Las dictaduras del Caribe

Sergio Guerra Vilaboy

Resumen/ Abstract (VER)

“Así, ese Mediterráneo de las Américas se convirtió en el mar del crimen, pero también en el mar de la esperanza”. Juan Bosch.

 

Derecha: Theodore Roosevelt y la politica del garrote en el Caribe

 

Las dictaduras y los dictadores ensombrecieron la historia del Caribe en toda la primera mitad del siglo XX. El surgimiento de las tiranías caribeñas de principios de esta centuria, si bien guardan cierta relación de continuidad con las dictaduras que les antecedieron en el siglo XIX, fueron diferentes en muchos sentidos, en gran medida debido a que se desarrollaron en un nuevo contexto histórico y en diferentes condiciones socio-económicas. El propio término de dictadura había adquirido un significado peyorativo del que carecía anteriormente, cuando equivalía al sencillo otorgamiento de plenos poderes, en función del interés público, a una o varias personas, que la asumían en circunstancias excepcionales, sin limitaciones y en forma absoluta.

 

Al parecer, el concepto se empleó por primera vez en la antigua Roma para denominar a un magistrado al que le atribuían los poderes de ambos cónsules, esto es, toda la autoridad administrativa del Estado y el supremo mando militar. Además de asumir las funciones íntegras de la soberanía y de concentrar en su persona el ejercicio del poder público, los dictadores quedaban facultados para decidir sobre la vida y la muerte y sus órdenes eran inapelables. Por regla general, los dictadores eran nombrados en forma legal por cuerpos colegiados y sus poderes absolutos concedidos temporalmente, aunque Sila y César fueron designados dictadores de por vida.  Para el politólogo francés Alain Rouquie la dictadura puede ser definida como:

 

[…] un régimen de excepción que, por circunstancias particulares, se ejerce sin control. Ello implica que el poder de los gobernantes sobre los gobernados no conoce ninguna restricción, o sea, dicho ahora en términos constitucionales, que las garantías fundamentales se hallan abolidas. Permanecemos así muy cerca de una acepción clásica.[1]

 

Acorde a esta tradición, durante la independencia de España a muchos patriotas latinoamericanos se les otorgó la condición de dictadores, como ocurrió por ejemplo con Francisco de Miranda en 1812, quien fue nombrado por el congreso venezolano, antes de disolverse, con total y plena autoridad, para que tratara de salvar a la primera república de la feroz ofensiva realista. Lo mismo vale para Simón Bolívar, José de San Martín y otras primeras figuras de la emancipación que también fueron designados dictadores, en circunstancias muy comprometidas de la lucha contra las tropas colonialistas. Incluso en la naciente República de Paraguay, acosada por sus vecinos, que le negaban el reconocimiento como estado independiente, el doctor José Gaspar de Francia, que era uno de los dos cónsules encargados del poder ejecutivo, fue proclamado en 1814, por un congreso popular reunido en Asunción, Dictador Supremo.

 

Después de la independencia, el término dictadura fue tomando un sentido negativo al ser empleado por los liberales en sus campañas contra los caudillos, el despotismo y los gobernantes autoritarios conservadores, aliados a la iglesia, que dominaban la escena política de América Latina y que se caracterizaban por ejercer una autoridad omnímoda, arbitraria y criminal. Gobernantes como Juan Manuel de Rosas en el Río de la Plata, Mariano Melgarejo en Bolivia, Rafael Carrera en Guatemala, Gabriel García Moreno o Ignacio de Veintimilla en Ecuador, Antonio López de Santa Anna en México, José Antonio Páez en Venezuela, Ulises Heureaux en República Dominicana, y hasta el propio doctor Francia en Paraguay, fueron calificados con los peores epítetos por sus opositores liberales, acuñando la palabra dictadura con la carga peyorativa que tiene hoy, como sinónimo de tiranos o sátrapas. Desde entonces, el término adquirió la connotación siniestra con que se utiliza en la actualidad y que alude a un sistema despótico implantado en un país determinado en el cual la arbitrariedad se convierte en norma jurídica, al margen de la voluntad ciudadana y su poder, basado en una fuerte represión, se ejerce sin contrapeso de ningún tipo.

