comunicaciones, el transporte y la llegada de la expansión de la radio y luego del cine, como beneficios de la modernización; pronto se manifestó la preocupación por el estado higiénico de la ciudad, por la mendicidad y por el comportamiento de la aumentada población, que aparentemente estaba comenzando también en lo criminal, a parecerse a las ciudades modernas.

 

En este sentido, la mentalidad de la época está en un momento de cambio: la ciudad y el modelo de ciudadano que se quería comienza a ser repensado, desde la premisa de que el tránsito entre pequeño pueblo y “gran ciudad”[4] debía realizarse sin que se perdieran ciertos valores tradicionales como la decencia, el respeto a las familias y a las autoridades, el pudor femenino, y otros que habían distinguido hasta ese momento a una sociedad patriarcal y pueblerina, que solo dejaba de verse en sí misma cuando se comparaba con la capital nacional.

 

La supuesta inscripción de Pinar del Río en la lista de las ciudades que podían considerarse “modernas” en Cuba era, a la par que motivo de satisfacción, fuente de preocupación, porque con los asiduos contactos con personas de disímiles procedencias, se instauraba una suerte de desorden que inspiraba comportamientos antisociales, generaba la presencia de lupanares y barrios de tolerancia, y sobre todo, estimulaba la mendicidad y el crimen común. Esta situación no era exclusiva de Pinar del Río, sino que respondía a una realidad nacional: desde la década de 1940,[5] y especialmente en la siguiente,[6] el delito común en Cuba alcanza tasas alarmantes en el contexto latinoamericano, y se caracteriza por delitos violentos, contra la propiedad, el honor y las buenas costumbres. De igual modo, se radicó un alto número de delitos de juego prohibido, en consonancia con el paulatino auge de la industria del turismo en Cuba, y a tono con la secular apetencia de los cubanos por los juegos de envite y azar.

 

En este sentido, este artículo se propone comparar la respuesta judicial ante el crimen convencional, y el tratamiento de la justicia ante el delito cometido por los poderosos en la ciudad de Pinar del Río, durante el período 1940-1952. Para ello se trabajó con los documentos contenidos en los fondos Tribunal de Urgencia y Audiencia Sala Penal, ambos del Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río,[7] y se complementó con la obtenida del fondo Cárceles y Presidios, del Archivo Nacional de Cuba. Por demás, fueron de interés las revistas Pinar del Río, así como la colección de periódicos Heraldo Pinareño y Vocero Occidental, ambos de la ciudad de Pinar del Río. Por demás, aún cuando la temática de la criminalidad ha ganado cierto auge en los estudios históricos contemporáneos en Cuba, debe advertirse que hasta donde esta autora ha podido constatar, no existen estudios sobre el tema relativos al período neocolonial cubano. Por tanto, este análisis tiene como limitante la imposibilidad de comparar la realidad pinareña con la de otras regiones y ciudades cubanas durante el mismo período, lo cual habría aportado la determinación de las particularidades de este fenómeno en la ciudad pinareña, y las regularidades que pueden adjudicarse a este fenómeno en la Cuba del periodo.

 

 

 

Consideraciones teóricas


E n el presente artículo, el interés investigativo se centra exclusivamente en el crimen común, lo cual excluye el motivado por cuestiones políticas. En el gran conglomerado de los crímenes comunes, pueden encontrarse aquellos considerados convencionales, los cuales serán entendidos como “aquellas conductas ilícitas debidamente tipificadas en el Código Penal, y sancionadas normalmente por los órganos correspondientes”,[8] y los delitos económicos o empresariales, los cuales son aquellas conductas “ilícitas o en todo caso ilegales, no convencionales, cometidas por medios no físicos, por personas respetables y de clase social elevada, en el ejercicio o en relación con sus actividades profesionales”.[9] Por lo general, el tipo de delincuente que genera crímenes del primer grupo difiere en todo sentido de los que cometen delitos agrupados en el segundo rubro; y esta diferencia la advierte también el sistema de control social penal, al administrar la justicia en uno u otro caso.

 

Pese a que el crimen en su comportamiento puede ser analizado desde diversas aristas y factores que pueden influir tanto en el fenómeno en su nivel macrosocial, como en la decisión individual de cometer una acción etiquetada como delictiva, se parte de considerar, dado el comportamiento de la actividad criminal y su respuesta del control social, la teoría conocida como la teoría del etiquetamiento, propuesta en la década de 1960 por varios autores norteamericanos. El núcleo principal de esta teoría parte de considerar que  la desviación social es resultante de un proceso en que la mayoría social califica o etiqueta negativamente aquellos comportamientos de las minorías que son contrarias a las normas culturales estandarizadas de la mayoría.[10]

 

En este sentido, el propio Becker, uno de los principales formuladores de esta teoría afirmaba:

 