 

Las dictaduras establecidas en la primera mitad del siglo XX, en los países bañados por las aguas del mar Caribe, asumieron nuevos rasgos y características en comparación con las que le habían precedido, pues se desarrollaron en tiempos muy diferentes y en circunstancias bien distintas. Nos referimos a que en el siglo XX el Caribe se desenvolvía en una nueva época histórica, como toda la América Latina, marcada ya no sólo por los apetitos de las poderosos países capitalistas europeas y los Estados Unidos por apoderarse de sus mercados, sino también por lograr el control directo de las fuentes de materias primas y alimentos.

 

En respuesta a las apremiantes necesidades de los emergentes monopolios, las grandes potencias industriales, además de seguir exportando mercancías en forma creciente, empezaron a invertir capitales fuera de sus territorios para dominar directamente la producción, dando origen a una agresiva política recolonizadora en el Caribe, que siempre había sido una especie de frontera imperial, tal como la definiera Juan Bosch en uno de sus libros.

 

Los efectos de ese proceso de expansión capitalista de nuevo tipo fueron múltiples, pues con el descomunal avance de la penetración foránea sobre las débiles y atrasadas economías caribeñas, poco a poco se fueron especializando en la simple producción y exportación de productos primarios. En la práctica, los países del Caribe quedaron en una desventajosa posición en la división internacional del trabajo que se configuraba a escala planetaria y que los ubicaba como simples vendedores de materias primas y alimentos e importadores de mercancías elaboradas. Así, terminaron convertidos en simples productores de uno o dos rubros agrícolas tropicales (azúcar, café, bananos, cacao, tabaco, etc.), con la sola excepción de Venezuela como exportador de petróleo.

 

Ese proceso estuvo acompañado de la vertiginosa y agresiva expansión imperialista de Estados Unidos sobre el Caribe, que había sido fundamentada por el almirante Alfred T. Mahan.  En 1897, Mahan dio a conocer su obra Interés de los Estados Unidos en el poder naval, donde proclamó que una tercera etapa del “destino manifiesto” estaba en marcha -la primera había sido la extensión de la frontera al Mississipi y la segunda el arrebato territorial a México-, la cual exigía la posesión de una ruta canalera por Centroamérica, bases estratégicas en el Pacífico y el dominio de los pasos del Caribe, entre la costa oriental de Norteamérica y Panamá.

 

Con la breve guerra contra España en 1898, Estados Unidos se adentró en la tercera etapa señalada por Mahan, al iniciar una violenta ofensiva expansionista que combinó los viejos métodos colonialistas con las más modernas formas de penetración del capitalismo. El interés por apoderarse de las últimas colonias españolas en este hemisferio (Cuba y Puerto Rico) no sólo tenía que ver con su valor material -fuente de materias primas y mercados-, sino también con su importancia estratégica como futuras bases de operaciones para la irrupción del capital norteamericano por Centroamérica y el Caribe.

 

Una vez ocupado Panamá (1903), los Estados Unidos fueron ampliando su influencia e intereses en la mencionada región mediante variados procedimientos, aunque los más usuales eran el establecimiento de gobiernos adictos y/o la intervención militar directa (big sitck), bajo el amparo del corolario Roosevelt a la doctrina Monroe.  El origen de este corolario se relaciona con la endémica insolvencia financiera de los países latinoamericanos, pretexto esgrimido por las potencias acreedoras europeas para intervenir en este continente.

 

Por eso el presidente norteamericano Teodoro Roosevelt aprovechó la quiebra fiscal de la República Dominicana en 1904 para lanzar, en su mensaje anual de diciembre de ese año, su doctrina de intervención preventiva. En ella señalaba que si una nación de este continente no cumplía con sus obligaciones en el pago de sus deudas, Estados Unidos se vería obligado “a ejercer la facultad de policía internacional”.[2]

 

Esta fórmula permitía a Estados Unidos satisfacer los intereses y demandas de los acreedores y, al mismo tiempo, mantener en pie la doctrina Monroe, al evitar la intromisión directa de potencias extra continentales en lo que consideraba su traspatio. El garrote que Roosevelt pretendía blandir descansaba en lo fundamental en el empleo del ejército norteamericano, cuyos efectivos se habían empezado a fortalecer desde la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana de 1898. Además, la economía de Estados Unidos estaba en plena expansión, al extremo que su comercio se triplicaría entre 1900 y 1910, lo que proporcionó una indispensable base interna a la agresiva política exterior de Roosevelt.