“All social groups make rules and attempt, at some times and under some circumstances, to enforce them. Social rules define situations and the kinds of behavior appropriate to them, specifying some actions as “right” and forbidding others as “wrong.” When a rule is enforced, the person who is supposed to have broken it may be seen as a special kind of person, one who cannot be trusted to live by the rules agreed on by the group. He is regarded as an outsider”. [11]

 

La teoría del etiquetamiento se preocupa por los procesos de criminalización realizados por las instituciones de control social formal y no formal, y por las transformaciones que sufre la personalidad del criminal a lo largo de su carrera delictiva. [12] En este caso, por no contar con registros, debe desecharse la posibilidad de analizar esta última cuestión. Por demás, también puede considerarse las propuestas de la teoría de la asociación diferencial, que puede contribuir al análisis de la criminalidad empresarial o “de cuello blanco”.[13] Este enfoque tiene el mérito de ofrecer otra perspectiva, radicalmente distinto, de las causas que inciden en la conducta criminal: el delito de los poderosos no es explicable desde la tesis de la influencia de la pobreza y de las desviaciones que ella puede generar. Al contrario, la asociación diferencial, además de validar la tesis de la criminalidad como una conducta socialmente aprendida, afirma que la persona que viola la ley lo hace a  partir de previamente valorar los riesgos o beneficios de su conducta. Tratándose de criminales de alta clase social, por lo general, los beneficios de su conducta suelen ser mayores que los riesgos, entendidos estos como la posibilidad de recibir una sanción penal.

 

También debe tomarse en cuenta que estas teorías frecuentemente complementan sus enfoques entre sí, y a su vez beben de cimientos teóricos anteriormente postulados, por lo que algunos planteamientos iniciales pueden ser consultados en teorías anteriores. Por otro lado, al ser la criminalidad un fenómeno tan complejo, es imposible de explicar desde una teoría única, por lo que se sugiere el empleo de perspectivas multifactoriales.

 

 

El comportamiento de la criminalidad: crimen y delincuentes convencionales

 

“La miseria, con toda la enorme gama de horrores, desgracias y calamidades, influyen poderosamente en la conducta del hombre, que bajo influjo del hambre, de la falta de los elementos esenciales para la vida, termina por desequilibrarse realizando actos en contra de la sociedad, que no remedian las grandes injusticias que azotan los pueblos (…) Los desheredados  de la fortuna, buscan el salidero del  delito para satisfacer sus  perentorias necesidades o para  vengarse de la injusticia, o por choques físicos que inhiben su voluntad y sus frenos morales  o psicológicos”.[14]

 

La ciudad de Pinar del Río, en la década de 1940, contaba con 26241 habitantes. En el último censo del período neocolonial, llegaría a contabilizar 36161 almas.[15] Este era un incremento sustancial para una ciudad que había iniciado el siglo con 10634 individuos,[16] y que para la cuarta década del siglo pasado, ya comenzaba a sufrir los problemas que aquejaban a las grandes ciudades. Dos de los más notorios son el desbordamiento poblacional y sobre todo, la pérdida de la inocencia y del espíritu apacible que hasta ese momento había caracterizado a la muy tranquila ciudad occidental. De hecho, el crecimiento poblacional provocó la formación de un conjunto de barrios insalubres en los que se aglomeraban personas sin recursos, generalmente campesinos que se alejaban de los campos en busca de nuevas oportunidades en la ciudad.

 

La llamada “modernización impactó en la ciudad, y fue responsabilizada de la transformación de las conductas de los moradores. Sin embargo, en este período, sin desdeñar la posibilidad de que algunos valores tradicionales estuvieran en proceso de transformación o sustitución, la ciudad no parece haber sido particularmente violenta, ni se ha podido constatar la existencia de agrupaciones entre individuos creadas con el objetivo de delinquir. Ni la prensa escrita, ni las actas del Ayuntamiento pinareño, se plantean entre sus tareas prioritarias acometer la criminalidad, por lo que se supone que esta no ha de haber constituido una preocupación para las clases empoderadas, y que los criminales podían encontrarse entre individuos que habían hecho de la ilegalidad una forma de subsistir, como comúnmente ocurre en todas las sociedades. La tabla 1 ofrece una visión de los delitos más frecuentemente cometidos en la ciudad durante el período:

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los expedientes conservados en los fondos Audiencia Sala Penal y Tribunal de Urgencia, Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río, y Cárceles y Presidios, del Archivo Nacional de Cuba.


Como puede verse en la tabla anterior, los delitos más frecuentemente cometidos fueron, en orden descendente, aquellos relacionados con la insubordinación a las autoridades, como el desacato y la resistencia al arresto, generalmente relacionados con otros delitos por los que no se levantaba causa, como el juego prohibido o el desorden público. Le seguían los de atentado, también contra las autoridades, lesiones, desorden público, proxenetismo y hurto. También se cometieron delitos de injurias, incendios, daños y amenazas, solo que en cantidades mínimas.

 

Pese a no estar entre los más frecuentemente cometidos, los delitos de lesiones, y más aún, los de homicidios, solían acaparar la atención pública, por el sensacionalismo que generalmente rodeaba estos casos, y que se veía exacerbado cuando estaba involucrado, en calidad de víctima o victimario, alguna connotada personalidad local.  Este es el caso del homicidio cometido en el año 1953, en la persona del acaudalado comerciante José Rodríguez Díaz, español de 77 años, quien fue atacado en su domicilio en la capital pinareña. La muerte de este señor se produjo a consecuencia de las lesiones graves provocadas aparentemente por la agresión de uno de sus amigos más cercanos, quien resultó ser un joven obrero que laboraba para el finado. Pese a ser condenado a treinta años de reclusión y al pago de una indemnización de cinco mil pesos, no quiso revelar los motivos por los que agredió al acaudalado comerciante.[17] El expediente de esta causa revela la existencia de irregularidades, pues los familiares de la víctima, importantes comerciantes de la ciudad, pidieron el sobreseimiento del caso una vez se estableció la necesidad de seguir investigando, pues los autores intelectuales del crimen, y otros que se habían beneficiado de la muerte de Rodríguez Díaz, aún no habían sido llevados ante la ley.

 

Si bien es cierto que el nivel de esclarecimiento y condena a los delitos contra la integridad de las personas fue  bastante alto, también hubo casos que quedaron impunes. Así ocurrió con el asesinato de Mario Martínez Bejarano, quien falleciera  de lesiones graves en el Hospital Provincial el 3 de noviembre de 1952. La justicia sobreseyó “provisionalmente” el caso, por no encontrar acusados, motivaciones, ni pruebas del delito.[18]

 

De hecho, los delitos violentos generalmente eran castigados, si se lograba llevar al supuesto agresor ante la ley. En los casos que se han podido analizar, nunca este tipo de delitos es cometido en la ciudad de Pinar del Río en el período analizado, por personas de la burguesía local. Al contrario, la justicia hacía ver que los asesinos eran individuos de baja catadura moral, como lo atestigua el asesinato de Pastora Díaz Gigato, quien fue asesinada en 1941 por su esposo, a quien se adjudicó una pésima reputación, ebriedad habitual, y andanzas con mujeres de la mala vida. El asesinato de Pastora Díaz, ejecutado en su propio domicilio, valiéndose de armas de fuego, le valió una condena de veinte años de prisión, que posteriormente fue rebajada en varias ocasiones gracias a su buen comportamiento en prisión, sin que para ello fuera óbice las agravantes de ensañamiento, alevosía y peligrosidad demostrada por el sancionado.[19]

 

También frecuentemente sentenciados eran los delitos cometidos contra la propiedad, como los robos y hurtos. Con frecuencia, los robos constituían móviles que desencadenaban en delitos más graves, como lesiones u homicidios. Principalmente se robaban artículos tales como ropas, alimentos o cualquier artículo cuya vigilancia haya quedado descuidada por parte de sus propietarios. La forma de cometer el delito permite   deducir que estos eran por lo general poco planificados, ya que se valían de las oportunidades que el medio ofrecía, como la poca vigilancia, la oscuridad de las calles o los descuidos de los dueños de los objetos robados.

 

Las circunstancias de la ciudad también favorecían el robo. Por ello, frecuentemente se ventilaban en la prensa las demandas por mejores condiciones urbanísticas, especialmente por mejorar la iluminación de los espacios públicos. De este modo, un articulista expresaba:

 

“Nuestros parques están carentes de luz, ya lo hemos dicho en otras oportunidades y lo repetimos hoy. Es necesario que la persona o autoridad a la que corresponda se ocupe un poco más de resolver la falta de luz no ya en nuestros parques solamente, sino en muchos lugares de la población”.[10]

 

Los delitos de robo y hurto eran por lo general delitos “de oportunidad”, es decir, se aprovechaban las brechas que dejaba abierta la seguridad de los establecimientos públicos o las residencias privadas. La situación económica de las clases más desfavorecidas condicionó la ocurrencia de  delitos de este tipo, por lo general sin violencia ni fuerza en las cosas, los cuales eran cometidos con el objeto de sustraer artículos de primera necesidad y alimentos. Era común que se cometieran en casas con condiciones que propiciaran la comisión de estos delitos, ya sea por su ubicación en las afueras de la ciudad, o por otras condiciones, como ausencia de los habitantes, falta de alumbrado público, o escasez de vigilancia.