 

La primera víctima de la aplicación del corolario Roosevelt a la doctrina Monroe fue precisamente la República Dominicana (4 de febrero de 1905), a la que Estados Unidos, alegando la inminente amenaza de una intervención europea -barcos de guerra de las potencias acreedoras, Alemania, Francia, Italia y Holanda, merodeaban por sus costas-, impuso el control de sus finanzas y aduanas, convirtiendo en nominal su soberanía. No obstante, en 1916 el presidente Woodrow Wilson llegó todavía más lejos cuando dispuso la ocupación militar directa, que se extendió hasta 1924.

 

A la intervención norteamericana en Santo Domingo seguirían muchas más en la región de Centroamérica y el Caribe, algunas de ellas fundamentadas con otros argumentos.  Cabe mencionar las que tuvieron lugar en Cuba (1906-1909), Nicaragua (1912-1925), México (1914 y 1917), Haití (1915-1934) y la de República Dominicana (1916-1924).  Como colofón, Estados Unidos compró en 1916 las islas Vírgenes a Dinamarca, con lo que dispuso de una virtual base para controlar todos los accesos a la región.

 

Este período de brutal expansionismo norteamericano coincidió con los 16 años (1897-1913) consecutivos de gobiernos republicanos de los presidentes William McKinley, Theodore Roosevelt y William H. Taft, quienes se convirtieron en verdaderos campeones del imperialismo. Pese a todas las conquistas y “hazañas” de estos mandatarios, durante el siguiente gobierno norteamericano del demócrata Woodrow Wilson, extendido de 1913 a 1921, Estados Unidos realizó más intervenciones armadas en el Caribe que las de sus tres antecesores republicanos juntos.

 

Como parte de esa ofensiva desenfrenada, Estados Unidos logró convertir al Caribe en un verdadero mare nostrum norteamericano, mediante una brutal expansión intervencionista (garrote) y los más sutiles mecanismos de la dominación económica (diplomacia del dólar), supuestamente dirigida a sustituir las balas por el capital. La llamada diplomacia del dólar fue enarbolada por el sucesor de Teodoro Roosevelt en la presidencia de Estados Unidos, el también republicano William H. Taft, y alentaba a los banqueros norteamericanos a refinanciar los bonos de los países latinoamericanos insolventes para prevenir una posible intervención europea.

 

Estas políticas agresivas, típicas de una potencia imperialista que llegaba tarde al reparto del mundo, terminó por convertir a las naciones de la región en un verdadero rosario de repúblicas semicoloniales o en simples eslabones de una cadena de virtuales protectorados sometidos al absoluto control de los monopolios de Estados Unidos. Para alcanzar esos resultados, en América Central y el Caribe se llegó al extremo de la ocupación militar -Cuba, Panamá, República Dominicana, Haití, Nicaragua fueron ejemplo de ello-, mientras que en otros países del hemisferio, más alejados en la geografía, se empleaban técnicas más sutiles como las del control financiero.

 

Por tanto, la receta aplicada por Estados Unidos a los países de la América Central y el Caribe para situarlos dentro de su órbita de influencia fue poner primero sus territorios bajo el control directo de la infantería de marina de Estados Unidos. Después se les impusieron constituciones, leyes y tratados comerciales que facilitaran la ulterior penetración de los capitales y las manufacturas norteamericanos, en perjuicio de los intereses nacionales y europeos, siguiendo la pauta de lo que había estado detrás de la intervención en Cuba (1898) y la adopción de la Enmienda Platt (1901), fórmulas que con tanto éxito se habían vuelto a aplicar en Panamá (1903-1904).

 

De esta forma, los países “independientes” del Caribe hispano y Haití, terminaron atrapados en las redes del capital foráneo, fundamentalmente norteamericano, que los convirtió en verdaderos prolongaciones o enclaves de su economía. Los monopolios de Estados Unidos se fueron apoderando de la producción, el transporte y la comercialización de los principales rubros de estos débiles y atrasados países, liquidando cualquier posibilidad de desarrollo propio y restringiendo al máximo sus soberanía; esto es, las famosas “repúblicas bananeras” de las que se burlara el escritor humorista norteamericano O. Henry, por lo general coronadas con un dictador como una especie de monarca tropical.

 

Para el gobierno de Estados Unidos, la existencia de dictaduras, respaldadas por un ejército organizado, entrenado y equipado por sus marines, se convirtió en la mejor garantía a sus intereses y en instrumento privilegiado para sostener su dominación en la región. Eso explica que ninguno de estos tiranos hubiera podido consolidarse en el poder sin la bendición norteamericana.

 

No por casualidad, casi todos los países caribeños que fueron dominados por dictaduras habían sido víctimas de intervenciones militares, ocupación de territorios y despojos por parte de Estados Unidos, lo que fue el caldo de cultivo de estos regímenes tiránicos. Al menos dos de los clásicos sátrapas caribeños de principios del siglo XX fueron fruto directo de la intervención militar norteamericana, que resguardó sus intereses, tras la retirada de los marines, mediante un nuevo cuerpo armado moldeado por Estados Unidos y encabezados por figuras tenebrosas y sin escrúpulos como Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y Anastasio Somoza en Nicaragua.

 

La tesis de la “no intervención” fue enunciada en 1928 por el presidente electo estadounidense Herbert C. Hoover, quien declaró en Buenos Aires en ocasión de su recorrido por América Latina: “En el futuro, el gobierno norteamericano nunca intervendrá en los asuntos internos de otros países y respetará su soberanía”.[3] Aunque el propio Hoover inició esa política, la misma fue consagrada por su sucesor en la primera magistratura de Estados Unidos Franklyn D. Roosevelt durante su mandato de 1933 a 1945, como bien asevera el desaparecido historiador cubano Tabares del Real:

 

En Cuba y en otros estados de América Latina –como Nicaragua y República Dominicana-, el militarismo fue engendrado, parteado y respaldado por el gobierno de Franklyn Delano Roosevelt, cuya política del “buen vecino” sustituyó la intervención militar directa yanqui por el empleo de tiranos militares locales que ofrecerían la principal protección a los intereses de las empresas norteamericanas frente a las justas demandas de las masas.[4]

Por ello, el dictador caribeño devino en una especie de administrador local del capital norteamericano –aunque en algunos casos hicieron gala de cierta autonomía y de alguna resistencia a las decisiones imperiales que atentaban contra sus propios intereses-, el cual contribuía a despejar el camino hacia una modernización restringida de las relaciones socioeconómicas, acorde a los necesidades de los monopolios estadounidenses. Para afianzar ese papel, favorecieron los planes de introducir los adelantos técnicos de la época y movilizar los recursos productivos en aras de la expansión primario exportadora, promoviendo la inmigración de fuerza de trabajo barata y haciendo concesiones impositivas, legales, y otras, que estimularan la inversión extranjera.

 

Pero todo ello, sin permitir una democratización real de las relaciones sociales y políticas y de eliminar realmente, y no sólo en lo nominal, las prácticas precapitalistas, que el bajo nivel existente de las fuerzas productivas convertía en mecanismo insustituible de la acumulación originaria. Así, en las primeras décadas del siglo XX, el Caribe fue dominado por una generación de dictadores, algunos de los cuales sirvieron de fuente de inspiración a Miguel Ángel Asturias para su extraordinaria novela El señor presidente (1946), obra pionera de la narrativa latinoamericana dedicada al tema de las dictaduras caribeñas, a la que seguirán muchas otras, entre ellas El recurso del método (1974) del cubano Alejo Carpentier, El otoño del patriarca (1975) del colombiano Gabriel García Márquez y La fiesta del Chivo (2000) del peruano Mario Vargas Llosa.

 

A pesar de estar emparentadas por una serie de rasgos comunes, de desenvolverse en escenarios históricos parecidos, así como por su casi completa subordinación al capital estadounidense, los dictadores de Caribe se diferenciaron entre sí por muchos elementos que les dieron sus propias singularidades y matices.

 

Al margen de ciertas diferencias formales, variantes de estilos, así como el propio perfil moral y sicológico de cada tirano, las dictaduras de Gómez en Venezuela, Machado y Batista en Cuba y Trujillo en República Dominica, junto a las dinastías de los Somoza en Nicaragua y los Duvalier en Haití, tuvieron en común la absoluta dependencia de Estados Unidos y su extracción militar, con la excepción de los dos dictadores haitianos. También están relacionadas por el uso indiscriminado del terror y la represión más despiadada contra sus enemigos, el ejercicio del poder autocrático, su carácter patrimonial y la prolongada duración.