 

Sin embargo, es en los casos de proxenetismo y juego prohibido donde puede apreciarse una actitud ambigua por parte de las instituciones judiciales. Por su parte, el proxenetismo era uno de los delitos más frecuentemente juzgados en la ciudad de Pinar del Río. Sin embargo, llama la atención que, pese a la presencia de pruebas testificales y evidencias significativas de la comisión de este delito, en reiteradas ocasiones los acusados son absueltos, lo cual permite suponer que el proxenetismo y por ende la prostitución, si bien eran formalmente rechazados, eran implícitamente tolerados, pese a que ya desde 1949 existían esfuerzos internacionales para controlar el auge de la prostitución.

 

Solo en casos extremos se condena a un acusado por el delito de proxenetismo. De los  casos analizados por este delito, solo merecieron penas de cárcel cuatro sujetos, entre los que pueden encontrarse desempleados, negros y reincidentes. Por tanto, ¿era posible afirmar que existía tolerancia implícita hacia el proxenetismo por parte de las autoridades? Algunos elementos permiten suponerlo. Lo cierto es que las pruebas con las que se acusó y sentenció a los sujetos que cumplieron condenas por este delito, también fueron presentadas en los restantes casos que fueron absueltos. Solo que, entre los ciudadanos procesados y absueltos, existía una mayoría blanca, femenina, ama de casa, y sin antecedentes penales.  En algunos casos, incluso, se vincula el arriendo de las casas de lenocinio con importantes figuras de la política local.

 

La prostitución y el proxenetismo resultaba ser un fenómeno vergonzosos y lamentablemente común en la sociedad pinareña. Hasta donde se ha podido contar, la ciudad en su casco urbano contaba con más de 57 bares,[21] los que comúnmente poseían accesorias con mujeres, generalmente provenientes de otros municipios y hasta provincias, que se prostituían. Muchas veces, estas jóvenes eran menores de edad, y en estos casos la ley les deparaba un destino: la reclusión preventiva en el Centro de Orientación Infantil e Instituto de Reeducación de Menores Hembras de Aldecoa. Este es el caso de la adolescente de catorce años A. Rodríguez, quien se trasladó desde su zona de residencia en el poblado de Santa Lucía a la ciudad de Pinar del Río, seducida por la promesa de obtener una casa propia. Sin embargo, en lugar de ello, debió ir a vivir a una casa de huéspedes, y a los dos o tres días fue incitada  a prostituirse. En su condena no contó su intención de abandonar el negocio, ni la agresión de que fue víctima cuando su amante, de 25 años y ya con antecedentes penales de proxenetismo, lesiones, estafa, hurto y falsedad, le rasgó el vestido en plena calle, y la despojó de prendas que la joven portaba.[22]

 

Como el proxenetismo, la persecución del juego prohibido resultaba ser con frecuencia una farsa, pues se jugaba en connivencia con las autoridades, quienes convenientemente miraban hacia otra parte mientras probablemente percibían parte de las ganancias. La falsía que rodeaba a los procesos judiciales por motivos de juego ilícito aparecía con frecuencia en la prensa, donde se criticaba el trato diferenciado que daba la policía según la clase social del individuo que se determinara relacionado con el juego.[23] Se jugaba en connivencia con las autoridades, quienes convenientemente miraban hacia otra parte mientras probablemente percibían parte de las ganancias. La falsía que rodeaba a los procesos judiciales por motivos de juego ilícito aparecía con frecuencia en la prensa, donde se criticaba el trato diferenciado que daba la policía según la clase social del individuo que se determinara relacionado con el juego. Por ello, el Heraldo Pinareño alertaba que:

 

“De todos los juegos, el más inmoral y perjudicial a la salud pública, es la Lotería Nacional. Digo que es más inmoral castigar el juego, porque las Autoridades Judiciales se ven en el triste y ridículo caso de aplicar sanción solamente cuando no median influencias y tolerar a ciencia y paciencia cuando el juego  se impone por influencias políticas y por soborno”.[24]

 

En el juego prohibido no estaba involucrados solamente vigilantes comunes. En el propio año 1950, el capitán Antolín Sordo y Bernal, jefe de la sección de la Policía Nacional en la ciudad de Pinar del Río, se vio envuelto en el escándalo provocado por la publicación en el periódico Avance de La Habana, de una nota referente a la actitud tolerante de las fuerzas de orden público en Pinar del Río ante el juego prohibido. El referido artículo afirmaba que “las autoridades policíacas permiten  que se juegue al prohibido, y pese a saber dónde se encuentran los ‘bancos’ de apuntaciones, no toman medidas”.[25]

 

Cabe afirmar que aunque el capitán involucrado en el proceso judicial que se suscitó a raíz de esta acusación pertenecía a la Policía Nacional, fue el comandante de la Guardia Rural del Regimiento 6 Rius Rivera el que se interesó ante las autoridades judiciales por el grado de compromiso del aforado en el caso que se instruía. Como policías y jueces formaban parte de un conjunto orgánico, es necesario mencionar que en dos oportunidades el fiscal asignado a la causa pidió el sobreseimiento de la misma, lo cual fue finalmente concedido al afirmar los jueces la inexistencia de pruebas que validaran la acusación.[26]

 

El análisis de la actuación de los órganos policiales permite afirmar que los mecanismos de control social en la ciudad de Pinar del Río estaban direccionados hacia la represión del crimen, más que hacia su prevención. La administración de justicia estaba sesgada, ya que la culpabilidad o inocencia de un reo podía depender de su posición socioeconómica, como puede verse a continuación.