 

En Cuba, Gerardo Machado gobernó en forma ininterrumpida por poco más de ocho años, mientras Fulgencio Batista, que lo hizo en dos etapas separadas entre sí, fue el hombre fuerte por poco más de tres lustros; Juan Vicente Gómez estuvo 27 años al mando de Venezuela, los Duvalier, padre e hijo, tres décadas seguidas en Haití, casi el mismo tiempo que duró la era de Trujillo en República Dominicana. El récord fue sin duda del clan Somoza, que mantuvo a sangre y fuego el control de Nicaragua durante 42 años.

 

Las seis tiranías brotaron en sociedades capitalistas atrasadas, dependientes e inestables, donde era muy extendida la miseria en que se hallaba sumida la inmensa mayoría de la población, casi toda rural. Por otra parte, salvo en Cuba, la burguesía y las capas medias no tenían un gran desarrollo y estaban constreñidas por el atraso secular y la presencia avasallante del capital extranjero, fundamentalmente norteamericano. Tampoco existía una clase obrera significativa, siendo otra vez el caso cubano la excepción que confirma la regla.

 

Para entender el papel jugado por estas dictaduras caribeñas, y el relativo apoyo interno que algunas de ellas consiguieron en determinados momentos, hay que partir de la situación de crisis social y económica prevaleciente en muchos de esos países, caldo de cultivo de  regímenes de fuerza. El atraso y la ignorancia fue un factor que facilitó a los dictadores erguirse sobre las diferencias sociales y raciales para la búsqueda de cierta base entre los sectores marginados, más pobres y despolitizados.

 

Trujillo, por ejemplo, en los primeros momentos de su dictadura, impulsó cierta política paternalista con el campesinado humilde, de la misma forma que lo intentó Batista, en su condición de jefe del ejército cubano a fines de los años treinta, con sus escuelas rurales cívico militares, el Plan Trienal y la ley de coordinación azucarera. Lo mismo puede decirse de Francois Duvalier, quien explotó en su provecho las creencias ancestrales de la población más atrasada y discriminada

 

Casi todos los dictadores propiciaron el apoyo de figuras destacadas de la intelectualidad, a las que entregaron prebendas y privilegios de diversa índole. A su vez, algunos escritores, historiadores, sociólogos y politólogos creyeron ver en los regímenes fuertes –“cesarismo democrático” le llamó el venezolano Laureano Vallenilla Lanz-  una solución a los endémicos males de sus países, marcados por lo que consideraban, imbuidos por la filosofía positivista entonces en boga, una fatalidad étnica, que los había hundido en la pobreza, el atraso, la inestabilidad y la anarquía política.

 

Para algunas personalidades de la intelectualidad caribeña de ese periodo, entre los que pueden citarse a los venezolanos, César Zúmeta, José Gil Fortuol y el ya mencionado Vallenilla Lanz, al dominicano Max Henríquez Ureña, al nicaragüense José Coronel Urtecho y a los cubanos Ramiro Guerra y Alberto Lamar Schweyer, por sólo mencionar algunos nombres representativos, la preocupación por las sombrías perspectivas de sus pueblos ante el atraso secular –unido en algunos casos a su propio beneficio personal-, los llevó a dar su apoyo a gobiernos fuertes y estables –del que muchos fueron ministros y embajadores-, en aras de preservar el orden y evitar la anarquía, aun cuando fuera a costa de restringir la democracia y los derechos ciudadanos.

 

Solo así puede explicarse el respaldo brindado por Vallenilla Lanz a Juan Vicente Gómez o Ramiro Guerra a Gerardo Machado, pues se basaban en la consideración que estas dictaduras representaban un paso adelante en el desarrollo de sus pueblos y la única alternativa posible para estabilizar sus países, impedir la absorción total por el poderoso vecino del Norte y el acercamiento a los patrones de desarrollo y civilización de los países industriales europeos y los propios Estados Unidos. Algo de esto hay, por ejemplo, en la percepción que tuvo Max Henríquez Ureña del régimen de Trujillo, ponderado en varios de sus textos y al cual sirvió en puestos diplomáticos, encandilado por la eliminación del protectorado financiero de Estados Unidos (1940), la emisión de una moneda nacional (1947) y otros espejismos tempranos de su administración en materia educacional y agraria.

 

Varios dictadores pretendieron perpetuarse en el poder a través de sus hijos, a los que incluso otorgaron cargos, grados militares y condecoraciones siendo todavía niños. Entre esos casos pueden mencionarse los de Ramfis Trujillo en República Dominicana, Jean Claude Duvalier en Haití y los Somoza en Nicaragua, donde incluso una tercera generación ya estaba lista para el relevo, lo que explica la ferocidad de El Chigüin, Tachito Somoza Portocarrero, en la lucha contra la revolución sandinista que haría esfumarse sus planes de sucesión. Los proyectos dinásticos acariciados por Juan Vicente Gómez con su hijo José Vicente en Venezuela fracasaron estrepitosamente y obligaron al dictador a alejarlo del país. En cambio, las dictaduras de Somoza y Duvalier fueron las únicas que lograron continuar por un tiempo con sus descendientes, aunque sólo está última se autoproclamó vitalicia.

 

La violenta represión contra los opositores –del que fueron víctimas todos los sectores y clases sociales sin exclusión, hasta la propia burguesía-, el clima de terror, las torturas y asesinatos no fue exclusivo de los Somoza, pues se convirtieron en característica común a todas las satrapías caribeñas, algunas de las cuales cometieron crímenes fuera de sus fronteras, donde muchos opositores debieron exiliarse. El asesinato del líder revolucionario cubano Julio Antonio Mella en México por esbirros de Machado o el del líder obrero dominicano Mauricio Báez en La Habana, por órdenes expresas de Trujillo, dan fe de ello.

 

La mayoría de estos regímenes despóticos provocaron una gran emigración de sus ciudadanos, huyendo de los desmanes y persecuciones. En el exterior, muchos exiliados vertebraron grupos opositores, de distinto signo político y filosofías, que llegaron a enviar expediciones armadas para intentar desalojar a las crueles y arbitrarias tiranías asentadas en sus naciones de origen.  Incluso se llegó a organizar en los años cuarenta una especie de internacional democrática, la famosa Legión del Caribe, responsable de promover la lucha contra varios dictadores y muy en especial para derribar a Trujillo.

 

Los sátrapas caribeños fueron, sin excepción, depredadores de las arcas públicas y no tuvieron escrúpulos de ningún tipo para enriquecerse a costa del Estado y del sector privado que le hiciera sombra, aunque siempre tuvieron el tino de no tocar al todopoderoso capital extranjero, fundamentalmente norteamericano, con el cual algunos trataron de asociarse cuando existió esa posibilidad. Todos se valieron del control del aparato estatal para favorecer sus negocios personales y familiares, extendidos sobre las principales áreas económicas de sus respectivos países, utilizando para ello los instrumentos de poder y los recursos públicos.

 

De esta forma, los regímenes autocráticos terminaron por crear poderosos patrimonios familiares –quizás solo a Machado en Cuba le falto tiempo para lograrlo- que lesionaban los intereses y áreas de influencia de otros sectores burgueses nacionales. Este poder económico, fuera de toda regulación, fue un factor adicional que ayudó y compulsó las largas permanencias en el poder de estos regímenes autoritarios, a veces más allá de la desaparición del dictador fundador de la dinastía, como ocurrió con Somoza en Nicaragua, asesinado en 1956, y Duvalier en Haití, muerto por causas naturales en 1971.

 

En este sentido, Somoza y Trujillo fueron probablemente los que más lejos llegaron en su control monopólico de áreas y ramas completas de la economía nacional, extendido, en ambos casos, a más de la mitad de las empresas y esferas productivas en sus países. Aunque Batista trató de imitarlos, sobre todo durante su segunda dictadura, las condiciones cubanas eran muy diferentes, existía una burguesía mucho más poderosa y el tiempo de que dispuso fue demasiado breve, poco más de seis años.