 

 

Los poderosos se enfrentan a la justicia


A diferencia del crimen convencional, que provoca inseguridad en la ciudadanía por el carácter violento que se le suele atribuir, el delito cometido al amparo de la fortuna suele ser menos conocido y de menor resonancia social. También el control social procede de formas distintas ante estas dos clases de delito, tal vez debido a que generalmente, el crimen convencional se asocia a personas provenientes de clases populares, que emplean la violencia para la consecución de sus fines ilegítimos, en tanto el delito económico suele relacionarse con figuras que cuentan con un alto reconocimiento social, y emplean medios no violentos y sofisticados para cometer sus actos ilícitos. Esa diferencia contribuye a que la actuación de la justicia y la policía se centre preferencialmente en la represión del delito convencional, como forma de reafirmar públicamente que ciertas formas criminales no son tolerables, el crimen no queda impune, y la ciudadanía puede tener fe en la acción de la justicia como garante de los derechos de la colectividad.

 

En la provincia de Pinar del Río, como en otras regiones del país, un reducido grupo de poderosos eran propietarios de las mejores tierras, además de que poseían capitales invertidos en el sector industrial, comercio de importación y exportación y bancos, de modo que estos capitales se entrelazaban y abarcando los sectores fundamentales de la economía de la provincia. La oligarquía en Pinar del Río estaba integrada por los grandes latifundistas, la gran burguesía azucarera y la comercial importadora.[27] Por demás, sostenían vínculos estrechos con la política tradicional, aún cuando una vez logradas sus metas electorales, poco respondían a gestionar los intereses de aquellos cuyos votos les habían llevado al poder.

 

Numéricamente superior a la cifra de crímenes que pueden agruparse como convencionales, lo es la cifra de delitos relacionados con la actividad empresarial. En el período se radicaron denuncias contra importantes entidades comerciales de la región y relevantes propietarios. De los delitos juzgados en el período, el 38.8% de ellos lo eran por crímenes convencionales en tanto en 61.2% se correspondía con delitos cometidos en el sector empresarial. Estas causas se seguían sobre todo por la alteración de los precios de las cosas, y la desobediencia ante los requerimientos legales de presentar las declaraciones de los productos que se comercializaban o se conservaban almacenados A continuación, la tabla 2 permite ver el comportamiento de este tipo de delito, a partir del año 1944, que es el primero en el que las fuentes consultadas registran la radicación de causas por estas motivaciones.

 

 


Fuente: Elaboración propia, a partir de los expedientes conservados en los fondos Audiencia Sala Penal y Tribunal de Urgencia, Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río.

 

Un factor coyuntural que podría contribuir a explicar por qué son los años 1945 y 1947 los más destacados en cuanto a la comisión de estos delitos, puede ser los efectos provocados tras la reestructuración de la economía nacional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. A principios de marzo de 1945, la prensa pinareña afirmaba que, según las informaciones ofrecidas por el Ministerio de Comercio, pronto sobrevendría una crisis nacional de abastecimientos, que abarcaría probablemente los próximos años. Esta opinión se sustentaba en una información ofrecida por el influyente diario neoyorquino The Journal of Commerce, el cual advertía de la disminución de productos como la carne de res y de cerdo, la mantequilla, la manteca, el queso y el azúcar. Esto era alarmante para Cuba porque algunos de estos productos, como la manteca y los derivados del cerdo, “son los Estados Unidos nuestro mercado de abasto, y sería ilusión esperar que la disminución que ha de sufrir su población no se refleje en las cantidades disponibles para su exportación”. Ante esta situación, la comentarista advierte que “debemos enfrentarnos con un déficit alimentario notablemente severo”, agravado por la sequía y las desigualdades de la distribución, que afectaba sobre todo a los más pobres, y “ante la que indudablemente habrán de resultar ineficaces los esfuerzos oficiales para compensar totalmente los déficits”.[28]

 

Ante esta situación, pronto se suscitaron quejas y alarmas que fueron recogidas puntualmente por la prensa pinareña durante los meses de marzo a mayo de 1945.[29] A la par que se enuncian proyectos para solucionar la crisis, comienzan a presentarse denuncias que alcanzaron su punto culminante durante los años 1945-1947, relacionadas con la ocultación de mercancías, la no declaración de la existencia de las mismas y la alteración de su precio. Estas denuncias alcanzaron a empresas y empresarios de eminente reputación, y provenientes de familias con grandes intereses económicos y políticos.

 

Uno de estos casos lo es el seguido en 1945 contra Armando Aguilar Bencomo, en representación de los intereses de los Almacenes de Víveres La India y La Mía, dos de los más grandes comercios mayoristas de la ciudad. En este caso, los acusadores fueron dos campesinos, Julián Alonso y Alberto Acosta, quienes denunciaron haber sido robados al comprar arroz, pues le vendieron un producto en mal estado y a sobreprecio.[30]

 

Sin embargo, en el acto de juicio oral ambos campesinos se retractan de sus declaraciones, afirman no haber declarado jamás contra las empresas, y el caso es finalmente sobreseído por falta de pruebas, y debido a la “solvencia moral de los acusados”. Estos elementos serían recurrentes al juzgar delitos de este género: la retractación de los acusadores, y la alabanza de las cualidades morales de los acusados, garantía que sin duda hacía imposible la veracidad de tales acusaciones.

 

Durante el período se sucedieron situaciones como estas, desde otros comercios como la Farmacia Robaina, Autos Occidental S. A., Hijos de Pío Ferro, S.A., Celestino Rodríguez y Cía., y hasta el propio doctor Alfredo Roig, durante su ejercicio como presidente de la Cámara de Comercio de Pinar del Río en 1945, fue procesado por este tipo de delito. Sin embargo, en todos los casos fue obtenida la absolución e incluso la pública exoneración, para disipar las dudas que sobre el honor de estas figuras públicas podían quedar entre sus conciudadanos. Téngase en cuenta que los apellidos anteriormente mencionados pertenecían a las familias más adineradas y respetadas de la ciudad pinareña.

 

Tal vez el caso más representativo de la actuación de la justicia contra este tipo de delito, lo fue la repercusión que desató la decisión de los jueces del Tribunal de Urgencia de la ciudad de Pinar del Río (calificada en ese momento de arbitraria y fuera de su jurisdicción), de disponer la prisión para cuatro distinguidos comerciantes, entre los cuales se encontraba Sixto Ferro Martínez, hermano de Simeón Ferro Martínez, senador por Pinar del Río, y perteneciente a una familia de latifundistas, dueños de parte importante de la tierra vueltabajera y de una de las pocas industrias ubicadas en la ciudad de Pinar del Río.[31] En esta ocasión, la denuncia parte de otros comerciantes, por lo que la denuncia parece encubrir un pleito por los recursos y por ende, por las ganancias que estos podrían derivar de su comercialización. Los acusadores, en este caso, el Presidente y el Secretario de la Unión de Detallistas de la ciudad, acusaron a estos comerciantes, dedicados a la venta mayorista, de provocar artificialmente escasez a partir de ocultar mercancías como arroz, aceite y jabón. Según afirmaba  el senador, quien asumió la pública defensa de su hermano y por extensión, de los restantes acusados, la detención injusta de los comerciantes constituía una violación y “la más grave amenaza que jamás ha pesado sobre esta sociedad pinareña”.[32]

 

Como el conflicto involucraba a individuos respaldados por grandes fortunas, el caso alcanzó las páginas de la prensa y provocó un amplio revuelo. Habiendo considerado como parciales a los jueces pinareños, aliados con los detallistas (¿sería cierta esta alianza, esta suerte de conspiración? ¿De serlo, qué intereses habrían subyacido tras esta asociación?), las reclamaciones alcanzaron al Ministro de Justicia y más aún, al presidente de la República, Ramón Grau San Martín. Dos semanas después, el Tribunal Supremo, basado en declaraciones de otros personajes, no menos acaudalados y reconocidos, como el ya mencionado Alfredo Roig, y el influyente periodista Mario Naranjo Gort, dicta primeramente un habeas corpus, y posteriormente, la sentencia absolutoria, pese a que en el séptimo considerando de su sentencia, publicada íntegramente en la prensa pinareña, se reconocía que si bien había existido acaparamiento de mercancías (causa de la denuncia), no había habido desobediencia al presentar la documentación que “justificaba” el acaparamiento.[33]

 

Es significativo que en el caso de los delitos empresariales, la justicia absolviera a todos aquellos casos que involucraban a personalidades destacadas de la política y la economía vueltabajera. En todas estas ocasiones, el caso resultaba sobreseído “por falta de pruebas”, y debido al “elevado carácter moral” de los empresarios implicados. En los contados momentos en que trascendía a planos mayores, puede colegirse la intervención de influencias políticas para solucionar la pugna, incluso a nivel del Tribunal Supremo. Con frecuencia, las autoridades judiciales podían verse involucradas en enojosos asuntos, si se permitían atentar contra los intereses de los empresarios, como ocurrió con el fiscal Miguel A. Arias, quien ejercía esta responsabilidad en Tribunal de Urgencia pinareño, y hubo de sufrir que, con razón o sin ella, se analizara su trayectoria en busca de irregularidades, motivado por su decisión de llevar ante la justicia a varias importantes entidades comerciales de la ciudad, durante el año 1944.[34]