 

Otro elemento común a muchos de estos dictadores fueron sus intentos de aparentar respeto por las normas constitucionales, tolerar la supervivencia de los partidos tradicionales –este no fue el caso de Trujillo ni de Gómez- y el uso de ficciones legales para justificar su permanencia en el poder. Por esta razón, todos –con la excepción de Machado y los Duvalier-  en determinados momentos entregaron formalmente la primera magistratura a alguno de sus testaferros y acólitos, aunque siguieron supervisando tras bambalinas la gestión gubernamental. En muchas ocasiones manteniendo la jefatura de las fuerzas armadas  –fuente casi absoluta de su poder-, como le gustaba hacer a Juan Vicente Gómez desde Maracay y a Batista desde el campamento de Columbia en Marianao.  Con razón Bosch, que padeció en carne propia a varios de estos regímenes tiránicos, escribió en los años cincuenta que

 

[…] las tiranías actuales –y recordamos que estamos refiriéndonos a las del Caribe- descansen sobre todo en sus ejércitos. Los cuatro regímenes despóticos que está sufriendo esa región se asemejan en el hecho de que en todos ellos el ejército es un partido que ha conquistado el poder gracias al predominio de las armas. El fusil ha suplantado al voto, la bala a la idea, y el resultado lógico ha sido el reino del terror en la República Dominicana y en Nicaragua, en Venezuela [se refiera a la de Marcos Pérez Jiménez, extendida de 1952 a 1958 (SGV)] y en Cuba.[5]

 

Las maniobras de dejar en la primera magistratura a un presidente títere, sin embargo, no dejaron de tener sus riesgos, de lo que fueron exponentes los casos de Leonardo Argüello en Nicaragua y Miguel Mariano Gómez en Cuba, quienes una vez en posesión de la presidencia en sus países pretendieron gobernar por su cuenta. En ambos casos, Somoza García y Batista reaccionaron con prontitud y energía. Valiéndose del control que ambos preservaron sobre el ejército, obligaron a sus respectivos legislativos a destituir a los dos ariscos mandatarios: el de Nicaragua sólo pudo estar en el poder tres semanas y el de Cuba unos pocos meses. Trujillo y Gómez, en cambio, no tuvieron estos problemas con las marionetas que pusieron en sus ejecutivos y los Duvalier nunca lo intentaron siquiera, como tampoco lo hizo Machado.

 

Una regularidad de todas las tiranías caribeñas fue su capacidad para adaptarse a los vaivenes de la política norteamericana. Eso explica las “aperturas democráticas” impulsadas por Somoza, Trujillo y Batista en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, para borrar de paso el mal recuerdo de sus previos devaneos facistoides y sus coqueteos con el falangismo español.

 

Para ponerse a tono con los acontecimientos mundiales de mediados de los cuarenta, se apresuraron a legalizar a los partidos de oposición y fuerzas de izquierda –incluyendo al Partido Comunista-, estableciendo relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Sin duda, el primero que dio este giro teatral de ciento ochenta grados, y el que también más lejos llegó, fue Batista que, aliado a los comunistas, tras adoptarse la avanzada constitución cubana de 1940, ocupó la presidencia de la república hasta 1944. Esa mutación le obligó a ceder el poder en las elecciones de ese año y a abandonar, por el momento, el gobierno, hasta que en 1952 pudo reimplantar sin cortapisas su dictadura.

 

Verdaderos maquiavelos en el arte de la metamorfosis, Somoza y Trujillo, sin ningún escrúpulo, dieron otro vuelco dramático a la hora de la Guerra Fría y el macartismo en Estados Unidos, aplastando con el mismo entusiasmo, y toda su fuerza represiva, a las propias organizaciones obreras y partidos de izquierda que habían fomentado en la anterior coyuntura internacional, convertidos ahora en campeones del anticomunismo, al extremo de que el dominicano llegó a considerarse un líder continental en la materia. El propio Batista, que regresó al poder tras el golpe de estado de 1952, haría también profesión de fe anticomunista durante su segundo dictadura, persiguiendo con saña a su antiguo aliado electoral, el Partido Socialista Popular (PSP), junto a otras organizaciones democráticas, y rompiendo relaciones diplomáticas con la URSS.

 

Estos mismos tres dictadores mencionados, al igual que Machado, resistieron e incluso desafiaron las exigencias norteamericanas para abandonar el poder cuando dejaron de ser útiles a los intereses de Estados Unidos. En los cuatro casos, Machado en 1933, Batista a fines de 1958, Trujillo desde principios de los sesenta y Somoza en las postrimerías de la década del setenta, fueron presionados por Washington para que dejaran el gobierno y permitieran soluciones políticas mediatizadas que evitaran el triunfo de las revoluciones populares desencadenadas por el desenfreno de sus regímenes intolerantes. Sólo dos de los dictadores caribeños, Juan Vicente Gómez y Francois Duvalier salieron de sus cargos por causas naturales, pues el hijo de este último también debió huir del país por un estallido de cólera popular.

 

La negativa de Machado, Somoza y Batista a apartarse del poder en el momento en que Estados Unidos lo consideraba oportuno, junto al fracaso de las maniobras de último minuto para dejar en sus sitios a títeres suyos –el general Alberto Herrera, el magistrado Carlos Piedra y Francisco Urcuyo respectivamente- facilitaron el aplastante triunfo revolucionario que precisamente se quería evitar con sus precipitadas salidas. Ello obligó a los tres dictadores a huir en forma precipitada, poniendo a buen recaudo una parte apreciable de sus fortunas, aunque los negocios e intereses que dejaban detrás fueron por regla general expropiados con posterioridad al ser considerados bienes malversados.

 

Es sintomático que en su estampida final estos mismos sátrapas buscaran refugió bajo el amparo de otros dictadores, como hicieron Machado y Batista con Trujillo o Somoza en el Paraguay lúgubre de Alfredo Stroessner, donde murió en un atentado en 1980. Sólo Trujillo se negó tajantemente a ceder a las presiones norteamericanas y a abandonar el poder, lo que en definitiva le costó la vida en 1961, víctima de un complot organizado por los servicios de inteligencia estadounidenses con miembros del círculo íntimo del propio gobernante caído en desgracia. Pero frente a la desesperada maniobra imperialista para desviar el curso de la historia mediante la permanencia del trujillismo sin Trujillo en la República Dominicana, se interpuso la revolución de abril de 1965, que sólo pudo ser liquidada con la intervención militar directa de Estados Unidos.

 

No sólo la larga dictadura de Trujillo gestó una revolución popular y democrática que el gobierno norteamericano no pudo impedir, dirigida a sepultar y barrer todas las lacras del pasado. Tampoco en Cuba los Estados Unidos pudieron evitar que las dictaduras de Machado y Batista fueran derrocadas por sendas revoluciones de masas, la segunda de ellas tan radical que implantó el socialismo. Del mismo modo, en Nicaragua el imperialismo estadounidense poco pudo hacer para detener la expulsión de Somoza por una revolución al estilo de la cubana, la sandinista. Quizás algo de esto tenía en mente ese singular pensador y político caribeño que fue Juan Bosch cuando, antes de que este desenlace ocurriera, advirtió:

 

Decir tiranía, en el poker de espanto del Caribe, vale tanto como decir hampa. Pero esta la otra faz, en la cual la revolución significa ejercicio de la dignidad.[6]

 

 

 

NOTAS

 

[1] Alain Rouquié: “Dictadores, militares y legitimidad en América Latina”, en Julio Labastida Martín del Campo [Coordinador], Dictaduras y Dictadores, México, Siglo XXI, 1986, p.11.

 

 

[2] En Leslie Bethell [editor]: Historia de América Latina, Cambridge University Press-Editorial Crítica, 1991, t. 7, p. 89.

 

[3] Tomado de Bernardo Vega: “La Era de Trujillo, 1930-1961”, en Frank Moya Pons [Coordinador]: Historia de la República Dominicana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Academia Dominicana de la historia/Ediciones Doce Calles, 2010, p. 465.

[4] José A. Tabares del Real: “Proceso revolucionario: ascenso y reflujo (1930-1935), en Instituto de Historia de Cuba: La neocolonia, organización y crisis. Desde 1899 hasta 1940, La Habana, Editora Política, 1998, p. 321.

 

[5] Bosch, Juan: Póker de espanto en el Caribe. Trujillo, Somoza, Pérez Jiménez, Batista, México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2009, p. 36.

 

 

[6] Ibid., p. 215.

 

Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Nº 10. Marzo 2015 – Febrero 2016. Volumen II

 

 

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