 

Si bien el procedimiento llevado a cabo contra el fiscal terminó en la absolución, esto permite afirmar en primera instancia, la intangibilidad sobre la que los grandes propietarios de la ciudad realizaban sus actividades económicas, y la imposibilidad de tomarse en serio la justicia, si el rol de acusados y acusadores lo desempeñaban personas que compartían lazos tan fuertes como los que crea el dinero.

 

 

Conclusiones


El crimen convencional era altamente sancionado por las autoridades judiciales, y se aplicaban las sanciones estipuladas en la legislación vigente. Excepciones de esta práctica las constituyen los delitos de proxenetismo, tráfico de drogas y juego prohibido, delitos en los que parece haber existido una tolerancia implícita por parte de las autoridades, probablemente por haber estado involucrados en ella, en calidad de ocultos patrocinadores, importantes figuras de la vida económica y política local.

 

Si bien no puede afirmarse que las condiciones económicas hayan sido las únicas determinantes del crimen, no puede negarse la influencia de estas como causa de la comisión de parte importante del crimen convencional. En cambio, en el delito cometido por los poderosos, la precaria situación económica, en lugar de causa, fue oportunidad para, mediante procedimientos fraudulentos, medrar con la escasez y la penuria de amplios sectores de la sociedad pinareña.

 

La aplicación de la justicia estaba sesgada por concepciones clasistas que determinaban su actuación. La misma favorecía la aplicación de penas rigurosas para el delito convencional, en parte porque los efectos del mismo tenían una resonancia popular más amplia, en parte, tal vez, por considerar que algunas acciones empresariales se podían mover en el difuso límite de la ilegalidad, por lo que sus comisores, máxime si eran personalidades de la alta sociedad, no podían considerarse como criminales.

 

 

NOTAS


* Juana Marta León Iglesias, Lic. Estudios Socioculturales, Máster Estudios Históricos Regionales y Locales. Departamento de Estudios Socioculturales, Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz”, Cuba.

 

[1] Francisca López Civeira, Oscar Loyola Vega y Arnaldo Silva León: Cuba y su Historia, Editorial Gente Nueva, La Habana (2da ed.), 2005, p. 168.

[2] Ismael Zuaznábar: La economía cubana en la década del 50, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1986, p. 28.

[3] Jorge Ibarra Cuesta: Cuba 1898-1958: estructura y procesos sociales, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1995, p. 96.

[4] El término de gran ciudad parece reiteradamente en los artículos de opinión de la prensa escrita del período (Por solo citar dos ejemplos, consultar: Roberto Herrera Rodríguez: “Pinar del Río evoluciona de aldea a gran ciudad”, Pinar del Río, 13 (1948); Alfredo Herrera Quintans: “Mi pueblo y nuestro pueblo”, Pinar del Río, 19 (1949). Se trata de la forma en que las clases sociales con acceso a los medios de opinión comienzan a concebir las transformaciones que se ejecutaban en la ciudad. Estas transformaciones podían observarse en el incremento de las comunicaciones y el transporte, de centros educacionales y culturales, la presencia de instituciones culturales y de adelantos como la radio, y posteriormente el cine y la televisión, el incremento poblacional, provocado por constantes oleadas migratorias internas, y la presencia de edificaciones que dotaban  al casco urbano de una imagen urbana más moderna. Sin embargo, esta pretendida imagen de “gran ciudad”, tenía también un lado oscuro a medias admitido: la ciudad estaba aquejada por problemas de abandono secular, que se traducía en serios problemas higiénicos y sanitarios. Por demás, la mendicidad, el desempleo, la criminalidad, la prostitución, el juego prohibido, estaban vistos como fenómenos indeseables pero habituales, incrementados ahora porque la ciudad había devenido foco de atracción para migrantes de otros poblados de la provincia menos favorecidos, que, según los criterios más comunes, al no encontrar tampoco el trabajo que garantizaba el sustento, se dedicaban a la prostitución, las mujeres, a la mendicidad, los niños, y a todo género de delitos, los hombres.

[5] República de Cuba: Censo de 1943, P. Fernández y Cía., La Habana, 1945, p. 340.

[6] Ramón de la Cruz Ochoa: “El delito, la criminología y el derecho penal en Cuba después de 1959” en De Armas Fonticoba, Tania (coord.): Criminología, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006, p. 85.

[7] Es necesario aclarar que los documentos contenidos en los fondos Audiencia Sala Penal y Tribunal de Urgencia del Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río, fueron sometidos en el proceso de organización de los conjuntos documentales, a una selección que actualmente impide tener una idea completa del cúmulo total de delitos cometidos. Esta limitación, que permitiría cuestionarse la validez de los análisis que se derivan, se complementó con los datos que se recogen en la sección “Tribunales de Justicia”, que desde 1944 comenzó a publicar el semanario local Vocero Occidental. Estas notas ofrecen información sobre las denuncias realizadas, muchas veces por cuestiones aparentemente triviales, y las sanciones decididas por los tribunales de la provincia.

[8] Luis Marcó del Pont y Juan Pegoraro: “Delincuencia empresarial y reacción social: el caso argentino”, en Margarita Viera Hernández (comp.): Criminología, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana, La Habana, 1988, p. 123.

[9] Luis Marcó del Pont y Juan Pegoraro: “Delincuencia empresarial y reacción social: el caso argentino”, en Margarita Viera Hernández (comp.): Criminología, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana, La Habana, 1988, p. 123.

[10] Carlos Vázquez González: Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y criminologías, Editorial Colex, Madrid, 2003, p. 78.

[11] Howard Saul Becker: Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, The Free Press, New York, 1963, p. 9.

[12], Elena Larrauri Pijoan: “¿Para qué sirve la Criminología?”, en Política Criminal, 4 (1999), Madrid, pp. 30- 31.

[13] Doris Cooper: Delincuencia y Desviación Juvenil, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2005.

[14] Evelio Tabío: Criminología, Jesús Montero (editor), La Habana, 1960.

[15] República de Cuba. Oficina Nacional de los Censos Demográfico y Electoral: Informe del Censo de Población, Viviendas y Electoral, Imprenta P. Fernández y Cía., La Habana, 1953, p. 189.

[16] Victor H. Olmetid: Censo de la República de Cuba bajo la administración provisional de los Estados Unidos, Oficina del Censo  de los Estados Unidos, Washington, 1908, p. 197.

[17] Archivo Provincial de Historia de Pinar del Río: Fondo Audiencia Sala Penal, leg. 88, exp. 851.

[18] Archivo Provincial de Historia de Pinar del Río: Fondo Audiencia Sala Penal, leg. 91, exp. 876.

[19] Archivo Nacional de Cuba: Fondo Cárceles y Presidios, leg. 60, exp. 4.

[10] “Luz”, Vocero Occidental, Pinar del Río, 2 de febrero de 1943, p. 2.

[21] Los nombres y ubicación de los bares de la ciudad de Pinar del Río durante el período analizado se ha podido obtener a partir de entrevistas realizadas a personas involucradas en la gestión de los mismos.

[22] Archivo Provincial de Historia de Pinar del Río: Fondo Audiencia Sala Penal, leg. 70, exps. 676 y 683.

[23] Juana Marta León Iglesias: “Represión al crimen: las instituciones de justicia y policía en la ciudad de Pinar del Río, Cuba (1938-1958)”. Cuadernos de Historia (Santiago), 39 (2013), p. 105. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-12432013000200004&script=sci_arttext

[24] Luis Fernández Valdés: “Magnates del juego absuelto; buscavidas condenados”. Heraldo Pinareño, Pinar del Río, 3 de marzo de 1951, p. 5.

[25] Archivo Provincial de Historia de Pinar del Río: Fondo Audiencia Sala Penal, leg. 38, exp.298.

[26] Juana Marta León Iglesias: op. cit., p. 111.

[27] Francisco Romero Ríos y José María Sánchez Fernández: “La neocolonia”, en VV. AA: Síntesis Histórica Provincial de Pinar del Río, Editora Historia, La Habana, 2012, p. 244.

[28] Octavia Amador: “¿Un grito de alarma? El problema de los abastecimientos”. Heraldo Pinareño, Pinar del Río, 24 de marzo de 1945, p. 1.

[29] Las quejas y proyectos de solución de la crisis de abastecimientos aparecen publicadas en la colección del semanario Heraldo Pinareño, en los meses marzo, abril, mayo de 1945.

[30] Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río: Fondo Tribunal de Urgencia, leg. 135, exp. 971.

[31] Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río: Fondo Tribunal de Urgencia, leg. 158, exp. 1104.

[32] “A la opinión pública. Carta del senador Simeón Ferro Martínez”, Heraldo Pinareño, Pinar del Río, 7 de abril de 1945, p. 1.

[33] “Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia”, Heraldo Pinareño, Pinar del Río, 20 de abril de 1945, p. 1.

[34] “Absuelto el Fiscal del Tribunal de Urgencia Miguel Ángel Arias”, Heraldo Pinareño, Pinar del Río, 20 de abril de 1945, p. 5

 

 

 

 

Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Nº 11. Marzo 2016 – Febrero 2017. Volumen I

 

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